Organizaciones de activistas sociales y de la salud pública lanzaron una campaña global contra Novartis, por sus presiones contra Colombia y el escándalo de los sobornos que estalló en Grecia, en coincidencia con la asamblea de la Junta General de la multinacional suiza, que se realizó a comienzos de marzo en Basilea.

Las manifestaciones tuvieron como epicentro las oficinas de Novartis en Reino Unido, Sudáfrica y Malasia,  para exigir de la empresa que respete “el derecho de los gobiernos a utilizar mecanismos legales para hacer que los medicamentos esenciales sean más asequibles”.

La convocatoria global fue lanzada al filtrarse los mensajes amenazadores que Novartis le envió al gobierno colombiano cuando declaró de interés público la patente de su medicamento oncológico Glivec.

La decisión fue adoptada por el gobierno colombiano en 2016 cuando Novartis se negó a rebajar el precio de Glivec (imatinib), que vendía en el mercado de ese país a 15 mil pesos,  el doble del ingreso promedio por persona.

Coincidente con las protestas, se conoció que Robert Lighthizer, titular de la United States Trade Representative (USTR), la oficina de comercio exterior de Estados Unidos, había enviado otra carta al gobierno colombiano instando a revisar “varias prácticas” sobre patentes farmacéuticas y regulación de precios que afectan a los laboratorios multinacionales, si pretende el apoyo del gobierno norteamericano para acceder a la membresía de la OCDE.

Los activistas enviaron una carta a la Junta General de Novartis para pedirle que se asegure de que el nuevo CEO, Vasant Narasimhan, “no utilice estas tácticas intimidatorias contra los gobiernos que intentan proteger las vidas de su gente”.

Andrea Reyes, subdirectora de Misión Salud, Colombia, afirmó que "hoy Colombia está luchando contra una serie de problemas, desde los altos precios de los medicamentos y el comportamiento abusivo del monopolio farmacéutico hasta la recuperación de los 50 años de conflicto y las devastadoras consecuencias del tráfico de drogas”.

“Necesitamos grandes compañías farmacéuticas para apoyar nuestro desarrollo y cumplir su función social. Deben hacer que los medicamentos sean asequibles y en lugar de intimidar a nuestro gobierno, deben respetar y apoyar el derecho de nuestro gobierno a utilizar mecanismos legales para ayudar a las personas a acceder a los medicamentos que necesitan para salvar vidas", reforzó.

Francisco Rossi, Director de la Fundación IFARMA, Colombia, declaró al sitio Global Justice Now que “las compañías farmacéuticas dicen que usar las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC es 'ignorar' o 'violar' el sistema de patentes. Eso es una mentira. Las licencias existen y se pueden usar, tal como lo establece el régimen jurídico, cuando hay altos costos para los medicamentos. Es un error considerar los problemas de salud en términos de mercado. En el caso de la salud, estamos hablando de la posibilidad de que alguien empeore sus condiciones de vida o incluso muera".

Heidi Chow, una activista de Global Justice Now en el Reino Unido, agregó que “las revelaciones de Colombia no son un incidente aislado, sino un patrón de comportamiento por parte de Novartis de amenazas y acoso en busca de grandes ganancias a expensas de la gente común”.

“Los países tienen el derecho legal, además de un deber moral, de utilizar licencias obligatorias para que los medicamentos sean asequibles para su gente. Los gobiernos no deberían ser intimidados por las grandes compañías farmacéuticas para que no usen su derecho legal de garantizar que las personas puedan pagar las medicinas que salvan vidas", reclamó.

Saoirse Fitzpatrick, de la ONG STOPAIDS en el Reino Unido, compartió que las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC se establecieron para salvaguardar el derecho humano a la salud, que incluye el acceso a medicamentos asequibles. Son completamente legales. Es un escándalo que cada vez que un país intente utilizarlos se encuentre con una reacción tan viciosa de la industria y, en algunos casos, de otros gobiernos. Necesitamos exponer este comportamiento y enviar un mensaje a la industria de que no se saldrán con la suya".

Leena Menghaney, abogada que trabaja por el acceso a medicamentos asequibles en India acusó que Novartis “está presionando al gobierno colombiano sobre la misma patente que fue rechazada por el gobierno de la India para siempre. La patente de este medicamento en Colombia parece injustificada y ciertamente también lo es la presión de Novartis sobre los gobiernos para hacer cumplir esta patente sobre salvar la vida del cáncer pacientes".

Novartis también ha sido implicado en un escándalo de corrupción en Grecia, donde ocho ex ministros y dos ex primeros ministros precedentes al actual gobierno del Premier Alexis Tsipras, han sido acusados de recibir coimas de la multinacional suiza a cambio de asegurar precios más altos por la compra de 15 millones de dosis de vacunas.

El parlamento griego a fines de febrero aprobó conformar una comisión investigadora sobre el supuesto ilícito cometido por los diez ex funcionarios sospechados, al término de 20 horas de debate.

Entre los políticos que acusados de recibir sobornos y dar un trato preferente a Novartis figuran el gobernador del Banco de Grecia, Yannis Stournaras, el actual comisario europeo de Migraciones, Dimitris Avramopoulos, y el ex primer ministro, Andonis Samaras.

La compañía también fue multada el año pasado con 45 millones de dólares en Corea del Sur por sobornar a los médicos.

Previamente, el 30 de septiembre de 2010, aceptó pagar una multa de 420 millones de dólares a la justicia de Washington, para resolver una demanda por la promoción ilegal de un medicamento contra la epilepsia.