Los laboratorios Abbott y AbbVie aceptaron pagar una multa de 25 millones de dólares para cerrar una demanda por el pago de sobornos a los médicos estadounidenses y por promocionar el medicamento para el colesterol TriCor para tratamientos no aprobados por la FDA.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pennsylvania anunció que Abbott Laboratories “ha ejecutado un acuerdo de conciliación y pagará 25 millones de dólares para liquidar una demanda” que le imputaba haber promovido ilegalmente el medicamento para el colesterol TriCor para usos no autorizados y por haber pagado sobornos a los médicos para que lo recetaran.

La demanda fue presentada en 2009 por Amy Bergman, ex representante de ventas de Abbott, en virtud de la Ley Federal de Reclamos Falsos, que permite a los denunciantes demandar a las empresas en nombre del gobierno para recuperar el dinero pagado por los contribuyentes basándose en reclamos fraudulentos.

Amy Bergman se presentó en septiembre de 2009 como denunciante ante el tribunal federal de distrito en Filadelfia, alegando que Abbott violó la Ley Federal de Reclamos Falsos (FCA).

En su denuncia, Bergman aseguró que Abbott promocionaba ilegalmente TriCor como un tratamiento de primera línea para pacientes con diabetes
y que pagaba sobornos a los médicos para incentivarlos a prescribir el medicamento.

El Departamento de Justicia y los estados federales que habían pagado reintegros por el medicamento se sumaron a la demanda, pero a partir de 2012 desistieron de seguir batallando contra el laboratorio.

Sin embargo, Bergman y su equipo legal integrado por Pietragallo Gordon Alfano Bosick & Raspanti, LLP, Nicholson & Eastin, LLP y Kelley / Uustal
decidieron seguir adelante y continuaron litigando en nombre de los contribuyentes federales y estatales.

Finalmente, a fines de octubre y después de dos años de intercambio de testimonios ante el tribunal, Abbott aceptó pagar una multa de 25 millones de dólares, de los cuales 23,2 millones serán para el gobierno y 1.8 millones para el programa estatal Medicaid.

A su vez, Bergman recibirá una compensación de seis millones de dólares por haber sostenido la demanda en nombre de los contribuyentes.

El Procurador de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pennsylvania William McSwain, afirmó en su comunicado de prensa: “Agradecemos a la señora Bergman por presentarse y proporcionar asistencia esencial al gobierno. Los fondos del programa serían mucho más difíciles de preservar sin los relatores que están dispuestos a destacar las supuestas prácticas ilegales como las involucradas en este caso”.

Marc S. Raspanti, abogado de Bergman, comentó que “los pacientes merecen saber que su profesional médico está tomando decisiones basadas en sus mejores intereses y no porque una compañía está comercializando sus medicamentos para usos no aprobados u ofreciendo incentivos para dirigir pacientes a medicamentos específicos”.

En su alegato, Bergman aseguró que entre 2000 y 2008 Abbott comercializó TriCor para fines no aprobados por la FDA y no respaldados por los médicos pertinentes.

Abbott también contrató a proveedores de atención médica para servicios de consultoría y charlas, donde el propósito de la remuneración de los programas era inducir o recompensar a los médicos por las recetas de TriCor, señaló la denunciante.

El acuerdo también resuelve las acusaciones de que Abbott realizó métodos ilegales de comercialización y promoción off-label relacionados con la promoción del medicamento a sabiendas que estaba violentando las indicaciones aprobadas por la FDA para TriCor.

Las indicaciones aprobadas por la FDA para TriCor durante este período de tiempo fueron para tratar a pacientes con hipertrigliceridemia, dislipidemia mixta o hipertrigliceridemia.

Sin embargo, Abbott comercializó el medicamento sin etiqueta para: (1) uso en el tratamiento, prevención o reducción de eventos cardiovasculares y otros riesgos para la salud cardiaca; (2) uso en combinación con estatinas, y (3) uso como tratamiento de primera línea para pacientes diabéticos, incluido el tratamiento para prevenir o reducir
los riesgos para la salud cardíaca en pacientes diabéticos.

Estos usos no fueron aprobados por la FDA y no estaban cubiertos por los programas federales de atención médica.

“La ley federal protege a los pacientes de los proveedores médicos que escriben recetas para poder enriquecerse, y de las compañías farmacéuticas que no cumplen con las reglas de marketing y promoción", dijo el procurador McSwain.

“Las compañías farmacéuticas que ignoran las reglas diseñadas para proteger a los pacientes serán responsables. Los pacientes deben poder confiar en que las decisiones tomadas por sus médicos se basan en un juicio profesional imparcial y no de ganancia personal", dijo Maureen R. Dixon, Agente Especial a Cargo de la Oficina del Inspector General para el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos en Filadelfia.

AbbVie también compartió la sentencia porque nació en 2013 como un spin-off de Abbott. Ninguna de las dos empresas, ambas con sede en Chicago, admitió haber cometido un delito como parte del acuerdo.

En un comunicado AbbVie afirmó que el acuerdo se refería a las prácticas de ventas y marketing que ocurrieron hace más de una década.

"La compañía determinó que estaba en su mejor interés de resolver estas acusaciones, en lugar de involucrarse en un litigio prolongado, y centrarse en las prioridades comerciales actuales", dijo AbbVie en el comunicado.

Abbott declinó hacer comentarios al periodismo estadounidense.