“Las empresas farmacéuticas como Farmacity empiezan siendo corporaciones nacionales y terminan transnacionalizándose con un fondo de inversión norteamericano”, advirtió el ex ministro de Salud, Daniel Gollán, durante el seminario internacional “VIH: el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos en América Latina”, organizado por la Fundación GEP.

El objetivo del encuentro fue presentar la sistematización del trabajo realizado durante los diez años de que Fundación GEP lleva trabajando como organización de la Sociedad Civil, y abrir el debate, junto a diputados y referentes de organizaciones en torno al nuevo proyecto de ley que el Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH presentó este mes en el Congreso de la Nación.

Entre los panelistas figuraron Pedro Villardi, miembro de la GTP/ABIA  Brasil y Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la Fundación GEP y Coordinadora General de la RedLAM.

Villardi se refirió a la labor que cumple la RedLAM por el acceso a los medicamentos y los cambios operados en Brasil desde la asunción del presidente Michel Temer. “Temer congeló por veinte años la inversión en salud y educación”, denunció Villardi.

En ese sentido, Lorena Di Giano agregó: “Con las oposiciones a los pedidos de  patentes pudimos bajar el precio de los tratamientos de Hepatitis C: logramos bajar de U$D 84.000 a U$D 358. Pero sabemos que podríamos conseguir tratamientos por sólo U$D 50. El resto es especulación de las farmacéuticas”, afirmó la directora ejecutiva de la Fundación GEP.

La OnG resaltó que “lleva adelante un trabajo clave y único en el país en materia de salud” y destacó que “cuando las compañías farmacéuticas realizan pedidos de patentes al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual  de Argentina y los pedidos no cumplen con los requisitos de patentabilidad que marcan las leyes nacionales, Fundación GEP realiza oposiciones; así evita la conformación de monopolios y limita el accionar abusivo de las empresas”. 

A principios de julio, desde las organizaciones que conforman el Frente Nacional por la salud de las Personas con VIH, presentaron un proyecto de ley redactado y consensuado por todas las organizaciones que lo integran, y que pretende actualizar la ley de VIH vigente en Argentina.

Por eso, el segundo panel del seminario se llamó “Hacia una nueva ley de VIH, hepatitis virales e ITS con  una perspectiva de derechos”. “El proyecto que "presentamos desde el Frente es el que originalmente construimos entre todxs. Conserva en su redacción todos los derechos ya conquistados.  Necesitan estar escritos en la Ley, para que ningún gobierno pueda avasallarlos y quitárnoslos. No daremos ningún paso atrás con nuestros derechos”, dijo José María Di Bello, Secretario de fundación GEP al dar inicio al segundo espacio de debate.

El panel contó con la presencia de Fabio Núñez, miembro de la Dirección Nacional de Sida y ETS; Federico Kaski, Vicepresidente de Fundación Soberanía Sanitaria; José María Di Bello, Secretario de la Fundación GEP y  Fernanda Raverta, Diputada Nacional del Frente para la Victoria, y Daniel Arroyo, del Frente Renovador. 

“Celebro que haya un pueblo del VIH organizado atrás de la presentación del nuevo proyecto de VIH en el Congreso”, afirmó la diputada Raverta, autora del reciente proyecto de Ley de Farmacias presentado con el apoyo de la COFA y decenas de diputados.

El proyecto para la Nueva Ley de VIH, Hepatitis virales e ITS presentado en el Congreso de la Nació cuenta con la firma de los iputa de Raverta, Arroyo y Eduardo Bucca, integrantes de la comisión de Salud.

El proyecto cuenta con avales de más de 14 diputados y fue consensuado por más de 60 organizaciones que componen el Frente Nacional por la salud de las personas con VIH. 

“El proyecto es un ejercicio y un ejemplo de democracia y participación plural durante años; tiene representación de todas las organizaciones de la sociedad civil y las redes nacionales con trabajo en VIH además de la sociedad científica y la academia, ONUSIDA, la Organización Panamericana de la Salud y la Dirección Nacional de SIDA del Ministerio de Salud”, dijo Lorena Di Giano.

El proyecto que se presenta bajo el expediente 3550-D-2018, declara de interés público y nacional la respuesta integral a las infecciones por VIH/Sida, hepatitis virales e ITS e incluye en el marco legal a otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que se registran en aumento.

De aprobarse, la ley implicará un salto superador a la actual ley de SIDA sancionada en 1990 y que quedó obsoleta, y declara de interés público nacional la respuesta integral a la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), las Hepatitis Virales y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), destacaron el Frente Nacional.

