La Cancillería argentina aseguró que el acuerdo firmado entre el Mercosur y la UE no modifica el actual sistema de propiedad intelectual, pero industriales y sindicalistas coinciden en desconfiar de la palabra oficial y esperan acceder a la letra “chica” del tratado de libre comercio.

“Según parece escucharon nuestras advertencias y no cruzaron la línea roja de las patentes farmacéuticas, pero vamos a esperar a que muestren el convenio en el Congreso Nacional para acceder a la letra chica”, afirmó un directivo de los laboratorios nacionales.

El texto difundido por la Cancillería argentina bajo el título de “instructivo” asegura que el acuerdo “NO MODIFICA LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PATENTES Y DATOS DE PRUEBA (en mayúsculas en el original). El acuerdo no implica aumentar los niveles de protección en materia de patentes, datos de prueba o variedades de plantas”.

Sin embargo, la versión que difundió la UE casi en simultáneo en Bruselas  y reproducida por varios diarios europeos introduce otra mirada más preocupante:  

“Principales características del acuerdo comercial UE-Mercosur El acuerdo UE-Mercosur de región a región eliminará la mayoría de los aranceles sobre las exportaciones de la UE a Mercosur, haciendo que las empresas de la UE sean más competitivas al ahorrarles 4.000 millones de dólares en impuestos por año. En lo que respecta a los sectores industriales de la UE, esto ayudará a impulsar las exportaciones de productos de la UE que hasta ahora han estado enfrentando aranceles altos y en ocasiones prohibitivos. Entre ellos se incluyen automóviles (arancel del 35%), autopartes (14-18%), maquinaria (14-20%), productos químicos (hasta 18%), productos farmacéuticos (hasta 14%), ropa y calzado (35%) o tejidos de punto (26%)”, afirmó un párrafo del comunicado.

Eva Bamio, economista experta en comercio exterior y relaciones internacionales de la consultora argentina ABECEB, coincidió con esta lectura al afirmar que “otro sector de Mercosur que va a notar la presión de la competitividad es el farmacéutico. Se eliminarán los aranceles que gravan los productos importados con un 14%”.

“Los consumidores se beneficiarán y tendrán acceso a una gama más amplia de medicamentos, pero los productores de la región van a tener más competencia”, pronosticó la experta de ABECEB.

"Por más que uno quiera, Argentina es un país emergente y no va a poder alcanzar el gasto en Investigación y Desarrollo de la industria farmacéutica francesa o alemana", completó Bamio.

Entre las primeras organizaciones sindicales que se pronunciaron en contra del tratado con la UE figuró la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS)  al expresar su “rechazo a la extensión de las patentes y a la protección de los datos de prueba”.

“La realidad muestra que el sistema de patentes en el caso de los medicamentos sólo sirve para excluir del mercado a nuevos competidores, puntualmente a los productores públicos o privados de medicamentos genéricos”, alertó la central sindical regional.

Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT y del sindicato ATSA coincidió que “lo que para el presidente es un acuerdo histórico que nos integra al mundo, es en verdad una sentencia para nuestro sistema productivo y el de la región” y compartió el comunicado de la CCSCS.

El diario La Nación también se refirió a las “líneas rojas” de las que habla la industria, pero en una editorial de Carlos Pagni se cuestiona el poderío “descomunal” del sector, le adjudica a los laboratorios acumular rentabilidad protegidos por el Estado e introduce por la ventana una discusión sobre el Convenio PAMI en la que sugiere acuerdos amañados en el pasado que favorecieron supuestamente a la industria farmacéutica.

“No fue casual una frase usada anteayer por la secretaria Marisa Bircher: Puedo decir que mantuvimos todas las líneas rojas que nos pedía el sector privado, afirmó, cuando LA NACION le preguntó por la compleja negociación sobre la propiedad intelectual”, escribió el diario.

La Nación recordó que habían sido "Las cámaras de la industria farmacéutica del Mercosur agrupadas en ALIFAR” las que habían pedido al término de su última Asamblea Anual en Paraguay “un acuerdo comercial con la Unión Europea equilibrado, mutuamente beneficioso para las partes y que permita mantener las líneas rojas en materia de derechos de propiedad intelectual de medicamentos".

Carlos Pagni en su editorial introduce un análisis sutil que al final del recorrido resulta sesgado y una confirmación de sus escasas simpatías con los laboratorios nacionales. Se trascribe textual para respetar hasta la última coma:

“La industria farmacéutica logró algo que se creía imposible. En este acuerdo no se cuestionará la propiedad intelectual, lo cual quiere decir que los laboratorios nacionales podrán seguir desarrollando medicamentos sin pagar por las investigaciones que llevaron a la invención de esos medicamentos. Además, podrán producir medicamentos accediendo, sin pagar nada, a las pruebas médicas en las que se basen.

Sin este sector, probablemente no hubiera habido acuerdo porque el poder que tiene la industria farmacéutica sobre la política argentina es descomunal.

