Subsidios más allá de diciembre, una canasta universal y obligatoria que reemplace al PMO, financiamiento con transparencia, poner en valor los sueldos de los trabajadores de la salud, reforma impositiva y control de precios para medicamentos y tecnologías de alto costo, fueron las principales propuestas que brotaron durante el debate convocado por la Fundación Sanatorio Güemes, sobre el Financiamiento del Sistema de Salud.

Subtitulado “Del Diagnóstico a la acción”, el zoom de la Fundación Sanatorio Güemes arrojó coincidencias, precisamente, sobre el diagnóstico, aunque entre los modelos en debate hubo miradas divergentes y una ventana a la renovación a través de los cambios que alienta la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Héctor Daer, secretario General de ATSA (sanidad) de Buenos Aires y secretario General de la CGT, anticipó durante el zoom la convocatoria a una “mesa de la salud para ver cómo le damos sustentabilidad al sistema”, proponiendo como modelo “la integración vertical entre financiadores, prestadores y trabajadores”.

Daer coincidió con otros panelistas que “no se puede legislar por patología” y que los trabajadores de salud tienen “sueldos paupérrimos” y a quienes “le damos contención desde las estructuras sindicales”.

“Gastamos mucho o poco…. pero si es por el dólar blue debe ser el país con los peores salarios del mundo para el personal de la salud”, subrayó Daer.

Si bien las coincidencias sobre las remuneraciones del sector atravesaron el debate, el secretario general de ATSA cuestionó que “cuando se discuten salarios (en paritarias) aparece otra mirada”.

Daer precisó que “un tercio del gasto de las obras sociales lo ponen los sindicatos, salvo aquellas que triangulan (con privadas) después de descremar el sistema”.

El secretario general de la CGT cuestionó las comparaciones con los sistemas sanitarios de otros países de la región y en especial con Chile, mencionando que el chofer del embajador chileno en Argentina “se operó de la rodilla en Mendoza porque en su país tenía nueve meses de espera”.

Daer afirmó que “los argentinos no asumimos otro sistema que no sea el argentino, que es de prestación publica con administración estatal con financiamiento parcial de las obras sociales y el privado que es un mix entre el descreme de la seguridad social y los seguros prepagos”.

“Ese sistema es el que diseñamos en Argentina, aunque sin el descreme o que el hospital público cobre dos veces vía impuestos y cuando atiende a un compañero”, agregó.

Entonces, “hay que discutir el financiamiento de salud y cuales son las prestaciones que el pueblo argentino quiere pagar”, pero en lo inmediato el interrogante “es como pagará el sector salud los salarios de marzo 2021 sin subsidios”, alertó.

Daer reconoció que la CGT propuso aumentar uno por ciento el aporte de los trabajadores a las obras sociales acompañado de un porcentaje similar de incremento para los empleadores, “para hacer frente a la tecnología médica que viene con respaldo científico”.

Esa tecnología “llegará porque la asumimos o llega vía de amparos y nos dejará patas para arriba a todos. Y con costos de tratamientos de 300 mil dólares (como se intentó filtrar con la reciente Ley de Fibrosis Quística) no hay sistema que aguante”, advirtió Daer.

En tal sentido, destacó que el ministro de Salud, Ginés González García, por la vía administrativa de la reglamentación de la Ley de Fibrosis Quística consiguió “bajar el costo a menos del diez por ciento de lo que generaba el proyecto”.

“El problema se torna en complejidad cuando son tratamientos crónicos con medicamentos monopolios que no son de los laboratorios nacionales sino de multinacionales que desestabilizan los sistemas de salud”, fustigó Daer.

En tal sentido, comparó que en “Argentina entran medicamentos monopólicos a cien, mientras que en Chile y Perú se venden a cuarenta”.

“Y nos preguntamos: ¿por qué?….porque acá alguien lo paga, el Estado, la seguridad social o la prepaga”,  se quejó, reforzando que “acá entran por amparo o porque algún iluminado los mete en el PMO”.

“Así como está el sistema no alcanza el financiamiento y sin duda hay que poner plata”, reconoció Daer, aunque al mismo tiempo denunció que “los ATP son casi el cincuenta por ciento del salario, pero muchos se quedan con el crédito fiscal y luego hay que financiarlos”.

Mario Lugones, presidente de la Fundación Sanatorio Güemes, alertó que “desarmar este sistema de subsidios a partir del primero de enero será muy difícil y muchos prestadores no podrán soportarlo”.

