El juez tomó la resolución después de analizar la documentación que se pidió a la cartera y los informes de la Oficina Anticorrupción, con los antecedentes de Farmacity y Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, que hasta diciembre de 2015 fue presidente de esa compañía y que actualmente conserva acciones en la empresa.

La causa está alojada en la Secretaría N°3 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2.

La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) denunció penalmente a Ramos por paralizar un expediente administrativo que se había abierto en julio de 2014 tras una inspección a un local de Farmacity en la av. Córdoba al 1800.

La presidenta de la Confederación, Maria Isabel Reinoso informó que se había detectado “un cambio de farmacéutico auxiliar sin noticia ni autorización de la autoridad sanitaria nacional” y se les acusó de “emplear un libro recetario sin rúbrica ni habilitación”. 
El trámite siguió su curso legal hasta que a fines de noviembre de 2015 un informe técnico recomendó sancionar a Farmacity.

La denuncia sostiene que, con el trámite estancado, en abril de 2017 apareció “una apoderada de Farmacity con documentos para agregar al expediente” y solicitando que se levantara la multa. Acreditó su personería con “un poder otorgado en 2011 por Mario Eugenio Quintana en su carácter de presidente de Farmacity”.

La Dirección de Asuntos Jurídicos insistió con la sanción pero, en julio, el ex funcionario ordenó mandar a “reserva” el sumario “sin justa causa”. Ese comportamiento derivó en la denuncia: “La omisión de dictar el acto administrativo por el órgano competente parecía innegable”, sostuvo la acusación. “No se verificaron impedimentos para que actuara de la manera debida”.

Por todo esto, el juez decretó el procesamiento sin prisión preventiva de Raúl Alejandro Luis Ramos por considerarlo autor penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 248 del Código Penal.