El argentino Carlos Correa, mundialmente reconocido por su experiencia en comercio internacional y propiedad intelectual, afirmó que “cada país tiene que definir cómo integrar la propiedad intelectual en las políticas nacionales” y que su consejo es estudiar “objetivamente la situación y las perspectivas en diferentes sectores de la economía y las implicaciones sociales de la propiedad intelectual, y sobre esa base adoptar políticas adecuadas”, mencionando como ejemplo a Sudáfrica que acaba de aprobar una ley atendiendo al “interés público”.

Correa asumirá el cargo de Director Ejecutivo de la Secretaría del Centro del Sur con sede en Ginebra a partir del 1 de julio de 2018 y además de consultor de la ONU, la OMS, la FAO y el Banco Mundial, es el director del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Propiedad Industrial y Derecho Económico, en la Universidad de Buenos Aires.

“También sería importante reconocer que una política racional debería apuntar a promover tanto la innovación como el acceso a sus resultados, y que la propiedad intelectual no conduce automáticamente a una mayor o mejor innovación. La difusión del conocimiento y las tecnologías es esencial para el progreso en una sociedad”, afirmó Correa en una entrevista concedida al sitio Intellectual Property Watch (IPW) en vísperas de asumir la presidencia del  Centro del Sur, organismo intergubernamental fundado en 1995 e integrado por 57 países del Hemisferio Sur.

Durante el reportarje, IPW le comentó a Correa que “la sabiduría convencional dice que una fuerte protección de los derechos de propiedad intelectual conduce al desarrollo a través de la promoción de la innovación. Pero, ¿los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) tienen el mismo impacto en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo?

“El impacto de la propiedad intelectual, como el de cualquier otra política, depende del contexto particular donde se aplica. El argumento de que IP tendrá el mismo efecto independientemente del nivel de desarrollo es simplemente ilógico, una simplificación inadmisible desde un punto de vista teórico y práctico. Por ejemplo, parece evidente que el efecto de incentivo que la propiedad intelectual puede tener con respecto a la innovación no será el mismo en países con una estructura industrial diversificada y avanzada y en aquellos que dependen de la producción y el comercio de productos básicos”, fue la contundente respuesta de Correa.

IPW: ¿Cuántos de los argumentos clave basados ​​en la vinculación de los derechos de propiedad intelectual con el comercio y la innovación son válidos y cuántos son mitos?, preguntó IPW.

“Cualquier simplificación sobre esos enlaces puede caracterizarse como un ‘mito´. La protección de la propiedad intelectual no necesariamente conduce a una mayor innovación o comercio. Puede tener el efecto opuesto, por ejemplo, si las empresas locales en una etapa temprana de desarrollo tecnológico no pueden ingresar a ciertos mercados, se les impedirá avanzar a través de la curva de aprendizaje y actualizarse tecnológicamente. Los estudios históricos muestran que los países desarrollados actuales avanzaron en sus procesos de industrialización sobre la base de la falta de protección de la propiedad intelectual o regímenes de propiedad intelectual flexibles. Los propios Estados Unidos brindan un buen ejemplo a este respecto”, respondió Correa.

IPW: ¿Cómo se desafían los mitos en torno a los DPI, el comercio y la innovación? ¿Qué papel le parece a la sociedad civil, tanto a nivel local como global, para contrarrestar los desafíos actuales en esta área y proteger la salud pública y el interés público?

CORREA: Estos mitos se pueden cuestionar sólidamente sobre la base de la amplia literatura académica sobre el tema, que incluye estudios generales, sectoriales y nacionales. La literatura se ha centrado principalmente en los derechos de patente, pero también hay estudios sobre otros aspectos de la propiedad intelectual. El interés público puede protegerse si se evalúan adecuadamente las necesidades y políticas de un país en particular y se resisten las demandas (o presiones) de aumentar el nivel de protección de la propiedad intelectual. La política de propiedad intelectual adoptada recientemente por Sudáfrica ofrece un buen ejemplo de cómo se puede desarrollar una política teniendo en cuenta los intereses públicos en lugar de opiniones dogmáticas sobre el tema.

IPW: Muchas economías emergentes como India, que están tratando de atraer inversión extranjera, están bajo una tremenda presión para aceptar el argumento de que sin un estricto régimen de DPI y TRIPs Plus, por así decirlo, la inversión extranjera no entraría y esto podría descarrilar sus aspiraciones. de impulsar el crecimiento económico. ¿Hay evidencia que respalde esta línea de pensamiento?

CORREA: No hay evidencia a este respecto. La inversión se ve atraída principalmente por otros factores, como el tamaño del mercado y el crecimiento esperado, la estabilidad política y un sistema judicial que funcione. India ha tenido un crecimiento económico constante y es hoy una de las economías más grandes del mundo. También cumple con las normas de Propiedad Intelectual internacionalmente aceptadas que figuran en el Acuerdo sobre los ADPIC. No sería realmente necesario aumentar o ampliar la protección de la PI para atraer inversión extranjera (IED).

IPW: las economías emergentes como India también están interesadas en convertirse en centros de innovación. Al mismo tiempo, hay problemas de interés público como la necesidad de proporcionar medicamentos asequibles a millones de personas pobres. Dados los desafíos actuales, ¿cómo se puede equilibrar la innovación con los derechos de propiedad intelectual y el interés público? ¿Cuál sería su consejo para tales países?

CORREA: Cada país tiene que definir cómo integrar la propiedad intelectual en las políticas nacionales. Mi consejo sería estudiar objetivamente la situación y las perspectivas en diferentes sectores de la economía y las implicaciones sociales de la propiedad intelectual, y sobre esa base adoptar políticas adecuadas. Por supuesto, el Acuerdo sobre los ADPIC establece algunas limitaciones, pero sus efectos podrían mitigarse utilizando las denominadas 'flexibilidades ADPIC', que son particularmente importantes en el área de la salud pública. También sería importante reconocer que una política racional debería apuntar a promover tanto la innovación como el acceso a sus resultados, y que la propiedad intelectual no conduce automáticamente a una mayor o mejor innovación. La difusión del conocimiento y las tecnologías es esencial para el progreso en una sociedad.