El actual sistema de salud “se sostiene con los subsidios y los ATP, además de los bonos para el personal de la salud (que se extenderán hasta diciembre), pero no figuran en el presupuesto 2021”, anticipó Lugones.

Entonces, Lugones preguntó: “¿Qué deberíamos hacer para pasar el 2021 y seguir funcionando?, ¿Cómo hacer sostenible y sustentable el sistema en el tiempo?”.

Su propuesta fue que “los subsidios tienen que seguir por lo menos el año próximo, porque el sistema va a tardar mucho en recuperar el nivel previo a la pandemia”.

Lugones resaltó que “siempre estuvimos juntos con el gobierno y sindicatos en esta pandemia, y los prestadores se pusieron a atender como si fuese una carrera de obstáculo, aprendimos muchos y seguimos aprendiendo”.

Alejandro Sonis, economista de la salud, investigador del centro de estudios IMMSET, coincidió que la crisis del sector “es peor que en el 2002” y que el nuevo escenario impone “ser más eficientes”.

“Argentina tiene el gasto más alto en salud en América Latina, pero si analizamos los indicadores de hace treinta o cuarenta años éramos los mejores de la región, ahora estamos quintos y con tendencia bajista”, aseguró Sonis.

El expositor comparó que otros países de la región emprendieron “reformas con relativo éxito, no así en Argentina, donde no hubo grandes cambios y hablamos siempre de lo mismo”.

Sonis, coordinador del debate, propuso a futuro “la incentivación de los equipos de salud, que sería un estímulo, porque Argentina es el peor de la región en remuneraciones (a valor dólar)”.

Así también, “hay que dejar de financiar tecnologías que no han demostrado efectividad y dejar de legislar por patologías” y subrayó que “la transparencia es el eje central para lograr el financiamiento, porque según estimaciones de la OMS del 10 al 20 por ciento de los recursos destinado a salud se pierden por la corrupción”.

“No se puede dar de todo a todos, pero si se debe dar algo a todos”, completó Sonis.

José Sánchez Cabezas, presidente de FEM (Federación de Cámaras de Empresas Médicas y Medicina Domiciliaria, estimó que “el 25 por ciento de las empresas de medicina privada cerraron sus puertas” y, sin embargo, “el sector salud fue uno de los dos que generó empleo formal desde 2008, mientras que el otro fue el sistema financiero”.

“El ingreso del personal de la salud es paupérrimo, el salario de nuestros trabajadores es magro y por eso necesita del pluriempleo”, coincidió con otros panelistas.

José Sánchez Cabezas se quejó que “treinta instituciones son las que deciden el financiamiento del sistema de salud en su totalidad que involucra a alrededor de tres mil prestadores”. También cuestionó que los importadores de insumos “no son más de treinta a cincuenta” y que los laboratorios “tienen poder oligopólico de negociación”.

Otra queja fue que “el Estado nos saca cuatro de cada diez pesos en impuestos” e incluso “muchas provincias están aumentando la tasa de ingresos brutos”.

Entonces, propuso “una reforma impositiva y definir que prestaciones se van a dar y cuales no”.

Reflexionando sobre el lema de la convocatoria, Sánchez Cabezas afirmó que “la pandemia fue el árbol que tapó el bosque, pero al mismo tiempo permitió un dialogo franco”.

Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, anunció que entre los proyectos en proceso de estudio figuran una nueva ley “para fortalecer la ANMAT” que es consensuado con el Ministerio de Salud y varios proyectos de control de precios de los medicamentos, uno inspirado en el modelo brasileño y otro que reconoce como referencia a Francia. En la lista agregó un proyecto de financiamiento de enfermedades catastróficas.

“Hay que sacar por ley el control de precios de medicamentos”, insistió Yedlin, quien defendió además el proyecto varias veces demorado de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud (AGNET) que podría ser reflotado a partir de un nuevo texto consensuado entre el Congreso y el Ministerio de Salud, explicó.

Eugenio Zanarini, Superintendente de Servicios de Salud, comenzó su intervención pidiendo un aplauso virtual para el sector público y privado de la salud “que se ha bancado la pandemia con una fortaleza que ha llamado la atención”.

Esos sectores “pusieron el pecho a la pandemia de manera ejemplar” y desde marzo se generaron “corrientes de afecto entre el sistema financiador y el sistema prestador con el Ministerio de Salud”.

