El PAMI ya decidió un nuevo convenio con un severo ajuste para los medicamentos. Pero la industria todavía no lo aceptó y se debate entre acordar o patear  el tablero. Los  farmacéuticos y las cámaras de farmacias hablan de incertidumbre y de crisis terminal.

El PAMI unilateralmente ya decidió cuánto pagará por los medicamentos que consumen sus afiliados a partir del primero de abril. El anuncio no lo hizo oficialmente el organismo, sino el  consejo de obras sociales provinciales (COSSPRA), luego de una reunión con el titular de la obra social, Sergio Cassinotti.

“El PAMI plantea realizar una contratación directa con los laboratorios, exigiendo un descenso del 5% del costo para los afiliados al Instituto”, comentó la dirigencia de COSSPRA, al transmitir su apoyo a la política adoptada por Cassinotti.

“Han definido que la modalidad será basada en el precio de referencia, lo que implica un precio máximo para los beneficiarios. Es decir, garantizará a los afiliados un acceso a medicamentos con precios menores a los actuales”, explicaron los dirigentes de COSSRA sobre lo que vendrá a partir del primero de abril.

“Por otra parte, exigirán un congelamiento de los precios que se revisará sólo si la inflación supera el 15% anual”, ampliaron desde el Consejo de obras sociales provinciales. 

Sin embargo, las cámaras empresarias aseguran que no hay acuerdo todavía y durante el fin de semana preparaban una solicitada que aparecerá en las próximas horas, luego de una última y nuevamente fracasada reunión con el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui.

Incluso algunos empresarios que aún se consideran “amigos” del presidente Mauricio Macri, buscaban afanosamente en estas horas volver a tender puentes directos con el mandatario, eludiendo el muro levantado por Lopetegui y Cassinotti.

En la solicitada dirigida a Macri, los laboratorios con el acompañamiento de la COFA, FACAF, ADEM y la asociación de farmacias sindicales y mutuales, prometen un “DESCUENTO ADICIONAL EXTRAORDINARIO” (en mayúsculas en el original) del 5 por ciento para medicamentos ambulatorios y del 10 por ciento en los especiales. También incluían en el borrador al que accedió PHARMABAIRES la promesa de mantener los precios para el PAMI en 30 por ciento por debajo de la inflación.

Básicamente, lo que pedían Cassinotti y Lopetegui, pero sin precios máximos ni licitaciones.

Muchos empresarios farmacéuticos están desconcertados en estos días con la dureza del gobierno y especialmente con las operaciones de prensa a través de medios y periodistas oficialistas que están refractando una visión negativa, casi fenicia, de la industria farmacéutica, instalando la sensación de que son “los malos de la película”.

El gobierno busca un “triunfo político” en tiempos en que no soplan vientos económicos favorables y no trepida en presentar a los laboratorios “como unos avaros que levantamos la plata con una pala”, señalaron voceros empresarios.

Entre esos empresarios hay quienes se consideran “amigos” del presidente y contribuyeron a sus campañas electorales desde que arribó a la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires en 2007. Pero el tiempo pasa y las amistades a veces se difuman.

Esos voceros aseguran que “de ninguna manera” están negociando el convenio PAMI a cambio de que el gobierno no acepte las condiciones leoninas que impone la UE en materia de propiedad intelectual para firmar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur.

“Quieren un congelamiento que implica rebajar los precios un 35 por ciento en un contexto inflacionario. Muchos laboratorios no pueden aceptar esa imposición. Sería la quiebra”, afirmaron voceros empresarios.

Las cámaras durante la última reunión del viernes pasado, tal estéril como las precedentes, le llevaron a Lopetegui un informe en el que aseguran que los precios promedio de los medicamentos para los tratamientos crónicos y agudos son 75 por ciento más bajos que en resto de la región e incluso 79 por ciento inferior que en los países desarrollados.

También hizo mucho “ruido” entre los laboratorios nacionales la primera licitación conjunta de PAMI, IOMA, la Superintendencia de Servicios de Salud y el Ministerio de Salud de Factor VIII para hemofílicos que ganaron CSL Behring y Pfizer. 

“Gracias a CAEME  ahora dirán que consiguieron precios hasta 80 por ciento más bajos”, deslizaron voceros de los nacionales.

Los laboratorios no son los únicos que zozobran en la incertidumbre. La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), a través de su publicación Correo Farmacéutico graficó la situación: publicó en su tapa una bomba con la mecha encendida a punto de estallar con la leyenda “Amenaza para la industria farmacéutica”.

La COFA, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina, emitieron un comunicado en la que vislumbran un horizonte casi desolador, ya que hablan de “crisis terminal”.

En el comunicado aseguran que “a pocos días de concluir el convenio de prestación a los beneficiarios del PAMI, la continuidad de la provisión de medicamentos a los jubilados está en zona de riesgo por efecto de la incertidumbre que surge de las negociaciones (¿aún en marcha?) entre el gobierno nacional y la industria farmacéutica”.

“Las farmacias, a través de sus entidades representativas, hemos mantenido reuniones con autoridades del PAMI, con funcionarios de la Vicejefatura de Gabinete y con componentes de la industria farmacéutica, y las conclusiones de esos encuentros no pueden ser más desalentadoras: no se conoce a cuáles medicamentos tendrá acceso el jubilado a partir de abril, no se conoce cuánto ni cuándo pagará el PAMI las futuras prestaciones ni a quienes, no se conocen las condiciones que se les plantean a las farmacias para seguir atendiendo el convenio y por ende no se conocen cuáles farmacias seguirán atendiendo, no se conoce cómo ni quién realizará el servicio de auditoría y sistemas, no se conoce cómo el PAMI se pondrá al día con la deuda que incluye el mes de diciembre, no se conoce de qué manera se pagarán los servicios y prestaciones de lo que va del 2018 una vez que el actual convenio finalice”, afirmaron los tres entidades.
“Estos interrogantes le están siendo retaceados a los jubilados bajo el manto de una promesa, ampliamente difundida por los medios, de reducir el gasto por parte del PAMI, pero sin indicar cuáles serían las consecuencias concretas de ese ajuste en el acceso del jubilado a sus medicaciones”, agregaron.
Para estas entidades, “hay una única certeza en estas negociaciones, y es que se está preparando la escena para la irrupción plena y masiva en el convenio de los intereses económicos más poderosos y concentrados del sector”.

