Un estudio realizado en Canadá demostró que existe un conflicto de intereses en el financiamiento que los laboratorios proporcionan a los grupos de pacientes, que en muchos casos se mimetizan en grupos de presión contra las políticas públicas de salud.

El estudio realizado por las agencias estatales Common Drug Review (CDR) y panCanadian Oncology Drug Review (pCODR) indicó que “la gran mayoría de los grupos de pacientes que realizaron presentaciones sobre la financiación de determinadas indicaciones de medicamentos tuvieron conflictos con las compañías que elaboraron los productos y sus opiniones acerca de los productos fueron casi siempre positivas”.

“Cuando los grupos de pacientes hicieron presentaciones a CDR y pCODR sobre indicaciones de medicamentos, el 75% de las veces estos grupos declararon un conflicto con la compañía que comercializa el medicamento”, concluyó el estudio.

“Otras veces, los grupos declararon conflictos con una compañía y dijeron que tenían conflictos adicionales, pero no nombraron a las compañías. Finalmente, no hubo una búsqueda independiente de conflictos adicionales que los grupos hayan tenido”, resumió el informe.

“Esta asociación entre la financiación y las opiniones debe investigarse más a fondo para determinar si existe una verdadera causa y efecto”, recomendó el estudio.

El estudio estuvo basado en 222 informe de indicaciones de drogas en las que participaron la Escuela de Política y Gestión de la Salud de la Universidad de York, Toronto, el Departamento de Emergencias de la University Health Network, Toronto, y Departamento de Familia y Medicina  de la  Comunidad de la Universidad de Toronto.

La encuesta analizó 372 presentaciones de 93 grupos diferentes de pacientes. Los grupos declararon un total de 1.896 conflictos con las compañías farmacéuticas en 324 (87.1%) presentaciones individuales. Además, hubo 268 presentaciones donde los grupos declararon que no tenían ningún conflicto con el laboratorio que fabrica el medicamento.

Específicamente, el 87,1 por ciento de los comentarios fueron realizados por grupos canadienses que tenían un conflicto de intereses, como el respaldo de la industria.

Y de esos comentarios, el 86 por ciento involucró un conflicto con el fabricante de medicamentos que estaba comercializando el medicamento que está siendo revisado por Common Drug Review y panCanadian Oncology Drug Review. Estas agencias hacen recomendaciones a los planes públicos de salud provinciales y federales sobre la cobertura de determinados medicamentos a partir de estudios de costo/eficacia.

Mientras tanto, el 90 por ciento de los comentarios que se presentaron expresaron opiniones positivas de los medicamentos que se están revisando.

Solo 30 presentaciones de los 222 informes no implicaron conflictos de intereses con la industria ya que no recibían subvenciones de los fabricantes de medicamentos.

“Muchos grupos de pacientes reciben subvenciones de las compañías farmacéuticas que fabrican productos para la financiación. La investigación examinó si existe una asociación entre las posiciones que los grupos canadienses toman sobre los productos y conflictos de interés con las compañías”, resumió el informe como búsqueda de información.

La investigación apuntó a grupos de pacientes que representaran a múltiples niveles en el sistema de atención médica lo más amplio posible. Por lo general, se ocuparon de las personas que sufren de una sola patología, por ejemplo, varias formas de artritis que pueden presionar para que Health Canada apruebe nuevos medicamentos.

Desde que el gobierno federal canadiense redujo la financiación de los grupos de pacientes a mediados de la década del 90, estos grupos han tenido que buscar nuevas fuentes de ingresos y muchos de ellos reciben dinero de las empresas farmacéuticas, remarcó el estudio.

“Algunos grupos han presionado a los gobiernos provinciales para incluir medicamentos en formularios hechos por compañías de las cuales reciben subvenciones”, apuntó el informe.

En Canadá no se ha realizado ningún análisis sistemático de la financiación de grupos de pacientes por parte de empresas de productos farmacéuticos y si existe una asociación entre la financiación y las actividades de grupos.

