Farmacity se ha convertido en una empresa generosa que está dispuesta a responder a la “demanda insatisfecha” de farmacias en José C. Paz o Claypole, donde supuestamente los farmacéuticos que no dejan entrar a la cadena en territorio bonaerense, tampoco se instalan. Ese fue el argumento de dudosa validez que se escuchó en la sumatoria de las dos audiencias públicas convocada por la Corte Suprema de Justicia.

Las dos audiencias convocadas por la Corte Suprema para resolver la demanda de la cadena Farmacity contra la provincia de Buenos Aires arrojaron pocos argumentos novedosos como para torcer el derrotero judicial iniciado hace seis años.  Excepto por lo que suena como promesa de campaña y que no tiene demasiado sustento en la distribución geográfica de la cadena, donde si ha conseguido instalarse.

Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, Farmacity declara 177 sucursales, de los cuales 13 están ubicadas en Recoleta y Puerto Madero.  Otras veinte entre Palermo y Belgrano. En cambio, hay una Mataderos, una en Ponpeya y una en Barracas.

En Córdoba, hay 22 sucursales, de las cuales todas están en el centro, excepto una en el aeropuerto de Pajas Blancas, tres en Río Cuarto, una en Villa María y una en el exclusivo Cerro de las Rosas. En San Vicente, Alto Alberdi y en otras localidades populosas del Gran Córdoba no existe. Tampoco en localidades del interior como Mina Clavero o La Falda.

Al término de las dos audiencias quedó en claro la estrategia de Farmacity. En la primera un informe sobre la supuesta concentración de los farmacéuticos en zonas rentables y cercanas a las estaciones o peatonales comerciales. En la segunda audiencia la generosa oferta de responder a la “demanda insatisfecha”.

El informe sobre la supuesta disparidad de la radicación de las farmacias bonaerenses fue presentado en la primera audiencia por la consultora Marketing y Estadísticas de Sebastián Lopes Perera.

“Territorialmente, la ubicación de las farmacias es más intensa” en las zonas comerciales, mientras que “en entornos de nivel socio-económico bajo –sean de alta o media densidad–, la presencia de farmacias es casi nula, al igual que en las zonas alejadas de los nodos y corredores comerciales”, sostenía el informe.

Según ese informe, en Vicente López, había 106 farmacias a un promedio de una por cada 2.533 habitantes, en San Isidro 115 a un promedio de 2.545 habitantes, mientras que en el extremo opuesto en José C. Paz había treinta farmacias, una por cada 10.001.  

Incluso Lopes Perera mencionó que “en la localidad de Adrogué se estima 1.052 habitantes por farmacia, mientras que en la localidad de Claypole ese ratio es de 11.381. En la primera, el nivel socio-económico es alto, mientras que en la segunda predomina el nivel socio-económico medio y bajo”.

Isabel Reinoso, presidenta de la Cofa y del Colegio bonaerense, respondió sobre ese estudio que “fue realizado y contratado por la farmashopping que demanda a la provincia de Buenos Aires con groseros errores. La cantidad de farmacias no concuerda con las habilitadas, la densidad de población que presentó es por partido y no por localidad como establece la ley 10.606”.

“DATOS ERRONEOS Y CONCLUSIONES ERRONEAS .VERGONZOSO !!!”( en mayúsculas en el original) escribió Reinoso, insistiendo que “se olvidaron de poner muchas localidades del conurbano que hoy tienen farmacias y esas localidades no existen en el estudio de la consultora contratada como amicus curiae”.

“Nunca pensé que se atreverían a distorsionar datos de la realidad como la cantidad de habitantes, usan proyecciones por partido y no el dato del INDEC por localidad como expresa nuestra ley ...en fin ..cuanto habrá pagado por ese estudio con datos erróneos, desconocimiento total de la realidad de la Provincia de Buenos Aires. .

Reinoso insistió que “tampoco analizaron como y donde se instalaron las farmacias después del 2003 que se modificó la ley y se preguntó: ¿error o oportunismo?. En los últimos años se instalaron 215 farmacias NUEVAS donde está la gente, donde se necesita el servicio. SERA JUSTICIA !!!!”, reclamó Reinoso.

 

 

 Por último, la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina y del Colegio Farmacéutico de la Provincia de Buenos Aires, advirtió que en una sociedad anónima, los profesionales médicos "no pueden decidir qué remedios se van a comprar o cómo almacenarlos".

"Esta empresa está atacando a la profesión e incumple con todos los procedimientos sanitarios. Le ofrece chocolates a una persona con diabetes y papas fritas a un hipertenso", completó.

Quizás el argumento más convincente a favor de Farmacity haya sido el de Víctor Carricarte, secretario general de la Asociación de Empleados de Farmacias,  para quien el  modelo de las cadenas “contribuye a la generación de empleo formal y oportunidades de desarrollo profesional para los farmacéuticos en relación de dependencia”.

A partir de ahora, resta esperar que se pronuncien los tres supremos que escucharon los argumentos y en cuyas manos tienen una decisión más política que jurídica.

  El tema Farmacity no figura entre los cuatro temas prioritarios que acordaron los supremos en la agenda de actividades hasta fin de año. Y es lógico que no ingrese en el podio, aunque es probable que a semejanza de audiencias públicas precedentes, la sentencia se conozca en cuestión de semanas.

La decisión quedó en manos de Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, ya que se excusaron el presidente de la Corte y ex abogado de la cadena,  Carlos Rosenkrantz, y Horacio Rosatti.

Voceros judiciales estimaron que cualquier resolución, deberá estar acompañada de las tres firmas, pues un solo voto en disidencia le quitará fuerza a la sentencia.