El Tratado de Patentes PCT es un sistema hostil para las universidades, para los institutos de investigación y para las pequeñas y medianas empresas y, en definitiva, su utilidad se concentra en diez países, afirmaron los académicos Guillermo Vidaurreta y Juan Correa.

“La mayoría países adherentes del PCT son subdesarrollados pero las decisiones se  adoptan para favorecer a las grandes empresas que son las principales beneficiarias del PCT”, coincidieron los investigadores durante el IV Seminario Internacional Propiedad Intelectual, Sociedad y Desarrollo, organizado por la Maestría en  Propiedad Intelectual de FLACSO.

Vidaurreta es subdirector del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la Facultad de Derecho de la UBA (CEIDIE), síndico del INPI y profesor de UBA y FLACSO.  

A su vez, Juan Correa, es también abogado de la UBA, investigador de CEIDIE  y de la Academia Max Planck y con una maestría de FLACSO.

Vidaurreta alertó que el PCT es “un sistema hostil para las  universidades, para los institutos de investigación y para las pequeñas y medianas empresas”,  porque requiere de un trámite que “resulta complicado y es caro porque necesita de abogados”.

Por eso, “las más prestigiosas universidades de Estados Unidos e institutos de investigación de los países desarrollados tampoco están en el PCT y el beneficio (supuesto) para las universidades no es un argumento consistente”.

Precisamente, mientras transcurría el reciente seminario en FLACSO, el diario La Nación publicó un artículo a favor del PCT de la ex senadora nacional María Eugenia Estenssoro en que acudió a científicos y emprendedores argentinos que se manifestaron deseosos de adherir al sistema.

Además de no favorecer a las universidades, Vidaurreta instaló un alerta durante el seminario de FLACSO sobre la inconveniencia de adherir al PCT porque es el camino más rápido que conduce al Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) adoptado en 2000 por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI/WIPO). O sea la ecuación sería PCT + PLT. 

El Tratado sobre el Derecho de Patentes está en debate en el Comité de Patentes de la OMPI desde el 2000 y busca armonizar los estándares mínimos para conceder una patente.

Al igualar hacia abajo, eliminaría las Guías de Patentabilidad como existen en Argentina y convertiría a las oficinas nacionales de propiedad intelectual en organismos laxos predispuestos a aceptar nuevas patentes sin exámenes rigurosos.

“El país que adhiera al PCT no tendrá excusas para no hacerlo también al PLT”, advirtió el subdirector del CEIDIE. En definitiva, “son medidas amigables para el usuario del sistema, que es abordado mas como un cliente que como solicitante, en el lenguaje coloquial de la OMPI”, señaló Vidaurreta.

Durante  su exposición, también recordó que el PCT tardó ocho años en entrar en vigencia  “porque había sido rubricado por muy pocos países”.

Desde 1970 a 1990 sumó apenas 45 miembros, pero en el 2000 ya contaba con 108 países y actualmente los adherentes son 153 con la reciente incorporación de Samoa.  

“La anomia durante 24 años y su ascenso fulgurante a partir de la década del 90 no puede ser disociado de la expansión de los derechos patentes y los tratados de libre comercio que impusieron su firma en forma obligatoria”, explicó el panelista.

PCT “no es un tratado de concesión de una patente sino de  abaratamiento en el proceso de búsqueda internacional (capítulo 1)  y un examen preliminar que es optativo.(capitulo 2)”, detalló Vidaurreta.

“El Tratado permite adherir al capítulo uno o  al capítulo uno más el capítulo dos. Todos los países que adhieren al PCT adhieren a ambos capítulos lo que advierte la dificultad  política de adherir solo al capítulo uno y además con las reformas del 2000 ya poco importa la adhesión o no al capítulo 2”, señaló.

La reforma en cuestión, del  Artículo 43.10, implicó incorporar un adelantamiento escrito sobre el patentamiento del invento durante la búsqueda internacional lo que se convierte en una medida de presión para las oficinas nacionales que deben otorgar las patentes y que en la práctica elimina el Capítulo 2, detalló el expositor de CEIDEI y FLACSO.

Sobre estas reformas, Vidaurreta recordó que el delegado de  Colombia en la OMPI durante el debate que precedió a los cambios de 2000 “advirtió que (PCT) debería limitarse a los requisitos formales y no abarcar la concesión de derechos sustantivos,  no debe desviarse del marco jurídico, o sea abocarse a la búsqueda, presentaciones de informes preliminares e información técnica”.

En cuanto al plazo de presentación de la fase nacional de la solicitud ampliado a treinta meses “los promotores del tratado lo ven como alguno bueno”, pero cuando se debatió en la OMPI “Brasil dijo que amplía la incertidumbre legal y evita que los inversores tomen decisiones hasta que se cumpla el plazo de treinta meses”.

“Esto es especialmente preocupante en el mercado farmacéutico donde demoraría el ingreso de los medicamentos genéricos”,  reforzó.

El expositor también desmontó la supuesta conveniencia del PCT para las universidades, pues las estadísticas de la OMPI de 2017 indicaron que el 84,8 por ciento de las solicitudes procedieron del sector privado, 8 por ciento de individuales,  recién en tercer lugar el 5,5 por ciento de universidades y apenas el 1,9 por ciento de institutos públicos de investigaciones.

