LA “GRIETA” LLEGÓ AL INPI

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) reunió a expertos de países patentistas y de la multinacional Novartis en un seminario que refractó la nueva orientación del organismo, mientras los laboratorios nacionales admiten que están preocupados y confundidos por las políticas que se ponen en práctica desde que ha sido “cooptado” por las multinacionales y sus agentes locales.

El seminario realizado en Buenos Aires contó con la participación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y especialistas de oficinas y empresas de Estados Unidos, Suiza, Francia, Australia, Dinamarca y por América Latina de Colombia y Brasil.  

En un encuentro supuestamente académico y de funcionarios de alto nivel, entre los invitados estuvo el vicepresidente y director general de Propiedad Intelectual de la empresa farmacéutica y biotecnológica Novartis, Corey Salsberg.

Por el contrario, no fue convocado ningún directivo de las cámaras de los laboratorios nacionales para equilibrar la presencia de un “experto” de una multinacional farmacéutica.

Novartis se sentó a la mesa convocada por el INPI en momentos en que ha sido denunciada en Estados Unidos por abuso de precios en Colombia, Chile, México y otros países latinoamericanos, según una investigación realizada en ese país (ver abajo). Se puede admitir la posibilidad de que Pardo no supiese del reciente escándalo que salpicaba en el norte a uno de sus invitados.

Tampoco es para sorprenderse, pues la lista de los expertos invitados refleja la nueva orientación del INPI al convocar a quienes alientan desde la OMPI o desde sus respectivos países la adopción de leyes de patentes más rígidas y en favor de sus empresas, a través de los tratados de libre comercio.

Precisamente, el presidente del INPI, Dámaso Pardo, destacó “el abanico de oportunidades que abre un potencial acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea”.

Un eventual acuerdo de libre comercio con la Unión Europa que acepte las exigencias sobre propiedad intelectual, fue una de las acechanzas mencionadas por los laboratorios nacionales de América Latina agrupados en Alifar, durante la reciente Asamblea Anual de Paraguay.

Pardo ha firmado acuerdos de vía rápida para la aprobación de patentes en Argentina con Estados Unidos (PPH) en febrero y con la Oficina Europea de Patentes en mayo.

El presidente del INPI también fue agasajado por el 20 de mayo por la AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, que agrupa a las empresas radicadas en el país. Todo un gesto para transparentar el camino adoptado.

“El Presidente del INPI buscó apoyo de los empresarios estadounidenses para lograr que Argentina ingrese al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) indicando que hoy más de 150 países son parte del ese tratado y que Argentina debería considerar adherir, por un lado, para facilitar el impulso de innovación de las PYMES, los emprendedores y la ciencia argentina, y por otro, para no quedar aislado", informaron los voceros de AmCham, informó el Observatorio Sudamericano de Patentes.

Este tratado “ha sido resistido durante años por las empresas nacionales farmacéuticas quienes consideran que ese acuerdo internacional --que debe ser aprobado por el Congreso Argentino- es un peligro para la industria local, al permitir el ingreso de miles de patentes extranjeras que hundirían a las pequeñas y medianas industrias”, agregó la publicación.

En tanto, el director de la División de Derecho de Patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Marco Aleman, sostuvo que “contribuir en un proyecto tan interesante como tiene el gobierno argentino para explotar de manera adecuada todas las ventajas competitivas que tiene en materia de innovación”.

El proyecto “tan interesante” no es otro que avanzar con la aplicación del PPH y de la Resolución 56 del organismo, que impusieron los laboratorios multinacionales y los agentes de propiedad intelectual que en el pasado fueron socios y colegas de Pardo.

Mientras tanto,  voceros de la industria nacional admitieron a Pharmabaires que interpretan que el INPI ha sido “cooptado” por las multinacionales al mismo tiempo en que los nacionales “hemos sido relegados”.

Hay desconcierto cuando vemos lo que está pasando en el INPI. Hay también confusión porque no sabemos exactamente hasta donde piensan avanzar, pero está claro que será en nuestro perjuicio”, señaló un vocero de la industria “nativa” para quien “hasta hemos perdido certezas de con quien se puede dialogar” dentro del organismo.

Francisco Cabrera, el ministro de Producción,  fue tajante que con el PPH “no hay marcha atrás porque es vital para atraer inversiones”,al recibir a una delegación de empresarios farmacéuticos nacionales.

