La capacidad de producción global de medicamentos y vacunas COVID 19 no está garantizada para todos y mientras los países desarrollados acaparan por anticipado, los países en desarrollo podrían quedar relegados a una extensa lista de espera, advirtió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

La advertencia fue formulada por Christoph Spennemann, jefe de La Unidad de Propiedad Intelectual de la UNCTAD, y James Zhan, director senior de Inversión y Empresa de la UNCTAD, al lanzar un llamamiento al sistema de las Naciones Unidas, los gobiernos, la industria y los inversores internacionales “para crear una nueva y audaz asociación” que garantice un acceso equitativo a la futura vacuna COVID 19.

Una vez que esté disponible un tratamiento o vacuna para COVID-19, es probable que la demanda masiva supere el suministro de manera aún más rápida y visible, “con enormes consecuencias para la equidad en salud”, alertó el jefe de PI de la UNCTAD.

“Por lo tanto, aumentar la capacidad productiva local se convierte en una necesidad para garantizar la seguridad de la salud pública”, enfatizaron los funcionarios de la UNCTAD.

La pandemia puso en evidencia que “la comunidad internacional carece en gran medida de una estrategia integral sobre cómo garantizar el eslabón perdido entre I + D y distribución, es decir, la fabricación a gran escala”, analizaron.

Ese eslabón perdido de la cadena de comercialización quedó en evidencia durante las primeras semanas de la pandemia cuando hubo una sórdida puja comercial, escasez e intentos de acaparamiento de máscaras faciales, guantes, batas hospitalarias y barbijos, que en muchos casos como en Argentina o España, por ejemplo, demandaron de vuelos especiales a China, para obtenerlos directamente de sus fabricantes.

Según la UNCTAD, el 40% del mercado mundial de equipos de protección personal (EPP) es suministrado por fabricantes de solo tres países. También enumeró que “al menos 47 países han implementado una o más medidas que afectan las exportaciones de productos o subproductos utilizados en la respuesta de salud pública a COVID-19”.

A partir de la pandemia, muchos gobiernos, incluso de países industrializados, han descubierto que “la industria farmacéutica mundial depende demasiado de los proveedores en un número muy limitado de países, y una producción de ingredientes farmacéuticos activos (API) más diversificada podría aumentar la seguridad sanitaria general”, subrayaron los autores.

Spennemann se sumó al pedido de agrupar voluntariamente los derechos de propiedad intelectual de medicamentos y vacunas contra la pandemia “para poder cumplir con los compromisos de gran alcance ya asumidos por la comunidad mundial en la Asamblea Mundial de la Salud y para estimular la I + D”.

“Necesitamos actuar con urgencia. Para las vacunas, por ejemplo, The Economist señala que la producción mundial de vacunas, que actualmente supera las cinco mil millones de dosis al año, no será suficiente para satisfacer la nueva y masiva demanda”, reclamó Spennemann.

En cambio, “diversificar las fuentes de producción farmacéutica podría ser de particular valor para el suministro de ingredientes farmacéuticos activos (API)”.

Al mismo tiempo advirtió que “la reutilización de las instalaciones existentes no es una solución: esto no siempre es factible y también reduciría la capacidad de fabricar vacunas regulares para abordar enfermedades potencialmente mortales como el sarampión y la poliomielitis”.

“Necesitamos evitar un escenario en el que los países pobres se queden atrás y esto requiere nuevas alianzas industriales, fabricación paralela por parte de múltiples empresas en múltiples ubicaciones y enfoques creativos de la propiedad intelectual para garantizar la rápida disponibilidad de nuevas tecnologías para la producción de alto volumen”, sintetizó.

Ante ese nuevo escenario “es fundamental participar en asociaciones globales entre gobiernos, productores locales, socios de desarrollo e inversores internacionales y titulares de tecnología”, propuso Spennemann.

También, es cierto, que “algunos países han logrado establecer una industria farmacéutica o de vacunas local que puede cumplir con los estándares internacionales de calidad. Otros países apoyan activamente el desarrollo de su industria farmacéutica nacional para garantizar la seguridad de la salud pública. Y muchos países más deberían poder participar en la producción de equipo de protección personal que es igualmente vital en la batalla de COVID-19”.

James Zhan, director sénior de Inversión y Empresa en la UNCTAD, admitió que para cumplir estos objetivos no alcanza con las decisiones políticas y menos condicionadas por la coyuntura, pues se requiere de capital, tecnológica y personal capacitado y entrenado en farmacología y biotecnología.

Zhan enumeró que en muchos países los estándares de fabricación son deficientes y otros tienen pequeños mercados y demanda inestable que desalienta la inversión privada, ya sea local o extranjera.

Sin embargo, en el contexto de COVID-19, las agencias de promoción de inversiones podrían reunir un "cuerpo gris" de ingenieros retirados de países avanzados dispuestos a ofrecer su asistencia, propuso Zhan.

Y las oficinas nacionales de patentes “deben promover la comprensión científica de las tecnologías relevantes para COVID-19 en patentes que ya no son válidas o que han sido abandonadas por sus titulares, como la patente de AbbVie sobre el medicamento combinado antirretroviral Kaletra)”, completó Zhan, que entre otros cargos preside la Junta de Gobierno de la Iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles de la ONU (con las principales bolsas de valores del mundo como miembros).