Una decena de laboratorios estadounidenses pidió que se aplique la denominada “Ley Mordaza” en la investigación del mayor caso de colusión de precios de medicamentos de las últimas décadas, que investiga la justicia norteamericana.

El pedido fue dirigido a la jueza Cyntia M.Rufe del Tribunal Federal de Filadelfia para que ordene que no trasciendan detalles de la investigación que involucra a alrededor a 40 laboratorios de medicamentos genéricos y que fue iniciada el año pasado por 47 estados norteamericanos, entre los que figuran Seattle, Pennsylvania, Columbia y el estado asociado de Puerto Rico.

La solicitud para que se aplique la Ley Mordaza surgió como respuesta a las relevaciones de The Washington Post sobre las maniobras concertadas por los laboratorios para aumentar el precio de medicamentos genéricos hasta el mil por ciento.

La Ley Mordaza fue derogada por el ex presidente Barack Obama en octubre de 2012 pero reintroducida por Donald Trump en enero de 2017.

“Algunos demandantes siguen pareciendo mucho más interesados en litigar sus demandas en los medios de comunicación que ante este tribunal”, afirmaron las compañías farmacéuticas en su solicitud a la jueza Cynthia M. Rufe, para que ordene acallar las declaraciones o las filtraciones al periodismo.

“Este intento de acallar a los demandantes, pondría de relieve lo mucho que está en juego, ya que la ‘sobrefacturación’ obtenida por las empresas -debido al presunto incremento de los precios- ascendería a cifras varias veces millonarias, pudiendo incluso llegar a poner en riesgo la continuidad de las mismas en el supuesto de que el caso llegara a juicio”, informó The Washington Post.

Los laboratorios en su presentación cuestionaron que fuentes judiciales hubiesen revelado a The Washington Post el 9 de diciembre pasado sobre la expansión de la investigación en varios estados a más de 16 compañías y 300 drogas.

También cuestionaron la conferencia de prensa realizada a fines de diciembre por los procuradores generales de Connecticut y Louisiana, a quienes acusaron de participar un “bombardeo de los medios de comunicación” en perjuicio de los laboratorios.

Los laboratorios aseguran que los fiscales de Connecticut y Louisiana que encabezan el caso de los 47 estados contra los fabricantes de genéricos, “están aumentando las declaraciones públicas en un intento por ganar algún acuerdo”, extrajudicial.

Un portavoz del fiscal general de Connecticut, George Jensen, dijo que se propone impugnar la solicitud de aplicar la Ley Mordaza.

"Creemos que la moción (de la Ley Mordaza) no tiene mérito y además, como funcionarios públicos, los fiscales generales del Estado tienen el deber de informar a sus electores sobre asuntos de interés público", dijo la portavoz Jaclyn Severance.

La divulgación en The Washingtron Post del alcance masivo del caso provocó una ronda de condenas de funcionarios públicos y de grupos de defensa. 

La senadora demócrata Elizabeth Warren presentó en diciembre un proyecto de ley que le daría al gobierno federal la autoridad para intervenir y fabricar medicamentos genéricos en ciertas circunstancias.

Joseph Nielsen, el asistente del fiscal general de Connecticut, informó a The Washington Post que los laboratorios pidieron a la jueza Cynthia M. Rufe que “se impida revelar el número de compañías y medicamentos involucrados en la investigación, dar a conocer las supuestas conclusiones de los estados demandantes sobre los patrones de precios de los demandados y proporcionar detalles sobre el presunto daño y el impacto que los estados creen que ocurrió”.

Además de las publicaciones de The Washington Post, los laboratorios también cuestionaron una publicación de Business Insider, que dijo haber obtenido copias de los correos electrónicos y mensajes de textos citados en la investigación y cuyos autores han sido directivos de los laboratorios involucrados, que evidenciarían los acuerdos ilegales de precios.

Business Insider intentó conectarse con dos de los laboratorios mencionados en los correos, Teva y Mylan, pero no consiguió repercusiones.