Los candidatos demócratas estadounidenses endurecen su discurso contra la industria farmacéutica y hasta hablan de extender “licencias obligatorias” o “incautar patentes”. No quieren quedar rezagados del presidente Donald Trump, que ha convertido el precio de los medicamentos en uno de los ejes de su campaña por la reelección.

Licencias obligatorias, “incautación de patentes”, precios regulados, competencia de genéricos, impuestos sobre ganancias monopólicas e importación desde Canadá, son algunos de los cambios radicales en el mercado farmacéutico estadounidense que proponen los candidatos demócratas, en su intento por evitar que el presidente Trump se ubique a la “izquierda” del escenario político con sus habituales diatribas contra la industria farmacéutica nucleada en PhRMA.

Incluso, los demócratas están reclamado cambios en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en el capítulo de la propiedad intelectual que, por el contrario, el gobierno mexicano está apurado por aprobar y por eso acaba de enviar un nuevo y restrictivo proyecto de Ley de Patentes a su Congreso.

El presidente Trump convirtió el precio de los medicamentos en un reclamo persistente de su gobierno desde que ingresó a la Casa Blanca En realidad, las críticas del actual mandatario contra la industria farmacéutica comenzaron desde antes, cuando era el candidato presidencial de los republicanos.  Ahora, cada vez se vuelve más agresivo contra PhRMA, a medida que avanzan las campañas electorales para 2020.

En consecuencia, hasta los precandidatos demócratas más moderados, como Joe Biden (Delaware) se lanzan a proponer cambios sustanciales para el mercado farmacéutico y anticipan controles de precios de llegar a la presidencia.

Joe Biden aboga por “límites duros en los precios de los medicamentos con patentes y sin competencia”, lo que significa que los cuatro candidatos principales demócratas han defendido, de alguna forma, los precios máximos propuestos por el gobierno de Trump para los tratamientos de alto costo.

El senador y precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders (Vermont) presentó un proyecto de ley para limitar de manera más agresiva los precios de los medicamentos basados en un índice extranjero de precios de referencia, un mes después de que Trump revelara su propio plan.

Cinco de los otros seis senadores que se postulan para presidente - Elizabeth Warren (Massachusetts), Kamala Harris (California), Amy Klobuchar (Minnesota), Kirsten Gillibrand (Nueva York) y Cory Booker (Nueva Jersey) - han respaldado a Sanders desde entonces.

También se percibe durante la campaña electoral de los candidatos demócratas un cambio radical con respecto a la voluntad de remover la exclusividad del mercado y la propiedad intelectual como un garrote para bajar los precios.

En los casos en que las compañías farmacéuticas no cumplan con el límite de precio promedio derivado del extranjero, el proyecto de ley de Sanders otorgaría una "licencia obligatoria" a una compañía farmacéutica rival para fabricar el mismo medicamento, introduciendo una competencia genérica instantánea, independientemente de las protecciones de exclusividad de mercado y patentes.

Cory Booker, de manera similar, ha amenazado con "incautar patentes" de las compañías farmacéuticas que incurran en abusivos aumentos de precios.

Kamala Harris ha amenazado explícitamente con utilizar los "derechos de marcha” introducidos en 1980 por las enmiendas a la Ley Bayh-Dole que autoriza al gobierno federal a extender una “licencia no exclusiva parcialmente exclusiva o exclusiva” para "licenciar la patente de una compañía farmacéutica a un competidor de menor costo".

Su plan se aplicaría a los medicamentos desarrollados a partir de cualquier investigación financiada por los contribuyentes estadounidenses a través de los National Institutes of Health (NIH) y otros organismos federales y que luego ingresan al mercado estadounidense con un precio más alto que en el extranjero.

El plan de Harris además gravaría las ganancias de los laboratorios que explotan inventos financiados con fondos públicos por encima de ese nivel de precios al 100%.

El reciente proyecto de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para regular los precios de los medicamentos es un ejemplo de cómo los demócratas suben la apuesta a la escalada de Trump contra PhRMA, la poderosa cámara de los laboratorios multinacionales.

Precisamente, Trump calificó de “genial” el proyecto de Pelosi que los legisladores republicanos torpedean por “socialista” y que difícilmente pueda conseguir la aprobación del Senado donde son mayoría.

Las propuestas demócratas dirigidas a reducir los costos de los medicamentos se han centrado en tres áreas distintas: permitir la negociación directa del seguro estatal de salud Medicare; permitir la importación de medicamentos recetados de otros países desarrollados, por ejemplo, Canadá; y fomentar la competencia de medicamentos genéricos.

Los demócratas también apoyan la prohibición de la denominada maniobra de mercado conocida como “pago por retraso” “pay for delay” utilizada por algunos laboratorios para demorar el ingreso de genéricos competidores, mediante compensaciones consideradas como anticompetitivas y que han originado investigaciones judiciales.

La Federal Trade Commission (FTC) combate esta táctica legal por la cual fabricantes de medicamentos han podido evitar la competencia al ofrecer acuerdos a las compañías genéricas para que no ingresen alternativas de menor costo al mercado.

Según un estudio de la FTC, estos acuerdos anticompetitivos le cuestan a los consumidores y contribuyentes 3.5 mil millones en costos de medicamentos más caros cada año. Desde 2001, la FTC ha presentado una serie de demandas para detener estos acuerdos, y apoya la legislación para poner fin a tales acuerdos de "pago por retraso".

Algunos candidatos demócratas incluso han expresado su apoyo cauteloso a un plan que la administración Trump presentó en julio para facilitar las importaciones de drogas canadienses en el futuro.

De hecho, los demócratas, cabalgando sobre las quejas de los estadounidenses, están compartiendo la plataforma de precios de los medicamentos más izquierdista en la historia de la política estadounidense.

Además, han reiterado su demanda de que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debe ser modificado en cuanto al período de exclusividad de los medicamentos biológicos durante diez años y proponen un máximo de ocho años.

Pero una modificación implicaría reabrir el T-MEC y reiniciar las negociaciones, algo que quiere evitar no solo el gobierno mexicano dispuesto a modificar a las apuradas su propia ley de patentes, sino también las multinacionales de PhRMA temerosas que la reapertura del debate reduzca la protección.

En el documento final del T-MEC se contempló que la patente duraría 10 años, pero los legisladores demócratas pretenden reducirlo a ocho, lo que significaría una modificación.