Durante el seminario, disertaron el director de la División de Derecho de Patentes de la Oficina de Marcas y Patentes de DInamarca, Mogens Baltsen;; la profesora del Centro de Economía Industrial de la Mines - ParisTech Margaret Kyle; el coordinador de Propiedad Intelectual de Embraer, Marlos Mazzeu Silveira; el ingeniero en Aplicaciones Tecnológicas Senior de 3M, Eloy Cárdenas; la subsecretaria de Investigación Científica y Tecnológica de la Oficina de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Cecilia López.

NOVARTIS ABUSO DE PRECIOS EN AMERICA LATINA

Novartis se enfrenta a controversias  en Estados Unidos por  el precio de sus medicamentos porque “datos internos de la compañía muestran que el fabricante de medicamentos también ha cobrado precios más altos por algunos medicamentos ampliamente usados en Colombia, México y otros países latinoamericanos que en muchas naciones ricas” se denunció recientemente.

En 2014, el año más reciente para el que se dispone de datos, Novartis cargó 29 por ciento a 548 por ciento más por 30 tabletas de la píldora de Co-Diovan en México que en otros 20 países, entre ellos varios países de altos ingresos. Por ejemplo, el precio era de  63.06 dólres por un paquete de 30 comparado con  35.51 en Alemania, 30.04 en el Reino Unido y  9.73 en Italia.

Del mismo modo, Novartis cargó entre 6 por ciento y 135 por ciento por 30 tabletas del analgésico Cataflam. El costo en México fue de 30.77 dólares, mientras que el precio fue  28.90 en Chile, 11.41 en Suecia, 10.08 en el Reino Unido y 2.12 dólares en Irlanda.

El mismo patrón existía para otros tres medicamentos - la píldora Diovan, el anticonvulsivo Tegretrol y el relajante muscular Sirdalud - aunque los precios eran ligeramente más altos en Chile o Perú, dependiendo del fármaco.

"Esto plantea preguntas sobre por qué Novartis es capaz de cobrar esos precios en países con ingresos más bajos", dijo Veronika Wirtz, profesora asociada de Salud Global en la Universidad de Boston y coordinadora de la investigación.

"México es un país de ingreso medio-alto, pero dentro del país hay una enorme disparidad en los ingresos de muchos pobres. Así que esto plantea preocupación de que la fijación de precios no es equitativa y cómo podrán comprar estos medicamentos", lamentó Wirtz.

Novartis protagonizó recientemente una batalla legal por la patente del oncológico Glivec en Colombia, donde fue declarada de utilidad pública por el Ministerio de Salud.

Si la decisión del gobierno colombiano ha sido denostada por las empresas multinacionales y los gobiernos de Estados Unidos (aún con Barack Obama) y la UE, el estudio de la Universidad de Boston demostró que “la empresa también ha cobrado mucho más en Colombia por tres medicamentos que en docenas de otros países”.

El estudio atribuyó el abuso de Novartis, en parte, “a la falta de transparencia para determinar los precios en los países latinoamericanos”.

El informe difundido por el sitio especializado STAT Pharmalot indica que Novartis repitió la misma práctica abusiva en México, por lo menos con otros cinco medicamentos.

Ruth Lopert, profesora adjunta en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken en la Universidad George Washington, afirmó que “ se puede argumentar que la gente está siendo explotada si no hay otras opciones y yo diría que no hay otras opciones en este caso".

Lopert, quien también trabajó como consultora del Ministerio de Salud de México en 2014, enfatizó que el estudio “demuestra claramente que a los mexicanos se les están cobrando precios más altos por los mismos medicamentos que las personas de muchos otros países, a menudo más ricos”.

Un vocero de Novartis en México explicó que la empresa “probablemente cobraba más que los precios de fábrica a tales compradores con el fin de compensar los descuentos concedidos al gobierno y con el fin de alcanzar sus metas de beneficios”

Esto “probablemente habrá impactado a muchos mexicanos ya que casi el 54 por ciento pagó de su bolsillo, de acuerdo con la investigación de Yared Santa Ana Tellez, profesor de ciencias farmacéuticas en la Universidad de Utrecht en los Países Bajos, que actualizó la investigación de la Universidad de Boston de 2012.