Las entidades advirtieron que no solo hay incertidumbre sobre lo que vendrá con el nuevo convenio, pues recibieron “la desagradable novedad de un reciente aumento salvaje del impuesto a los Ingresos Brutos en la mayor parte de las provincias, lo cual pone en jaque la sustentabilidad de la pequeña y mediana farmacia, y en riesgo de manera directa la continuidad de miles de fuentes de trabajo”.
“A este preocupante escenario se suma la promesa ampliamente difundida por el gobierno, en su disputa con los laboratorios, de bajar el precio del medicamento sin contemplar de qué manera se evitará sumergir a la mayoría de las farmacias en una crisis terminal”, pronosticaron.
“El nombre de esta situación se llama INCERTIDUMBRE porque nadie ha logrado darnos respuestas concretas y certeras a estos interrogantes:
¿A cuáles medicamentos podrá acceder el jubilado de ahora en más?
¿A los mismos que ahora consume o a otros? ¿Podrá el jubilado seguir concurriendo a su farmacia de confianza para acceder a sus medicinas o deberá, con el gasto adicional que esto conlleva, buscar algún shopping de medicamentos lejos de su hogar?.
¿Cómo debemos entender que el Estado pretenda reducir el precio de los medicamentos y al mismo tiempo aplicar un aumento salvaje de los impuestos para las farmacias?, se preguntaron.
¿Esta oscura, e inusualmente externalizada negociación (no negocia el PAMI sino la Vicejefatura de Gabinete), en tiempos de “transparencia” tiene como objeto beneficiar algún interés comercial ligado al eufemismo del “conflicto de intereses”?, se preguntaron las tres entidades, en referencia al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, ex CEO de Farmacity que de incorporarse al convenio con el formato que propone hoy el PAMI y la Vicejefatura de Gabinete, será el único y gran ganador en una mesa en la que todos pierden.

“Toda incertidumbre va acompañada de precariedad y de riesgo, y precisamente riesgo es a lo que se enfrentan hoy nuestros jubilados en el futuro cercano para acceder a sus medicamentos” completó la COFA, FACAF y la asociación de farmacias sindicales y mutuales que preside Carlos Villagra.

También FEFARA difundió una editorial sobre el actual conflicto con un título que expone con crudeza la situación: “ASI, LA COSA NO TIENE REMEDIO”.

“Las instituciones, después de mucho tiempo, debían tener la ocasión de negociar directamente con el financiador las condiciones en las cuales prestarían sus servicios”, propuso FEFARA.

“Aportando lo que estaba a nuestro alcance para hacer realidad estas aspiraciones, pusimos a disposición del todos las soluciones informáticas y procesos de gestión que tenemos operativos en el seno de nuestra institución, demandando una activa participación en todo lo relacionado con la dispensa por considerar que somos los únicos y legítimos representantes de nuestra red de farmacias”, subrayó la entidad presidida por Manuel Agotegaray.
“Así las cosas, el tiempo fue transcurriendo y nuestra inquietud creciendo. Hoy estamos a escasas tres semanas del final del viejo convenio y las incertidumbres superan holgadamente a las certezas”,  coincidió en el diagnóstico.
“Por lo que logramos saber a través de los medios de comunicación, la negociación entre el PAMI y la Industria se ha transformado en una batalla en la cual ninguna de las partes parece estar dispuesta a ceder ni un centímetro en sus posiciones”, evaluó.

“Actores que, además, en ningún momento han dado participación a las instituciones farmacéuticas para ejercer la natural representación de la red nacional de farmacias”, enumeró, en otra coincidencia.
Entre tanto, “todo tipo de rumores anunciando catástrofes se hacen correr en el mercado, generando lógica angustia y zozobra entre los integrantes de una red de farmacias constituida en una abrumadora mayoría por pequeñas unidades productivas”.
En ese  contexto de versiones contradictorias y medios que operan con filtraciones sesgadas, “se dan como ciertas algunas alocadas versiones, las que solo por citar un par dicen que se establecería una bonificación lineal del orden del 15% sobre PVP para todas las farmacias; o bien que las farmacias, ante la fijación de precios máximos, se verían obligadas a vender medicamentos a PAMI con precios inferiores a los de compra, y otras por el estilo”.
“Reconocemos que estando en la incertidumbre en que nos encontramos hoy, resulta difícil formular análisis para la necesaria toma de decisiones. No obstante ello, queremos hacerle saber a todo el mundo que consideramos inaceptable y totalmente inviable la aplicación de medidas tales como las señaladas en el párrafo anterior”, subrayó.
Lo que las farmacias “pretendemos y demandamos para el nuevo convenio, es una mejora en las condiciones económico-financieras: baja de aportes y menor ciclo de cobro”.
“Por ello, en ejercicio de la representación de nuestras farmacias venimos a peticionar la urgente inclusión de las instituciones farmacéuticas en la mesa de negociaciones, como imprescindible condición de posibilidad para que la red nacional pueda asegurar la normal dispensa de medicamentos a los afiliados PAMI a partir del 1 de abril del corriente año”, completó FEFARA.