Los medicamentos de alto precio son el principal problema en el mundo a causa de la desfinanciación de los sistemas de salud y están atados al monopolio de las patentes como podría aceptar Argentina en el marco de los tratados de libre comercio y el Tratado PCT, alertaron expertos durante una jornada organizada por el centro de profesionales farmacéuticos CEPROFAR.

También se denunció que durante el gobierno anterior, el laboratorio Gilead se negó a negociar un precio en el país para su medicamento Sovaldi, porque estaba atado a las ganancias de sus accionistas en Wall Street.

Mariela Bacigalupo, de la Fundación GEP, recordó que las multinacionales prometieron que “iba a existir más inversión y transferencia de tecnología en el país y más circulación de esa tecnología entre los países en desarrollo”, cuando en la década del 90 se debatió la adopción de la Ley de Patentes. 

Pero eso jamás ocurrió y ahora el argumento se repite con las promesas de los tratados de libre comercio y la adopción del Tratado PCT, alertó.

La expositora desmontó otro argumento de las multinacionales al asegurar que “las licencias obligatorias no son una expropiación (como sostienen las multinacionales) porque siempre se paga una compensación” por liberar su explotación local.

Sin embargo, la realidad es que “las patentes se han convertido en una política comercial” y citó un estudio realizado en Canadá y Estados Unidos entre 1989 y 2002, por el cual se comprobó que solo el 5,9 por ciento de las patentes solicitadas poseían “novedad inventiva”, 15 por ciento era “altamente innovadores” y 68 por ciento no poseían “ninguna novedad efectiva”.

Bacigalupo advirtió que la adhesión de Argentina al Tratado PCT anulará las Guías de Patentabilidad existentes desde 2012 y que han sido considerada por expertos internacionales “como las más exitosas a nivel mundial”.

La experta en propiedad intelectual alertó además que el oficialismo en el Congreso Nacional “impulsa la aprobación del Tratado PCT antes que termine el año”.

Como contrapartida, anunció la realización de una jornada el 9 de octubre en el Cámara de Diputados sobre el efecto del PCT y los tratados de libre comercio en la propiedad intelectual.

La jornada desde las 17 es impulsada por la Asamblea Argentina Mejor sin TLC y contará con la presencia de la CTA, empresarios nacionales agrupados en el ENAC, la cámara de laboratorios nacionales CILFA y otras organizaciones sociales, académicas y empresarias.

El PCT “no está pensando para pymes o innovadores, sino para las multinacionales”, completó Bacigalupo.

Daniel Gollán, ex ministro de Salud (2014-2015) enfatizó que los medicamentos de alto precio ya consumen el 50 por ciento del gasto mundial en fármacos, pero son una porción ínfima del mercado.

Gollán destacó que el precio de los medicamentos se ha convertido en el tema sustancial de la agenda de los candidatos presidenciales demócratas y uno de ellos, el senador Bernie Sanders, recientemente encabezó una marcha de pacientes diabéticos hasta la ciudad canadiense de Ontario donde la insulina cuesta 36 dólares, mientras que en Estados Unidos la misma marca comercial y la misma presentación demanda 369 dólares.

Gollán recordó que cuando era ministro de Salud intentó negociar un precio para el sofosbuvir (Sovaldi) con Gilead y “me respondieron que no podían bajar mucho el precio en Argentina porque entonces bajarían las acciones del laboratorio en Wall Street”.

Los medicamentos de alto precio “se han convertido en la promesa de ganancias para los jubilados estadounidenses que han invertido en fondos de inversión que compraron acciones de los laboratorios”, vinculó.

Para Gollán, el descubrimiento de nuevas moléculas demanda alrededor de 600 millones de dólares pero las multinacionales “dicen que cuestan 10 mil millones de dólares porque el sobreprecio del medicamento está en mentir lo que se gastó en I+D”.

Gollán calculó que si los cuatrocientos pacientes argentinos que sufren de atrofia muscular espinal recibieran el medicamento Spinraza de Biogen demandaría un gasto a las obras sociales y al Estado de 200 millones de dólares anuales.

Por eso, el futuro gobierno “deberá tener un poder fuerte del Estado para negociar” con estas multinacionales, vaticinó.