Otro punto es el contrato del PAMI para la compra de medicamentos. Esta entidad -que regula el 40% de los medicamentos que se venden en la Argentina y, por lo tanto, fija el precio de los remedios- compraba los medicamentos sin licitación. Macri abrió licitaciones en el PAMI para la compra de medicamentos de los abuelos. En el Gobierno no hacen mucha bulla de este triunfo.

Este es un debate de gran importancia, sobre todo para Alberto Fernández, que fue un gran responsable de los acuerdos de medicamentos en el PAMI, que se realizaron durante la época de Néstor Kirchner.

Sería muy interesante un debate entre Macri, "la derecha", y Fernández, "la izquierda", acerca de quién defiende más a los jubilados en cuanto a los precios de los medicamentos y la forma en que el PAMI adquiere esos medicamentos, y cuál es la relación de cada uno de estos sectores con la industria farmacéutica que está detrás de esos negocios tan protegidos en el Estado.

José Urtubey, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), defendió un modelo industrial y reconoció que “pedíamos lo referente a propiedad intelectual, que se tuvieran en cuenta las economías regionales, que somos un país en desarrollo, y no tenemos sistema financiero, un sistema tributario acorde a la producción”.

El PJ en una declaración afirmó que “el acuerdo alcanzado va mucho más allá́ de la desgravación arancelaria para un universo de bienes — entre ellos automotores, autopartes, textiles, indumentaria, medicamentos, lácteos, industrias vitivinícola y olivícola, etc.- sino que además avanza sobre un conjunto de normas de propiedad intelectual, denominaciones de origen, reglas de origen, compras gubernamentales, comercio de servicios, comercio electrónico, etc. sin reconocer las asimetrías entre ambas regiones ni contemplar un trato especial y diferenciado a favor del Mercosur, principios básicos de las negociaciones comerciales entre actores de muy distinto grado de desarrollo”.

Por el contrario, la diputada del PRO, Cornelia Schmidt Liermann, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores -donde se discute la aprobación del Tratado PCT- pronosticó que “creceremos con inversiones directas. México triplicó sus inversiones cuando firmó el acuerdo con la UE y Sudáfrica logró multiplicar por seis las inversiones europeas”.

Desde Brasil también hubo intentos del Ministerio de Economía de promocionar la “lluvia de inversiones” estimando un incremento de 87 mil millones de dólares en el PIB en los próximos quince años.

Sin embargo, las perspectivas desde la industria farmacéutica de Brasil son sombrías y menos venturosas que las promesas de inversiones o de crecimiento del comercio exterior.

Telma Salles, presidenta de la Asociación Brasileña de Industrias de medicamentos genéricos (PróGenéricos), ve este escenario con preocupación y pone de relieve la importancia de esta categoría. "Genéricos fue el único segmento de la industria farmacéutica que experimentó un aumento en la cuota de mercado en los últimos cuatro años, por lo que es una alternativa segura para asegurar la adhesión de la población a los tratamientos", destacó.

Mercosur reducirá los aranceles a cero del 91% de las importaciones de Europa en un período de diez años y “esta lista puede contemplar las drogas medicinales que aparecen en primer lugar entre los productos más importados por la UE a Brasil en 2018 - un movimiento de 3,83 mil millones de dólares, equivalentes al 11%, del total según la Oficina de Comercio Exterior. Los insumos para la industria ocuparon el cuarto lugar, con 1,250 millones de dólares (3,6%)-”, advirtió Salles.

El presidente Mauricio Macri recibió a medio centenar de cámaras industriales -incluida CILFA- en la Residencia de Olivos para promocionar el acuerdo como un salto de calidad que favorecerá las exportaciones y para consensuar el debate político – además del técnico y regulatorio- que se aproxima en el Congreso Nacional.

Un comunicado del Ministerio de Producción aseguró que “todos los presentes consensuaron que el acuerdo representa un hecho histórico y una oportunidad para fortalecer la inserción de la Argentina en el mundo y ofrecer productos y servicios que respondan a los estándares de calidad internacional”.

“En este sentido, el diálogo y el apoyo con el sector privado es la clave para potenciar la productividad y competitividad de las empresas”, completó el ministro de Producción, Dante Sica, a la salida de Olivos.

Pero, el diagnóstico de Sica fue rebatido por la APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios) que públicamente sostuvo que “la discusión sobre el pre acuerdo Mercosur – UE revela su poca consistencia e inviabilidad a medida que se conocen detalles”.

“Es evidente el apuro del Gobierno por “vender” a la sociedad globos de colores en el periodo pre electoral”, cuestionó APYME.

“No hace falta ver la “letra chica” para saber quiénes pierden y quiénes ganan. Por lo pronto, los gobiernos europeos, que no dejarán de subsidiar a sus sectores sensibles, tienen motivos para ponderar las concesiones realizadas en favor de sus empresas en materia de compras públicas, patentes y normas de origen”, completó APYME.