Jorge Cassará (H) lanzó graves imputaciones sobre el funcionamiento de la ANMAT a la que acusó de favorecer a los laboratorios extranjeros, durante una jornada organizada por la Fundación Sanatorio Güemes. Si sobre la ANMAT hubo coincidencias, una eventual regulación de precios desató las controversias entre los panelistas y el auditorio.

Cassará no ahorró críticas al actual funcionamiento de la ANMAT, al asegurar que “puede demorar hasta tres años una aprobación y no hay parámetros claros de las exigencias que suelen variar según el funcionario evaluador”. 

El empresario nacional también denunció que las agencias reguladoras “son influidas por las asociaciones pacientes”, que a su vez son subsidiadas o cooptadas por los laboratorios multinacionales que hacen su campaña de marketing desacreditando (entre esos pacientes y los médicos) las versiones genéricas.

“A nosotros la ANMAT nos corrió el arco cuando pedimos la aprobación de un medicamento innovador porque nos cambiaron la referencia que nos habían autorizado previamente”, dijo Cassará ante el auditorio.

“El registro de medicamentos biosimilares de alto costo está frenado”, se quejó Cassará hijo. En tal sentido precisó que entre 2009 y 2018 en Argentina solo se aprobaron tres biosimilares.

Cassará estimó que los estudios clínicos solicitados por la ANMAT pueden costar hasta 10 millones de dólares de los cuales 9 millones son para comprar el producto de referencia.

Roberto Lugones, ex director de la ANMAT en 2000/01 y presidente de la Fundación CONAMED coincidió que la gestión actual de la ANMAT “es confusa, errática, casi un caos”.

Sin embargo, voceros de la industria calificaron de positiva la gestión de Jaime Lazovski, director del INAME, la rama medicamentos de la ANMAT, que asumió en septiembre pasado.

Jaime Lazovski, quien fuera viceministro de Salud de la Nación cuando el ministro era Juan Manzur,  “ha  mejorado los procedimientos internos y  adoptó medidas importantes para los laboratorios  en comercio exterior y  en psicotrópicos”, resaltaron.

Si Cassará pareció unificar al auditorio con sus denuncias contra la ANMAT, la “grieta” surgió cuando la regulación de precios de los medicamentos se instaló como tema prioritario del debate.

Esteban Lifschitz, integrante del grupo Kadupules de la Fundación Sanatario Güemes que fungió como anfitriona del encuentro, propuso la conformación de una Comisión Nacional de Precios de Medicamentos que deberá determinar el precio de comercialización de un medicamento de acuerdo a los beneficios terapéuticos comprobados.

Lifschitz explicó que esa comisión deberá “identificar la innovación de la pseudo innovación e impedir que un medicamento se venda más caro en Argentina que en otros diez países de referencia”.

También debería definir una “lista negativa” de medicamentos que no serán cubiertos por la seguridad social, las obras sociales o el PAMI por su “bajo o nulo valor”.

Lifschitz propuso además un Seguro Nacional de Enfermedades Catastróficas y un pool de compras de las obras sociales, como actualmente impulsa PAMI y el Ministerio de Salud.

También advirtió que la tarea es continúa para regular los precios, porque “el mercado sabe adaptarse y eludir los controles de precios”.

Lifschitz remarcó que los medicamentos “representan el componente más ineficiente del sistema de salud” y con estadísticas en mano comparó que “el gasto en medicamentos aumentó 73 por ciento a partir de 2005 en Argentina mientras que el gasto en consulta médica aumentó 30 por ciento y el promedio total fue de 53 por ciento”.

Fernando Avellaneda, titular de la obra social de Tucumán y miembro del consejo de obras sociales provinciales, COSSPRA, adelantó que desde esta organización se trabaja junto con diputados provinciales para “impulsar alguna atadura a los precios de los medicamentos”. 

Avellaneda no habló de ningún proyecto específico, sino de una confluencia entre las obras sociales provinciales y los diputados de diferentes provincias en la redacción de proyectos que avancen en esa dirección.

Días después, el ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan, que venía de participar de un congreso de COSSPRA, avanzó en la misma dirección ante legisladores provinciales.

El presidente de la obra social provincial tucumana aseguró que la propuesta también cuenta con el apoyo de la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA), con la que se había reunido antes de participar de la jornada convocada por la Fundación Sanatorio Güemes.

Avellaneda denunció que las obras sociales provinciales son “el banco predilecto para introducir a modo de ensayo nuevos medicamentos que ingresan al país como de uso compasivo y rápidamente son judicializados para vencer las barreras comerciales”.

Gustavo Criscuolo, directivo de Medical´s admitió que “se prescribe por el medicamento que deja más rentabilidad o por incentivos que todos sospechan…cuanto es el retorno que le proporciona una prótesis a quien la receta?”, se preguntó.

“Los medicamentos genéricos no están en las farmacias porque no hay incentivos”, agregó Criscuolo.

Criscuolo vaticinó que el costo de la salud seguirá aumentando aún sin inflación, porque “existe una inflación médica”, pero estimó que el costo promedio de 20 mil pesos por cada paciente que recibe medicamentos de alto costo no resulta demasiado caro”, comparó.

En respuesta a un comentario de Criscuolo para quien en este país ya existen “demasiadas regulaciones”, Lugones respondió que “las regulaciones no son malas si están bien aplicadas”.

Para Lugones un problema soslayado es que se utilizan “muy mal los medicamentos”.

A su turno, Jorge Cassará rechazó la idea de un control de precios porque consideró desacertado “que un funcionario deba autorizar un nuevo precio cuando no está a la velocidad con que evoluciona la cotización del dólar” y en vez de control hizo una apelación a la libre competencia del mercado.

Video de la mesa de controversias del 15/11/2018:
http://www.fsg.org.ar/20181115.htm