La crisis pospandemia podría ser mortal para muchos prestadores de salud que se encontrarán con escasas posibilidades de sobrevivir en un sistema seriamente dañado por los gastos de financiamiento de los tratamientos COVID 19, la caída de la recaudación de las obras sociales y la merma de afiliados a las empresas de medicina privada.

“¿Vamos a sobrevivir?, ¿Vamos a recuperar las inversiones?”, se preguntó Mario Lugones fundador y presidente de la Fundación Sanatorio Güemes, durante un zoom patrocinado por laboratorio Abbvie sobre “Aprendizajes del sector privado”, durante la pandemia.

Una de las conclusiones de Lugones, profesor universitario e investigador de sistema de salud y seguridad social, es que muchos sobrevivirán quizás con muletas “pero muchos prestadores van a desaparecer”.

 Lugones resaltó que el Sanatorio Güemes saldrá de la pandemia “con un buen prestigio médico” por la atención médica eficiente y adaptada a las contingencias que proporcionó a partir de marzo cuando se declaró la cuarentena y los cambios se introdujeron en una carrera contra el reloj.

Pero, así como el sanatorio cosechará elogios de los profesionales, “también saldrá dañado en lo financiero”, anticipó.

Lugones también pronosticó “vamos a tener que pasar cuellos de botella” a partir de enero, pues los subsidios del gobierno para pagar parcialmente los salarios de los sanatorios y clínicas a través de los ATP, están previstos hasta diciembre.

“Este es un sistema subsidiado con ATP y en enero volveremos a un sistema como el anterior, cuando se facturaba por las prestaciones a las obras sociales, pero habrá de noventa a ciento veinte días de transición desde que se termine el subsidio a que se pueda facturar y cobrar a las obras sociales y ese sería el ultimo cuello de botella”, pronosticó.

Al mismo tiempo, las obras sociales han caído en su recaudación y las prepagas tampoco pueden aumentar sus cuotas porque también reciben subsidios ATP, analizó.

Lugones, miembro del comité de crisis de la Cámara de Entidades Prestadoras de Salud (CEPSAL), que interactúa con los ministerios de Salud de Nación y de la CABA, resaltó “la excelente relación con ambos” durante la pandemia.

En cuanto al aprendizaje al que debieron zambullirse a partir de marzo, aceleró los tiempos de la telemedicina y de la búsqueda de proveedores nacionales para quebrar la especulación de las primeras semanas o porque las importaciones de insumos desde China corrían el riesgo de ser decomisadas en sus escalas en Francia y Estados Unidos, recordó.

Por ejemplo, comentó que a comienzos de año los barbijos costaban dos pesos por unidad y en marzo aumentaron a sesenta pesos “al contado, con el camión de culata o no entregaban”.

Es así que debieron pagar de contado 10 millones de pesos por una entrega de barbijos. No fue de culata con un camión de caudales, pero si con un cheque “o no entregaban”.

Los camisolines demandaron dos compras de 21 millones y 14 millones de pesos, respectivamente, a comienzos de abril. Encima hubo entregas de camisolines sin el gramaje recomendado o con fallas de origen.

En la necesidad de superar la escasez y los abusos de mercado, “encontramos un proveedor que se puso a trabajar con nosotros en camisolines lavables y forrados de tela de avión reutilizables con los cuales bajamos los costos a 30 pesos por camisolín por día”, explicó.

“Si no se hubiese conseguido todo esto, el sanatorio hubiese quebrado por el costo del equipamiento al personal médico”, reforzó Lugones.

El Sanatorio con 3.500 empleados “tomó la política de no suspender a nadie”, pero los médicos de más de sesenta años fueron enviados a sus casas desde donde aportaron mediante las herramientas virtuales y los trescientos residentes del Hospital Escuela debieron suspender las clases.

En ese contexto, Lugones resaltó la “predisposición del personal a realizar otros roles, por ejemplo, el jefe de dermatología tomaba la fiebre a la entrada”.

Al mismo tiempo, se instrumentaron “las recorridas virtuales a los pacientes en vez de presenciales con una sola persona que ingresaba a las salas y habitaciones de internación”, en vez de los habituales equipos de cuatro o cinco profesionales.

Otro de los cuellos de botella que mencionó Lugones es el costo de los medicamentos para los pacientes COVID graves que requieren relajantes musculares (Atracurio Pancuronio y Propofol) que tienen un costo de 40 mil a 59 mil pesos por día.

“Toda fue una logística de aprendizaje porque no teníamos nada preparado” y, por el contrario, “nunca bajamos la cantidad y la calidad de las prestaciones a los pacientes que entre marzo y agosto superaron las 45 mil consultas por guardia y de las cuales 26 mil (43 por ciento) correspondieron a otras patologías diferentes al COVID”.

Sin embargo, el Sanatorio Güemes no se salvó de las falsas noticias tan contaminantes como el virus en los medios de comunicación: “se dijo que había 36 internados juntos de COVID y fue una falsedad”, completó Lugones.