La Universidad de California en 2017 presentó 482 solicitudes sobre el record de 375 mil solicitudes PCT de ese año. Menos aún, el MIT presentó 208, Harvard 179  y la Universidad de Texas 171.

Tampoco irradia hacia los centros académicos de la periferia, ya que siete de las diez universidades que más utilizaron el PCT fueron estadounidenses. Pero la empresa multinacional china Huawei a su vez presentó cinco veces más patentes que estas siete universidades juntas.

“La mayoría de los países adherentes son subdesarrollados pero las decisiones se  adoptan para favorecer a las grandes empresas que son las principales beneficiarias del PCT”, comparó Vidaurreta.

Además, “los organismos mas importantes como el congreso de EE.UU o la Federal Trade Comission no se mienten entre ellos y saben que el PCT no es consistente con la realidad”, afirmó Vidaurreta, con un concepto lapidario.   

En cuanto al debate en Argentina y las decisiones pendientes en el Congreso Nacional, el expositor señaló que “los diseñadores de las políticas públicas están bien informados y saben que es un tratado por y para los países industrializados que forma parte de la expansión de los derechos de propiedad intelectual. Si se adopta es por decisiones políticas”, completó.

 Juan Correa coincidió que el PCT  “no empezó fácil porque en la década del 50 ya tenía bastantes contradicciones y algunos juristas americanos consideraban que había una solución mejor a través del Convenio de Paris”.

También coincidió con Vidaurreta que “no todo actor puede ingresar al tratado y se requiere, por ejemplo, de asesoramiento y especialización de abogados”.

Pero, para la OMPI entre 70 y 80 por ciento de los ingresos anuales provienen de la administración del PCT,  “de ahí que incentiven a los países a que adhieran”.

Correa señaló que el incremento de las patentes en un país “no es por el impacto del PCT en si mismo sino por un mayor nivel gastos de I+D y por la radicación de mas empresas extranjeras en el país”.

El expositor señaló que se estima que deben transcurrir cinco años para recién acceder a una muestra del efecto del Tratado  PCT. En su caso, expuso sobre los efectos en Colombia que adhirió en el 2000, Chile y Perú que lo iniciaron en 2009.

“OMPI  pronosticó un impacto en estos países que no hubo”, recordó Correa. Acompañado de gráficos mencionó que la OMPI pronosticó que Chile recibiría 4.350 solicitudes de patentes en 2014 y solo recibió 2.894 ese año.

“Tampoco en Chile se  llegó en solicitudes al nivel anterior a la adhesión al PCT y el ciclo ha sido negativo comparado con las solicitudes radicadas de 2007”, comparó.

Los residentes en Chile son el segundo grupo solicitante de patentes “o sea que los locales son usuarios del sistema”. En Perú, en cambio, los residentes no están entre los diez primeros solicitantes de patentes.

“Esto indica que el usuario del sistema busca donde va a quedar patentada su tecnología de acuerdo a sus intereses” y por otra parte “el PCT  tampoco es el sistema de mayor confianza para empresas que prefieren la opción directa”.

En tal sentido, comparó que China representa el 17 por ciento del 20 por ciento de las solicitudes globales que ingresan por el PCT.

En Perú hubo una caída brutal de solicitudes de patentes en los dieciocho meses posteriores al ingreso al Tratado  y  “nunca se llegó a los niveles de solicitudes precedentes a la adhesión al PCT”

En cuanto a los beneficiarios, fueron solicitantes extranjeros y solo el 7 por ciento de los locales licencian patentes al exterior.

Correa recordó que el académico colombiano Oscar Lizarazo Cortés estudió los efectos del PCT en su país y demostró que Colombia incrementó la concesión de patentes del 20 al 50 por ciento y en 2014 se convirtió en la tercera oficina de patentes más rápida del mundo.

Sin embargo, no siempre es una cuestión de eficacia sino de laxitud como se sospecha del modelo colombiano. Estados Unidos, por ejemplo, pese también a su laxitud concede un promedio de 1.600 patentes anuales de las 6000 solicitadas por el sistema PCT.

“La laxitud de los criterios es lo que una oficina nacional de patentes va recibir a través del sistema PCT”, advirtió el investigador.

Correa alertó que el modelo colombiano también puede ser un “engaño” porque en ese país “se consideran como patentes los modelos de utilidad que no necesariamente ingresan al sistema PCT”.    

El expositor afirmó que “desde la evidencia empírica de las oficinas nacionales de patentes”, el PCT tiene 153 adherentes (con Samoa) pero “lo usan solo diez”.

“El PCT seguramente tendrá beneficios, pero tenemos que preguntarnos para quien”, propuso al auditorio.

Además, treinta meses de plazo para tramitar la solicitud “es un bloqueo a la investigación mientras los solicitantes revisan sus inversiones”, analizó.

“Los países en desarrollo no son usuarios del sistema y la adhesión no produce un escenario más favorable para la transferencia de tecnología”, mencionó entre las conclusiones.

Pero el PCT aún está con vida porque “el sector farmacéutico es el más interesado en proteger sus patentes en los países latinoamericanos”, completó.

Debate completo:
https://www.youtube.com/watch?v=xs47lGxxK0A&list=PLJ0FgGvLVKgpTsufmbgE3A8ChsUp-NFPS&index=3