Los hallazgos no prueban una relación de causa y efecto entre el respaldo de la industria farmacéutica y las opiniones expresadas por los grupos de defensa del paciente sobre la financiación gubernamental para los medicamentos.

Pero sí plantean preguntas sobre las percepciones y hasta qué punto estos grupos hacen que los intereses de los pacientes sean su máxima prioridad, según el investigador en jefe que realizó el análisis.

"Mi artículo solo puede establecer una asociación entre la financiación de los grupos de pacientes canadienses y la posición que tienen sobre las drogas que deberían financiarse", dijo Joel Lexchin, profesor de la Escuela de Política y Gestión de Salud de la Universidad de York y profesor asociado de familia y medicina comunitaria en la Universidad de Toronto.

Pero Lexchin agregó que "vivimos en un mundo donde la evidencia directa de causa y efecto es a menudo difícil de establecer, pero donde la evidencia allí sugiere que ciertas prácticas son perjudiciales”.

“La percepción de que los grupos de pacientes pueden no estar actuando en el mejor interés de su membresía es mala para los grupos y puede significar que no pueden lograr sus objetivos", completó.

Para minimizar las percepciones negativas, Lexchin sugirió que los grupos de defensa de pacientes deberían hacer más para garantizar que la financiación sea transparente, como la divulgación de fuentes y cómo se gasta el dinero (aunque las dos agencias gubernamentales requieren que los grupos de pacientes declaren cualquier conflicto junto con sus comentarios). También cree que los grupos deberían trabajar para aumentar la financiación del gobierno para reducir la dependencia de la industria.

Barry Stein, quien dirige la asociación de pacientes Colorectal Cancer Canada, argumentó que muchos grupos "tendrían grandes dificultades para existir" sin la asistencia de la industria, pero el respaldo está "totalmente declarado" en formularios de conflicto de intereses presentados ante agencias gubernamentales. "Trabajamos incansablemente", agregó, junto con los pacientes, los cuidadores y los médicos para "presentar una representación imparcial de los valores, preferencias, efectos secundarios y resultados de los pacientes".

"Creo sinceramente que (los grupos) actúan en el mejor interés de los pacientes que representan en Canadá y esta no es una tarea fácil”, subrayó.

“Si bien todos los grupos de pacientes desean que puedan recibir fondos del gobierno para aliviar los desafíos de dirigir una organización de pacientes, en Canadá existe poco o nada. En consecuencia, muchos grupos de pacientes cuentan con múltiples fondos de diferentes compañías farmacéuticas y de biotecnología, eventos y fondos corporativos, además de donaciones del público en general”, se defendió.

En Estados Unidos, el senador Chuck Grassley (Republicano-Iowa) investigó la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales y sus vínculos con los fabricantes de medicamentos en medio de la controversia sobre las advertencias de antidepresivos. Más tarde, amplió la investigación a dos docenas de grupos, como parte de un análisis más amplio de los intentos de la industria farmacéutica de utilizar a las organizaciones de pacientes para influir en la prescripción de médicos, debates legislativos y decisiones reglamentarias.

Recientemente, el senador Ron Wyden (Demócrata-Oregon) solicitó al Departamento de Salud y Servicios Humanos que revisara varios conflictos de interés entre algunos miembros del Grupo de trabajo interinstitucional sobre prácticas óptimas para el manejo del dolor, creado hace dos años para hacer recomendaciones para combatir el dolor crónico y agudo. Esas directivas pueden afectar los reembolsos de Medicare y Medicaid.

Wyden también había investigado las relaciones financieras entre algunos de esos grupos y los fabricantes de opioides en ese momento.

En junio de 2018, la ex senadora Claire McCaskill (Demócrata-Missouri, presentó un proyecto de ley para exigir a los fabricantes de medicamentos que informen los pagos realizados a grupos de defensa de pacientes y sociedades profesionales. Lo hizo poco después de publicar un informe que mostraba que los fabricantes de opioides proporcionaban fondos sustanciales a varios grupos para influir en el debate sobre el uso y la prescripción. Sin embargo, el proyecto no prosperó y McCaskill no renovó su mandato.

Informe completo: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0212399