También establece la obligación de desarrollar políticas públicas sobre los determinantes sociales de las enfermedades, atendiendo así las distintas vulnerabilidades de aquellos que viven con VIH.  

Además cuenta con la participación de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas de VIH a través de la conformación de una Comisión Nacional, integrada de manera intersectorial e interministerial.

Ésta es la segunda vez que se intenta actualizar la ley de VIH de 1990; el proyecto anterior había sido presentado en 2016 y se aprobó en la comisión de Salud, pero antes de llegar a ser debatido en la comisión de Legislación General, perdió estado parlamentario.

“En este momento se ha hecho urgente la necesidad de sancionar la ley. En estos dos últimos años han habido faltantes de medicamentos y reactivos similares a los que ya había acontecido durante el 2001 y necesitamos una  ley que nos proteja, que aborde todas las aristas de la vida de una persona con VIH. Cada vez es más difícil de acceder al ámbito laboral y a las jubilaciones y las pensiones para las personas con VIH, y esta ley vendría a resolver estas cuestiones”, dijo José María Di Bello, Secretario de Fundación GEP.

“Esperamos pasar de una ley con un  paradigma biomédico a una que incorpore los determinantes sociales para tener un enfoque de derechos humanos y una mejor herramienta para prevenir, tratar las infecciones y erradicar el estigma y la discriminación que son el principal obstáculo en la respuesta al VIH”, agregó Di Bello.

Durante los meses en los que pudo ser tratado el proyecto anterior, las organizaciones entregaron petitorios, hicieron movilizaciones en la calle y desplegaron un gran lazo rojo frente al Congreso para visibilizar la urgencia de la firma del proyecto de ley. Pero el 1 de diciembre de 2017 las organizaciones y personas que viven con VIH perdieron la posibilidad de tener una ley actualizada que los represente.

La Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada al Ministerio de Salud de Brasil, por su parte, calculó que aceptar las exigencias de la UE en materia de propiedad intelectual durante las discusiones por un tratado de libre comercio con el Mercosur, las consecuencias para Brasil implicará un gasto de 1,25 billones de reales (BRL) en medicamentos para el sida y de 16,32 billones en medicamentos para la hepatitis C, en el período comprendido hasta 2051 y de acuerdo “a los cálculos más conservadores”.

El estudio compara que con la actual legislación de patentes existente en Brasil, el gasto en medicamentos retrovirales se incrementará de 1.120 millones de reales en 2015 a 2.950 millones en 2050, mientras que en medicamentos contra la hepatitis C aumentará de 1.024 mil millones en 2016 a 2.050 millones en 2051.

Entonces, en el comparativo entre ambos escenarios, la Fundación FioCruz calculó que el Ministerio de Salud deberá afrontar un gasto adicional en medicamentos contra el sida de 1.25 billones de reales y de 16,3 billones de reales (BRL) en medicamentos contra la Hepatitis C en el período de 35 años, de aceptarse las demandas de la UE.

Otro ejemplo sobre los precios de los medicamentos contra el  VIH es el medicamento Darunavir que se incorporó al sistema público de salud brasileño en 2008.

Desde entonces, se ha comprado con exclusividad de Janssen-Cilag (excepto en 2016), incluso en ausencia de una patente otorgada desde 2011, cuando la empresa abandonó la patente.

En 2015, los países del Mercosur pusieron en marcha un mecanismo conjunto de adquisición de medicamentos seleccionados de alto costo, que incluye la posibilidad de adquirir productos genéricos precalificados de la OMS.

Darunavir fue uno de los medicamentos incluidos en la lista de adquisiciones. Los datos del Ministerio de Salud de Brasil muestran que en 2016 el medicamento fue comprado parcialmente a Janssen, al precio de 9.60 reales (USD 2.75), y parcialmente de Aurobindo a través de la OPS / OMS, al precio de 4.34 reales (USD 1.24).

Sin embargo, en 2017 se compró nuevamente solo a Janssen bajo una modalidad de compra pública sin competencia. En 2017, tuvo un precio de 2.42 dólares por píldora (600 mg), mientras que hay versiones genéricas precalificadas de la OMS disponibles en el mercado internacional a un precio de 0.90 dólares (600 mg). Si la versión genérica se hubiera comprado, considerando solo el volumen comprado en 2017, habría ahorrado al sistema de salud público brasileño más de 27,6 millones de dólares.

Foto: Ex ministro de Salud, Daniel Gollán.