El laboratorio israelí Teva acordó pagar una indemnización de 54 millones de dólares en Estados Unidos para cerrar la denuncia sobre el pago de sobornos a los médicos de ese país, con la finalidad de aumentar la prescripción de sus medicamentos Copaxone y Azilect.

El acuerdo fue rubricado en un juzgado de la ciudad de Filadelfia y fue anunciado por el abogado Eric L. Young, representante legal de dos ex visitadores médicos del laboratorio que en Estados Unidos están encuadrados como “agentes de venta”.

Charles Arnstein y Hossam Senousy, quienes anteriormente trabajaron como representantes de ventas para TEVA, denunciaron ante la justicia que eran obligados a sobornar a los médicos mediante pagos encubiertos por servicios profesionales inexistentes. 

La denuncia se inscribió en el procedimiento conocido como Qui Tam, que es una de las armas del sistema de justicia de Estados Unidos para combatir el comportamiento fraudulento de empresas o corporaciones que cometen fraude contra el gobierno.

Las acusaciones en el procedimiento Qui tam se centraron en un esquema para inducir a los médicos a prescribir recetas para los medicamentos Copaxone y Azilect, pagándoles honorarios como "oradores" o "consultores", cuando, en realidad, muchos de los contratos en cuestión eran para eventos falsos.

Como resultado de los pagos de TEVA, los médicos recetaron Copaxone, que trata la esclerosis múltiple recurrente-remitente, y Azilect, que trata los síntomas de la enfermedad de Parkinson, e influyeron en otros prescriptores para que hicieran lo mismo, explicó el abogado Eric L. Young.

Según la denuncia, los médicos que participaron en los supuestos eventos profesionales organizados por Teva prescribieron recetas por los dos medicamentos que se despacharon en farmacias de todo el país.

Después de dispensar las recetas, las farmacias presentaron reclamos de reembolso a varios programas de atención médica financiados por el gobierno.

Los reclamos de las farmacias resultaron en reembolsos por parte del gobierno por recetas presuntamente inducidas por fraude, es decir, presuntos pagos ilegales de TEVA a médicos que escribieron las recetas.  

“Dado que las acciones de TEVA supuestamente causaron la presentación de reclamaciones falsas al gobierno a través de las farmacias dispensadoras, esas acciones constituyeron violaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas ("FCA"), 31 USC §§ 3729-3733”, explicó el abogado.

La demanda también alegaba violaciones del Estatuto Antisobornos (AKS en sus siglas en inglés) que prohíbe ofrecer dinero a personal médico a cambio de la recomendación de los productos o servicios a los pacientes cubiertos por los programas médicos del gobierno federal, incluyendo Medicare / Medicaid. (42 USC § 1320a-7b.

El AKS se modificó en 2010 para declarar explícitamente que "un reclamo que incluye artículos y servicios resultantes de una violación de [el AKS] constituye un reclamo falso o fraudulento a los fines de [el FCA]". 42 USC § 1320a-7b (g).

El estudio de abogados McEldrew Young presentó la demanda original de Qui Tam en mayo de 2013 en nombre de los dos ex agentes de ventas o visitadores médicos de la multinacional israelí.

Entre los testimonios, los dos ex empleados de la compañía aseguraron que desde 2003 Teva repartía honorarios falsos a médicos por programas de divulgación también inexistentes, que eran sobornos disfrazados para que recetaran los medicamentos Azilect y Copaxone.

"Aunque nos enfrentamos a un adversario de tamaño desproporcionado y recursos considerablemente mayores, nos mantuvimos firmes y procesamos el caso agresivamente en base a nuestra creencia en nuestros clientes y la corrección de nuestra posición", enfatizó Eric Young , socio gerente de McEldrew Young.

"Este acuerdo ayuda a garantizar que cuando un médico elige un medicamento recetado para su paciente, esa elección estará motivada únicamente por los mejores intereses del paciente y no se verá empañada por consideraciones financieras inapropiadas", afirmó Eric Young al anunciar el acuerdo al que llegó con TEVA, desde las escalinatas de los tribunales de Filadelfia.

Young agregó que "nos inspiró el nivel del compromiso de nuestros clientes de responsabilizar a TEVA por su presunta mala conducta. El resultado de hoy también es una victoria para los contribuyentes estadounidenses que son las víctimas finales cuando individuos y compañías sin escrúpulos defraudan al gobierno, a menudo con impunidad."

