Los estados miembros de la Unión Europea y decenas de OnGs han comenzado a movilizarse para que la 73 Asamblea Mundial de la Salud apruebe en forma rápida la creación de un paquete de patentes liberadas de medicamentos, vacunas y tecnología para combatir la pandemia, en sintonía con la propuesta original de Costa Rica.

La próxima Asamblea Mundial de la Salud está prevista para el 18 de mayo y será la primera en la historia que se realizará con la participación virtual de 130 países.

La propuesta origina de crear un grupo voluntario de patentes de nuevas tecnologías sanitarias COVID 19 surgió de Costa Rica en una carta enviada al Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en marzo pasado, y rápidamente consiguió el apoyo de decenas de asociaciones de la sociedad civil, de los gobiernos de Países Bajos y España.

La iniciativa, finalmente, ha prendido también en la UE que lanzó consultas mundiales en línea con los estados miembros de la OMS con la esperanza de cerrar un acuerdo sobre la resolución antes de la Asamblea Mundial que facilite su rápida aprobación.

Tras la propuesta original de Costa Rica, la UE primero presentó el proyecto de resolución sobre el conjunto de patentes COVID-19 a la Asamblea Mundial de la Salud (WHA en sus siglas en inglés) hace dos semanas.  Las OnGs básicamente acompañan la resolución europea, pero también expresaron algunas discrepancias sobre el alcance de sus objetivos.

El proyecto de resolución presentada por la UE insta a los Estados miembros a "trabajar en colaboración a nivel internacional para desarrollar, probar y producir diagnósticos, medicamentos y vacunas seguros, efectivos y de calidad para la respuesta COVID-19, y para facilitar el acceso equitativo y asequible de las personas a ellos, incluso mediante la agrupación voluntaria de su propiedad intelectual para todas las intervenciones médicas relacionadas con COVID-19, bajo el liderazgo de la OMS".

Además, la Comisión Europea organizará una recaudación de fondos que tiene como objetivo conseguir donaciones por 7.500 millones de euros para apoyar el amplio acceso a los productos de salud COVID-19, así como para apoyar los esfuerzos de la OMS para coordinar y liderar la respuesta a la pandemia.

“Las negociaciones a puerta cerrada intentarán llegar a un acuerdo pulido sobre los temas controvertidos asociados con el acceso a los medicamentos y los derechos de patente, para evitar transmitir públicamente las disputas durante la WHA”, publicó el sitio especializado Health Policy Watch.

Por las características y las limitaciones de la próxima asamblea, está previsto que dure apenas un día y que las votaciones no se dilaten en demasía.

En la 73ª sesión de la Asamblea Mundial, además se elegirán diez nuevos miembros del órgano rector de 34 miembros de la OMS, anticipó la publicación.

"La actual pandemia de COVID-19 y las restricciones de salud pública relacionadas impiden la viabilidad de celebrar las reuniones del cuerpo directivo programadas para mayo de 2020 en su formato tradicional”, como así tampoco abordar los sesenta puntos que estaban agendados, afirma un extracto del borrador de la propuesta para la reunión de la Asamblea Mundial, obtenido por Health Policy Watch.

"Al mismo tiempo, convocar a 73 Asamblea Mundial en mayo brindará a los Estados miembros la oportunidad de abordar colectivamente el problema de salud global más apremiante en un momento de crisis y construir de manera efectiva la solidaridad global y fortalecer la respuesta", propone el borrador de la convocatoria.

La resolución europea también insta al Director General de la OMS que elabore un plan para lograr el acceso equitativo a los productos de salud COVID-19, en consulta con los Estados Miembros, el Secretario General de las Naciones Unidas, como así de "organizaciones internacionales relevantes, incluidas la OMPI, GAVI (Alianza de Vacunas), UNITAID, el Fondo de Patentes de Medicamentos, CEPI (Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias),  el Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y UNICEF".

En esa dirección se acordó una colaboración mundial entre la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea y otras organizaciones como la Fundación Bill y Melinda Gates, denominada Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, para acelerar el desarrollo de diagnósticos, medicamentos y vacunas contra la COVID-19 y asegurarse de que serán accesibles para todos los países.

El grupo de patentes, cuyo objetivo es compartir cualquier información, datos o derechos de propiedad intelectual (DPI) para innovaciones, permitiría la producción competitiva y rápida de las tecnologías necesarias, y por lo tanto supuestamente aumentaría su asequibilidad.

Las asociaciones de la sociedad civil también han acogido la iniciativa en general pero algunas han criticado que la propuesta necesita ser fortalecida considerablemente para darle trascendencia en la práctica.

En particular, Médicos Sin Fronteras (MSF), Iniciativa de Drogas para Enfermedades Olvidadas (DNDi), Health Action International (HAI) y Knowledge Ecology International (KEI): todos los grupos de la sociedad civil en "relaciones oficiales" con la OMS, han presentado comentarios a la UE y sus estados miembros sobre la resolución presentada a la WHA, haciendo algunas recomendaciones clave con respecto al borrador.

