El pacto social en la salud, la regulación desde el Estado del mercado farmacéutico, la reconversión de la ANMAT y el futuro del PAMI, aparecieron como temas prioritarios durante las Primeras Jornadas de Debate: Estrategias para favorecer el acceso al medicamento y servicios de salud.

Durante el debate organizado por el Sociedad Argentina de Farmacias y Bioquímica Industrial (SAFyBI) y la Red Argentina de Investigadores e Investigadores en Salud (RAIIS), afloraron también advertencias sobre el intento de modificar las Guías de Patentabilidad y el vaciamiento de los organismos de investigación y desarrollo como el INTI.

Rogelio López, ex administrador de la ANMAT durante la segunda presidencia de Cristina Fernández y miembro del Instituto Patria, afirmó sobre las políticas de mercado que se avecinan que “hay que meterse con los precios, vamos a tener que hacer cosas que no hemos hecho en la etapa anterior”.

López se preguntó por qué el PAMI “no puede sentar a la mesa a las asociaciones de jubilados durante los procesos de compra de medicamentos” y especuló que esas asociaciones no son convocadas “porque nadie quiere mostrar los precios de los medicamentos”.

También pidió la “reconfiguración” de la ANMAT a partir del 10 de diciembre“ con cero injerencia de los laboratorios”.

La ANMAT, para López, solo debe autorizar el ingreso de nuevos medicamentos al mercado “cuando demuestren ventajas terapéuticas y menores precios”.

Al mismo tiempo, López lamentó que la ANMAT perdió alrededor de doscientos profesionales en los últimos cuatro años y “costará reemplazarlos”.

López remarcó que el precio de los medicamentos se ha convertido en un modelo en crisis en escala global y que también “el acceso a los medicamentos está en la agenda de las demandas de los chilenos”.

Isabel Reinoso, presidenta de la COFA, propuso que el gobierno de Alberto Fernández “debe regular el listado de medicamentos esenciales y el uso racional, los precios asequibles, un sistema fiable de suministro y financiamiento sostenible”.

Reinoso recordó que en Chile durante la actual rebelión popular “quemaron farmacias” y que se trata de un mercado concentrado entre tres cadenas de farmashopping, mientras que para la mayoría de los chilenos “acceder al medicamento es muy caro”.

Constantino Touloupas, reconocido experto en medicamentos de alto precio y su efecto en el financiamiento de las obras sociales- además de profesor de la UNLP- instaló varios interrogantes sobre el modelo sanitario futuro del país y cuestionó algunas de las coordenadas actuales del mercado farmacéutico argentino.

“Argentina es el único país del mundo que permite a la industria gestionar”, lanzó para el debate. “O vamos a una reforma sanitaria o como pacientes vamos a tener graves problemas”, advirtió.

“ANMAT debe ser una agencia de evaluación y no solo de registro”, propuso. “Falta vocación del Estado de regular el costo de los medicamentos y los laboratorios ordenan la cadena de intermediación”, subrayó.

En cuanto al PAMI propuso “o vamos a un sistema integrado de salud o se lo devolvemos a los jubilados” y en cuanto al IOMA no siempre atravesó por el desfinanciamiento y la crisis actual, recordando su funcionamiento eficaz durante la gobernación de Antonio Cafiero.

Touloupas rescató del actual titular del PAMI, Sergio Cassinotti, “que desalojó al Farmalink del convenio más grande de América Latina”.

Fabian Nigro, director del Centro de I+D en Biotecnología Industrial del INTI, aseguró que las empresas biotecnologías de Argentina constituyen “un sector muy virtuoso comparado con el resto de la industria, porque genera dos mil millones de dólares anuales y reinvierte 4 por ciento en I+D”.

A semejanza del comentario de López sobre la ANMAT, Nigro coincidió que “padecimos cuatro años y los recursos humanos altamente capacitados fueron expulsados del Centro y costará recuperar”.

Nigro propuso que desde el Centro de I+D en Biotecnología Industrial del INTI, “debemos articular con otros organismos como la ANMAT”.

Manuel Limeres, ex director de la ANMAT y ex presidente de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, explicó que los países centrales “al comienzo no exigían bioequivalencia y comenzaron a exigirla cuando los países en desarrollo comenzaron a producir genéricos”.

A modo de advertencia, Limeres recordó que “una vez pidieron la aplicación de la bioequivalencia (en el país) a cambio de un crédito del Banco Mundial”.

La ANMAT “no tiene una política fijada por el Ministerio de Salud”, mencionó Limeres como falencia.

Federico Kaski, ex viceministro de Salud durante la etapa de Daniel Gollan, advirtió que el actual sistema de patentes “sólo sirve  para la especulación de los poderosos”.

Kaski vislumbró que en un futuro pacto social “en el sector de la salud todos deberán ceder algo”.

En tal sentido, precisó que “la industria debe tener ganancias y es un sector pujante y dinamizador de la economía, pero debe ser  pensado en el nuevo contrato social”.

En consecuencia, para Kaski es impensable “ganancias desmedidas que generan más desigualdad”.

También consideró contradictorio que “a mayor tecnología, han aumentado los costos para los Estados”.

Lorena Di Giano,  directora ejecutiva de la Fundación GEP, coincidió con Kaski sobre la imposición de monopolios de mercado a través de las patentes y alertó que las presiones para que Argentina elimine sus Guías de Patentabilidad “es un tema que tenemos que tener presente hacia adelante”.

Esas Guías de Patentabilidad “deben defenderse como política nacional”, enfatizó.

Clarisa Marchetti, miembro de RAIIS y coordinadora del Postgrado de farmacovigilancia de la Facultad de Medicina, mencionó en varias oportunidades la oportunidad de un pacto social, que incluya a la red nacional de laboratorios públicos, los privados, el CONICET y también la academia.

Marchetti resaltó que existe un “círculo virtuoso de científicos  que pueden patentar  medicamentos argentinos” y apuntar a un mercado latinoamericano de 450 millones de habitantes.

Gustavo Daniele, farmacéutico especializado en dispositivos,  alertó sobre el nivel de dependencia de Argentina de los insumos importados pues “no hay fabricación local de jeringas y de guantes para cirugía”.

Julio Vega,  biólogo con masters en universidades de Madrid y Berlín, y vinculado hace 25 años con la industria nacional,  opinó que existe la oportunidad de impulsar la I+D desde el sector privado,  “si hay un Estado que coopera razonablemente”.