La industria farmacéutica estadounidense (PhRMA) acusó al presidente Donald Trump de forzar una “socialización” de precios, después de que el mandatario anunciara que los laboratorios de su país tienen tiempo hasta el 24 de agosto para adaptar sus valores internos en similitud con otros mercados desarrollados.

PhRMA, el poderoso lobby empresario del sector, acusó a Trump de “dificultar” la lucha contra el coronavirus al permitir que gobiernos extranjeros “fijen el precio” de los medicamentos en Estados Unidos y Pfizer amenazó con recortar empleos en territorio norteamericano.

Trump firmó tres decretos (órdenes ejecutivas) para bajar el precio de los medicamentos que ya envió al Congreso de Washington y que permiten las importaciones directas, ofrece descuentos para la insulina y elimina reembolsos para la seguridad social.

Los analistas han señalado que las ideas no son en realidad novedosas, incluso algunas ya han sido alentadas por los demócratas, pero no está claro cómo se aplicarán las propuestas.

Pero, el punto clave para los grupos de la industria farmacéutica es un plan para vincular los precios de los medicamentos en Estados Unidos los de otros países, que el presidente le puso una fecha terminante: 24 de agosto.

Trump reveló que la cuarta orden ejecutiva se enfoca en exigirles a las farmacéuticas estadounidenses un precio para los medicamentos adquiridos por el gobierno de su país. equivalente al ofrecido a países industrializados.

"La cuarta orden la vamos a retener hasta el 24 de agosto, con la esperanza de que a las farmacéuticas se les ocurra algo que reduzca sustancialmente el precio de los fármacos”, anticipó Trump durante una ceremonia en la Casa Blanca.

Un portavoz de PhRMA refutó que “el plan del presidente para importar políticas de sistemas de atención médica socializados en el extranjero está interrumpiendo nuestro trabajo [en las terapias COVID-19] y desviando nuestro enfoque de esos esfuerzos que salvan vidas".

BIO coincidió que la adaptación de precios a un esquema comparativo con países europeos donde el sistema de salud es público y con tendencias a la socialización “dañaría más a nuestros miembros y podría socavar los esfuerzos en innovación”.

Pfizer anunció podría recortar empleos y repensar los planes de expansión, si se cumple “la orden radical” de Trump, según avisó su CEO Albert Bourla.

Según una transcripción de la conversación telefónica publicada por The Motley Fool, Bourla amenazó: “El índice de precios internacionales es radical. No solo [está] imponiendo la medicina socializada a Estados Unidos, también creará incertidumbre y podría conducir a la pérdida de empleos".

El primer decreto de Trump obliga a los centros de salud calificados a que “transfieran descuentos masivos en insulina y epinefrina” a los estadounidenses de bajos ingresos.

El segundo decreto facilita la adopción de planes estatales para la importación de ciertos medicamentos y “autoriza la reimportación" de productos de insulina fabricados en Estados Unidos.

El presidente en sus decretos también prohíbe “acuerdos secretos entre los fabricantes de medicamentos y los intermediarios del administrador de beneficios de farmacia”,

Trump insistió que los laboratorios tendrán tiempo hasta el 24 de agosto para ofrecer también en Estados Unidos “el precio más bajo disponible en países económicamente comparables”.

"El reloj empieza a contar ahora mismo, así que, el 24 de agosto, a las doce en punto, antes de que la orden sobre Naciones Favorecidas entraría en vigor", advirtió el presidente que se postula a la reelección en noviembre.

Las tres disposiciones han sido despachadas para revisión en el Congreso, sin posibilidad de ser rechazadas, pero sí de ser alteradas si hay consenso entre republicanos y demócratas.

El medio digital Político de Washington DC informó que los principales grupos de presión de la industria, PhRMA y BIO, se negaron a enviar a sus directivos a una audiencia en la Casa Blanca para negociar la reducción de los precios internos y dejaron plantados a sus interlocutores.