Con fundamentos similares de rechazo al modelo “farmashopping” y en defensa de la salud entendida como un “bien social”, los concejos deliberantes de Tres de Febrero, Coronel Dorrego y Salto sumaron más argumentos negativos contra Farmacity, a un mes de la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de la Nación para resolver la demanda de la cadena fundada por Mario Quintana contra la provincia de Buenos Aires.

A esta altura de los acontecimientos, con más de 90 municipios que aprobaron resoluciones y ordenanzas condenatorias del modelo de Farmacity y en defensa de la Ley 10.606 que regula la actividad de las farmacias en la provincia, se vislumbra que será imposible que la cadena exponga argumentos capaces de neutralizar o equiparar esa andanada de pronunciamientos municipales.  

Y los tres jueces que luego de la audiencia pública deberán votar sobre la demanda de Farmacity, a cuatro semanas de la audiencia deben estar recopilando y evaluando estos antecedentes, que brotan y se multiplican arrastrando incluso al oficialismo de Cambiemos, que ha perdido en muchas jurisdicciones la posibilidad de funcionar 2como contrapeso de las iniciativas presentadas por la oposición.

La Resolución número 0022/18 del Concejo Deliberante de Coronel Dorrego expresa un taxativo respaldo “a las farmacias como un servicio público y no un comercio” y defiende la Ley provincial 10.606 porque “regula aspectos claves en función de las necesidades sanitarias de la población garantizando y promoviendo una cobertura de servicios que responde al crecimiento poblacional y territorial”.

La resolución en Coronel Dorrego, municipio del sur bonaerense, fue aprobada por la unanimidad del Concejo Deliberante, compuesto por dos bloques políticos: UCR-Cambiemos conformado por 8 concejales y FPV-Unidad  Ciudadana integrado por cuatro concejales.

En principio, este Proyecto de Resolución fue presentado por el Bloque FPV-UC siendo su autor el concejal Javier Cortez. Pero se pudo aprobar porque Cambiemos aceptó votar a favor.

La resolución se fundamenta “en la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por el proyecto de ley que prohíbe el ingreso a territorio bonaerense de sociedades anónimas como titulares de farmacias” y que “descarta de plano la figura de las sociedades anónimas en el rubro farmacéutico”.

También se recuerda que “la Constitución bonaerense atribuye al medicamento la condición de bien social”  y “la eventualidad de una modificación o vulneración de su espíritu atentaría en forma directa en los servicios de salud”.

También en Tres de Febrero, municipio gobernador por Diego Valenzuela de Cambiemos, la resolución que ratifica el respeto a la ley 10.606 que regula el funcionamiento de las farmacias en la provincia de Buenos Aires tuvo el apoyo de todos los bloques, aunque el proyecto original del ex ministro de salud bonaerense y actual edil Alejandro Collia fue modificado para que consiguiese la aprobación por unanimidad.

Finalmente, el Concejo Deliberante de Tres de Febrero votó favorablemente una resolución que expresa “la necesidad del respeto de las previsiones establecidas” en la ley que regula el funcionamiento de las farmacias, “en especial, el mantenimiento de las incumbencias profesionales de los farmacéuticos del sistema de salud”.

“Acá hay un miembro del gobierno nacional que se para de un lado del mostrador y defiende a la Justicia cuando hace referencia al pasado; y desde el otro lado del mostrador pisotea la Justicia tratando de hacer un negocio. Eso es lo que debemos repudiar”, expuso el concejal Federico Ferreyra del bloque Progresistas,  en referencia a Mario Quintana.

En diálogo con medios locales, la titular del Colegio de Farmacéuticos del Distrito, Anahí Castro, subrayó que “estamos muy contentos con que se haya podido aprobar” la resolución, pero advirtió que “estamos muy preocupados. Esto todavía no terminó, el 29 de agosto será la audiencia pública (en la Corte Suprema) y esperamos que todos entiendan qué significa esto. No mejora en nada el acceso al medicamento, todo lo que dicen es mentira, lo vemos en Chile. Si cualquier persona puede poner una farmacia, van a ir a los centros comerciales, donde el principal objetivo no es la función sanitaria, sino el comercio”, enfatizó. 