Sus enmiendas apuntan a fortalecer las disposiciones clave en torno al papel de liderazgo de la OMS; la definición específica de los derechos de propiedad intelectual que se agruparán; financiación de "compras" gubernamentales de derechos de patentes esenciales sobre productos existentes; y "recompensas de entrada al mercado" u otros incentivos financieros para los innovadores que acceden abiertamente a nuevos medicamentos o vacunas; y transparencia de precios para estos productos.

Entre los puntos claves, propusieron:

Definición de los derechos de propiedad intelectual que se deben agrupar, que deben incluir datos de pruebas reguladoras, conocimientos, líneas celulares y otros recursos biológicos, derechos de autor, planos y diseños para la fabricación de pruebas de diagnóstico, dispositivos, medicamentos o vacunas.

Creación de un fondo de recompensa de innovación u otros incentivos de entrada al mercado, para compensar a los innovadores que crean productos de código abierto.

Una base de datos de los precios pagados por COVID-19 de diagnóstico, medicamentos y vacunas y de las contribuciones públicas a nuevos productos de I + D.

La propuesta de KEI también exige una referencia más explícita a otras vías legales existentes que pueden facilitar el acceso a la terapéutica, en particular, las llamadas " flexibilidades de los ADPIC” creadas por la Organización Mundial del Comercio, en la Declaración de Doha.

Estas flexibilidades proporcionan mecanismos, como licencias obligatorias, que los países pueden usar legalmente para producir o importar productos de salud patentados a un precio reducido cuando exista una necesidad justificable.

La OMS también podría recibir el mandato de ayudar a desarrollar la capacidad de propiedad intelectual de los Estados Miembros para garantizar que hagan un uso más eficaz de las "flexibilidades" de los ADPIC y obtengan un acceso oportuno y asequible a las tecnologías, sugirió KEI."La OMS podría organizar una serie de talleres virtuales para compartir experiencias y mejores prácticas sobre diversos aspectos técnicos y prácticos de las licencias obligatorias y otros temas relacionados [como] la infracción de patentes", incluye la propuesta de KEI.

Health Action International (HAI), con sede en los Países Bajos, también emitió una declaración, elogiando el borrador de la propuesta de la UE, aunque también recomendó que la OMS realice un estudio de viabilidad del conjunto de patentes propuesto.

Mientras la Asamblea Mundial de la Salud se prepara para debatir el Proyecto de Resolución de la UE, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha dicho que la ley de propiedad intelectual no es la barrera clave para acceder a medicamentos esenciales, y romper los principios de la ley de patentes podría "desincentivar la innovación".

La declaración de la OMPI argumenta que el desafío político clave en este momento es la ausencia total de terapias comprobadas para COVID-19, así como la capacidad limitada de fabricación de equipos médicos esenciales, o incluso las cadenas de suministro interrumpidas.

"El principal desafío político es alentar la innovación que puede conducir a una vacuna y tratamientos y curas, así como la innovación que ayuda a gestionar la crisis", aseveró la OMPI.

"En la actualidad, cabe señalar que no parece haber ninguna evidencia de que la PI sea una barrera para el acceso a las vacunas, ni a los tratamientos o curas", insistió.

Como la industria farmacéutica aporta más del 70% de la financiación para I + D, la OMPI también señala que las iniciativas centradas en el acceso, especialmente en esta etapa, podrían incluso dañar el incentivo del sector privado para innovar.

"Enfocarse en el acceso, en lugar de alentar la innovación necesaria, en esta etapa, puede no solo representar un malentendido de la secuencia de la innovación y el acceso, sino también crear un desincentivo para la inversión en la innovación necesaria ", confrontó la OMPI.

La declaración también parece disentir de las medidas legislativas recientes que varios países han tomado, como Israel, Alemania, Canadá, Chile, Colombia y Ecuador, para promover el acceso de emergencia a posibles tecnologías COVID-19 al facilitar el uso de licencias obligatorias, así como otras flexibilidades legales permitidas por los ADPIC.

La evaluación de la OMPI “tampoco reconoce la enorme inversión del sector público en I + D, incluidos los posibles medicamentos contra el coronavirus”, replicó Yuanqiong Hu, Asesor Jurídico y Político Principal de la Campaña de Acceso de Medicamentos de MSF, en una entrevista con Health Policy Watch.

“La I + D para remdesivir [un candidato antiviral para COVID-19] fue financiada casi en su totalidad por el gobierno y realizada por científicos universitarios y asociados. No se puede afirmar que las iniciativas de I + D como remdesivir son financiadas principalmente por el sector privado ", subrayó.

Precisamente, 150 organizaciones sociales y activistas de todo el mundo, entre los cuales participa Fundación GEP de Argentina, ya le han enviado una carta conjunta a Gilead Sciences, para que se abstenga de reclamar los derechos exclusivos sobre el remdesivir.