Zanarini ofreció el ámbito de la SSS para seguir debatiendo en “mesas abiertas después de la pandemia” sobre el modelo futuro de salud.

El titular de la SSS analizó que “todos dicen saber lo que hay que hacer pero que no se hizo y muchas otras se hicieron mal como el descreme de las obras sociales que  en treinta años no se corrigió”.

Zanarini precisó que 290 obras sociales suman un pasivo acumulado de 107 mil millones de pesos, pero si para algunas la deuda representa dos recaudaciones mensuales para otras es el equivalente a diez recaudaciones mensuales.

Al profundizar sobre el desequilibrio financiero, mencionó que al menos veinte obras sociales tienen menos de mil afiliados y muchas recaudan menos de mil pesos por afiliado contra 2.700 pesos que vale el PMO.

“Algunas obras sociales están acompañadas de sindicatos fuertes, pero las chiquitas tampoco tienen el apoyo de un sindicato fuerte”, explicó.

Entonces, “buscamos mejorar los mecanismos de colaboración entre las obras sociales, pero no estamos pensando en dar de baja a ninguna y pasar compulsivamente los afiliados de unas a otras”.

También, lamentó que existan “obras sociales que se pelean por monotributistas sociales para quedarse con aportes de 500 pesos”.

Zanarini admitió que “estamos pensando que hacer con el Programa SUR que este año dejará una deuda o solicitudes no atendidas por 15 mil millones de pesos”.

“El Estado no está para poner plata y para eso tenemos que ser más cuidadosos”, recomendó el titular de la SSS, que al mismo tiempo defendió la continuidad del Fondo Solidario, que destina el 22 por ciento de su presupuesto a tratamientos de alto costo.

“Yo veo con que facilidad le transfieren plata al PAMI, pero cuando vamos por las obras sociales es más complicado, más problemático”, reforzó.

“Nos estamos replanteando que es la alta complejidad y si el Fondo Solidario puede pagar” y, como contrapartida, propuso que “es la maraña de subsidios que representa el 25 por ciento del Fondo, lo que tenemos que desarmar”.

Zanarini anunció que la SSS está trabajando en una canasta básica universal obligatoria para todas las obras sociales del sistema y no solo las nacionales y para el Estado, a la que “me niego llamar PMO”.

“Estamos preocupados por el tema impositivo y vamos a trabajar con el Ministerio de Economía”, prometió Zanarini, mencionando que ya hay avances en un proyecto para modificar el régimen de monotributo que goza del acuerdo de la AFIP, aseguró.

“LAS ART no pagan debido bancario, pero las obras sociales y las clínicas si pagan”, comparó.

“Ahora empezó la puja redistributiva de nuevo, pero durante la pandemia muchos pusieron el hombro sin pedir demasiado. Ahora piden actualización aranceles y si hay para un sector tiene que haber para todos”, analizó desde su mirada como titular de la SSS.

También anunció que figura entre sus prioridades “redefinir el rol de los traspasos a las prepagas desde las obras sociales de la actividad y generar un programa de retorno a la obra social de la actividad”, evitando las triangulaciones. “El que quiera pasar a OSDE que no tenga que pasar por capitanes de ultramar”, ejemplificó.

“Todo el sistema de prepagas lo estamos revisando porque queremos que sobre la diferencia de bolsillo se aporte a Fondo Solidario y queremos saber adonde van los aportes de los gerentes que superan el plan. Algunas privadas ofrecen cirugías estéticas a las señoras de los gerentes y nosotros queremos que ese dinero quede el Fondo Solidario”, remarcó.

Zanarini no descartó la creación, finalmente, de la agencia evaluadora AGNET, pero consideró que “se está poniendo mucha expectativa” en que podrá erigirse como barrera contra los amparos judiciales.

La AGNET “tiene el consenso de todos los especialistas, pero pensar que una agencia frenará la judicialización es equivocada”, insistió.

En cambio, consideró que entre la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (CONETEC) y la Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud alcanzaría para regular los tratamientos y medicamentos de alto precio.

Zanarini, en cambio, remarcó que se necesita de una instancia de mediación como es el SECLO (servicio de conciliación laboral obligatoria) que “ya se está ensayando con algunas obras sociales como experiencia piloto”.

Esa alternativa, para Zanarini, puede ser más eficaz que “generar instituciones que van a crecer burocráticamente y dejarán de cumplir con su misión”, completó.