Los antiguos representantes de ventas Charles Arnstein y Hossam Senousy demandaron a la compañía en 2013, alegando fueron obligados a participar de un programa para pagar a los médicos sobornos a través de honorarios por eventos que no fueron educativos o directamente no existieron y solo sirvieron como conducto para recompensar a los médicos que recetaban sus drogas.

El Departamento de Justicia se negó a intervenir en la demanda y los denunciantes procedieron por su cuenta.

Teva intentó que se rechazara la demanda, pero la jueza Colleen McMahon del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, negó su moción de juicio sumario en febrero de 2019.

El tribunal encontró que los manuales de cumplimiento por escrito de Teva contenían "todo el lenguaje correcto" sobre como debían comportarse sus agentes de venta, pero eso no significaba que la compañía siguiera sus propias pautas, advirtió la jueza principal del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Mientras tanto, Teva acordó pagar 85 millones de dólares para escapar de un juicio de opioides en Oklahoma y ha ofrecido miles de millones de dólares en medicamentos gratis para resolver una gran parte de los litigios de opioides en todo el país, pero hasta ahora no se ha llegado a un acuerdo.

Teva también resolvió demandas de opioides de dos condados de Ohio por 20 millones de dólares más 25 millones en medicamentos gratis.

El laboratorio israelí Teva, acordó en diciembre de 2016 con el Departamento de Justicia pagar una multa de 519 millones de dólares para cerrar procesos en Estados Unidos por sobornos pagados en México, Rusia y Ucrania.

A su vez Johnson & Johnson aceptó pagar una indemnización de 2 millones de dólares a la paciente Linda O’Hagan, radicada en el Estado de California, víctima de mesotelioma, un rato tipo de cáncer adjudicado al talco de uso íntimo del laboratorio estadounidense.

Johnson & Johnson y sus abogados se han defendido con firmeza contra miles de demandas que reclaman daños por su talco en polvo, pero a comienzos de enero anunció que aceptaba un acuerdo con la demandante.

El juicio comenzó a principios de diciembre, y el juez del condado de Alameda, Stephen Kaus, difundió el 6 de enero el acuerdo. 

Una portavoz de J&J anunció a la agencia Bloomberg que "en litigios de cualquier naturaleza hay situaciones puntuales en las que el acuerdo es una alternativa razonable".

El movimiento de la compañía para llegar a un acuerdo no cambia la "posición general de J&J de que nuestro talco es seguro, está libre de asbesto y no causa cáncer", agregó. El fabricante de medicamentos declinó comentar por qué resolvió el caso de Linda O’Hagan.

La mujer de 61 años es originaria de Irlanda y se mudó a Estados Unidos en 1991. La evidencia en el caso indicó que había usado talco para bebés de J&J durante décadas.

El monto del acuerdo es una pequeña fracción de la indemnización más grande judicializada, que llegó a 4.7 mil millones de dólares y cubrió a 22 demandantes.

J&J enfrenta cerca de 16.800 demandas alegando daños por talco, y cada veredicto que ha pasado por el proceso de apelaciones ha sido revocado, aseguró una portavoz del laboratorio a Bloomberg.

Los jurados de los últimos cuatro juicios se pusieron del lado del fabricante de drogas, dijo la portavoz de J&J. Pero el año pasado también hubo cinco fallos en contra.

También el lunes 6 de enero, un juez estatal en el condado de Solano de California desestimó las afirmaciones de una mujer de que el polvo de bebé contaminado le causó cáncer después de descubrir que no tenía evidencia que mostrara que el talco que usaba estaba específicamente mezclado con asbesto.

"La mera inferencia de que un producto de talco podría contener asbesto no crea un problema confiable", concluyó la jueza Wendy Getty.

J&J ha optado por defenderse de la mayoría de las demandas en los tribunales, pero resolvió mediante negociaciones tres casos de mesotelioma el año pasado en los tribunales estatales de California, Nueva York y Oklahoma, dijo a Reuters un abogado de las demandantes.

En medio de los litigios sobre el talco, la reputación de J&J ha caído al penúltimo puesto entre las compañías farmacéuticas, informó la consultora de reputación Alva en octubre pasado. En 2014, la compañía había estado entre las 10 mejores de la industria farmacéutica estadounidense.