También afirmó que “Farmacity ya opera en el Distrito de manera encubierta: se llama Simplicity y en sus tickets, detrás, dicen Farmacity”.

Por su parte la concejal Jimena Bondaruk del Frente Renovador remarcó que “si ellos en algún momento fueron tan acérrimos contrincantes de los Báez, los López, los De Vido, es una incoherencia que estén plantando y discutiendo esto. Una incoherencia propia del gobierno de Cambiemos”.  “Celebro que hayamos votado esto por unanimidad, porque tenemos que proteger a nuestros vecinos y comercios de barrio, entendiendo la situación por la que están atravesando, haciendo muchísimo esfuerzo para poder subsistir”, completó la legisladora del Frente Renovador.

“Hoy tenemos que expresar con todas las letras que Tres de Febrero no quiere que se vulnere la ley que expresa con toda claridad el rol del farmacéutico en el sistema sanitario”, aseveró el concejal de Unidad Ciudadana, Alejandro Collia, autor de la iniciativa y ex ministro de Salud de la provincia durante la gestión de Daniel Scioli.

“Este proyecto es un reconocimiento a los farmacéuticos, que contribuyen a dispensar los medicamentos, que son un bien social y sanitario”, añadió Collia, quien era candidato puesto al Ministerio de Salud si Scioli ganaba las elecciones presidenciales en 2015.

Collia coincidió que “acá a pocas cuadras tenemos un comercio llamado Simplicity, que se disfraza como perfumería o local de venta de ropas, pero si uno llama por teléfono y pide un medicamento van y lo entregan. Esto es un paso previo a la instalación de los farmashoppings”.

El Concejo Deliberante de Salto también aprobó por unanimidad “respaldar la vigencia de la Ley Provincial 10.606, texto actualizado según Ley 11.328, y el modelo sanitario que dicha norma promueve,  resguardando el uso racional de los medicamentos y una distribución racional de las farmacias, favoreciendo su instalación en barrios y pequeñas localidades, para la adecuada y eficaz prestación del servicio sanitario a la población”.

Los concejales también votaron por unanimidad “rechazar toda iniciativa y/o emprendimiento que tenga por objeto monopolizar la comercialización de medicamentos en el Partido de Salto”.

En los fundamentos de la resolución se subrayó que desde la reforma constitucional de 1994, los medicamentos son considerados “bienes sociales”, lo cual implica “una adhesión al paradigma sanitarista que prioriza un esquema regulatorio de la actividad farmacéutica, que necesariamente debe contar con la atención personalizada de profesionales”.

Asimismo, se advirtió en la resolución que “existe hoy una cadena de farmacias que pretende instalarse en el territorio bonaerense bajo la figura de “sociedad anónima” y con el formato de “farmacia shopping”, con el objeto de monopolizar la comercialización de medicamentos como también de productos de perfumería, cosmética y afines”.

Los concejales de Salto insistieron que “en otras provincias del país, con esa misma cadena se crearon las condiciones para la competencia desleal y la violación de la ley de medicamentos (Ley Nacional n° 26.567) que prohíbe la venta en góndolas, al mismo tiempo que atenta contra el abastecimiento en las zonas despobladas y periféricas porque instalan sus sucursales únicamente donde la actividad resulta rentable”.

En los fundamentos de la resolución también mencionaron que el Colegio de Farmacéuticos de Salto, “al igual que todos los Colegios Farmacéuticos nucleados en el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires”,  manifiestan su rechazo  a la instalación de Farmacity, porque “se pone en riesgo la vigencia de la referida ley, la cual surgió del consenso de los legisladores y fue mejorada –y respetada- por todas las gestiones gubernamentales bonaerenses, estableciendo un pilar para una política de estado en materia de Salud”.

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, reiteró que “nosotros tenemos que defender lo que hay que defender. Por ejemplo, no podemos permitir que Farmacity pretenda avasallar a nuestras 46 farmacias”, en declaraciones al sitio digital Anticipos del vecino partido de Morón.

El intendente peronista de Hurlingham fue el primero de la provincia que prohibió por decreto el ingreso de Farmacity a su distrito.