La reactivación del Programa Remediar que implicará consumo para el mercado interno y el impulso a la fabricación privada de biosimilares, que puede desatar una nueva batalla por las patentes, son dos de los ejes prioritarios de la política sanitaria y de economía de la salud que impulsará el gobierno de Alberto Fernández. 

El Programa Remediar se reactivará apenas asuma Fernández la presidencia y casi con seguridad Ginés González García en el ministerio de Salud, escoltado por el sanitarista y discípulo Arnaldo Medina.  

El “casi” es porque oficialmente el nuevo ministro de Salud será anunciado en unos días y en cuanto al nuevo Remediar lo anunciará el mismo día que asuma o en los días posteriores.

El  Programa Remediar, el mascarón de proa de la gestión de González García entre 2002 y 2007, está siendo estructurado desde el llano con la participación de farmacéuticos experimentados en la atención de poblaciones aisladas y necesitadas del interior del país, que podrían compartir el trabajo de campo o asumir además la gestión.

El programa de biosimilares apunta a bajar el costo de los medicamentos de alto precio que están desguazando la salud pública, desde Argentina a Estados Unidos.

“Así como en 2002 la pelea fue por los genéricos, ahora se viene la pelea por los biosimilares”, afirman desde el entorno del ministro. La diferencia es que la Ley de Prescripción de Genéricos fue revulsiva para el conjunto de la industria, mientras que biosimilares implica la disputa del mercado con los biológicos con patentes monopólicas de las multinacionales.

Activar la producción local de medicamentos biosimilares figura en el Programa de Salud del Frente de Todos presentado antes de las elecciones y los voceros del frente adjudican esa mención tan específica al empresario Hugo Sigman del Grupo Insud (Elea Phoneix).

Precisamente, el Grupo Insud Elea inaugurará la nueva planta de biosimilares  en Pilar entre marzo y abril venidero y ya hay quienes imaginan la foto de la inauguración con Sigman y Fernández codo a codo.

También en virtud de este proyecto, la designación del futuro titular de la ANMAT es parte de una negociación con el gobernador Juan Manzur y Sigman, ambos amigos desde los tiempos en que el tucumano fue ministro de Salud y le concedió el monopolio de la vacuna de la gripe A en Argentina.

Sigman además fue habitué del entorno íntimo de la presidencia Cristina Fernández y consiguió a través de ella que en octubre de 2014 fuese desplazado Carlos Chiale de la conducción de la ANMAT en momentos en que Elea buscaba la aprobación del primer biosimilar para el cáncer del pulmón y el funcionario –que volvió con Macri- demoraba su aprobación.

González García tiene su candidato para la ANMAT que es Manuel Limeres, quien ya ocupó el cargo de interventor del organismo entre enero 2002 y febrero de 2008, o sea acompañó al entonces ministro durante toda su gestión. Pero ahora aparece como segunda opción.

González García hubiese querido también consolidar una política sanitaria única absorbiendo bajo su gestión al PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), al margen de los organigramas con funcionarios de su entorno.

Pero tendrá que esperar. Al PAMI la candidata a voces es la joven economista Luana Volnovich procedente de la Cámpora y la SSS será gestionada por dos funcionarios procedentes de la obra social UP de UPCN de Andrés Rodríguez.  “Es una concesión a la dirigencia de la CGT”, que históricamente reclama el control del organismo que a su vez controla a las obras sociales sindicales.

Uno de los designados para la SSS es un abogado de sólidos antecedentes en el ambiente, como para lidiar con la judicialización de las obras sociales que se ha convertido en un azote.

Precisamente, Rubén Torres, mano derecha de González García y Rector de la Universidad Isalud ocupará la presidencia de la futura Agencia Nacional de Evaluación de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias, varios años demorada pero que también figura en el programa del Frente de Todos.

En cuanto al programa para las obras sociales hay una mirada coincidente, al  margen de la procedencia de los futuros funcionarios pues el programa del Frente de Todos dice explícitamente que se modificarán “las normas que permiten los traspasos (libre elección) entre afiliados de obras sociales, para evitar la selección de beneficiarios por su menor riesgo y garantizar la calidad y la equidad del sistema”. O sea, clausurar el “descremado” de las obras sociales sindicales.

En la provincia de Buenos Aires, de no mediar cambios de último momento, en breve se anunciará como ministro de Salud a  Daniel Gollán, ex ministro de Salud de la Nación con Cristina Fernández.

Gollán será secundado por Nicolás Kreplak, quien ya lo acompañó en Nación y ambos son referentes de la corriente Soberanía Sanitaria y del Instituto Patria. Algunos sugieren que incluso se pueden invertir los apellidos, pero “el orden de los factores no alterará el producto”.