La pandemia ha puesto en la agenda política el sistema de salud, público y privado, y su subsistencia a partir del año próximo. En algo coinciden funcionarios actuales y anteriores, diputados, directores de obras sociales y de laboratorios extranjeros. La coincidencia es que los medicamentos de alto precio conducen al agotamiento del sistema, si no se adoptan regulaciones urgentes.

Sonia Tarragona, subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación, afirmó que “por mas vidas que salve un medicamento, sino no se puede pagar no se puede”, durante una jornada organizada por FADEPOF, federación de pacientes de enfermedades poco frecuentes que demandan costosos tratamientos.

Entonces, para Tarragona, “la discusión no es si el medicamento salva vidas, sino el precio del medicamento” y anticipó que “vamos a separar el costo de investigación del costo final, para que lo no carguen al precio final. Estamos avanzando, pero los resultados serán a mediano y largo plazo”, avisó.

“El precio (de los medicamentos de alto precio) no está asociado al costo de producción y el precio final debe reflejar un costo razonable y con márgenes de rentabilidad razonable”, reclamó.

Tarragona destacó como un hecho inédito y como una alternativa a futuro, la adquisición desde el Ministerio de Salud de 80 viales de Spinraza, por primera vez sin la imposición de un fallo judicial.

La funcionaria, experta en economía de la salud, recordó que el Ministerio de Salud el año pasado tuvo que desembolsar casi dos mil millones de pesos por exigencia de fallos judiciales que le impusieron financiar los tratamientos de un centenar de personas.

Por el contrario, destacó que “hoy por primera vez el Ministerio ha comprado 80 viales de Spinraza sin que lo obligue un juez”, resaltó Tarragona.

“Comprar por imposición de los recursos de amparo es comprar mal, corriendo y pagando costos de transacción”, cuestionó Tarragona.

“Sin información no se puede planificar”, advirtió Tarragona, anticipando que para el año próximo se avanzará en las compras centralizadas desde el Ministerio de Salud de medicamentos de alto precio para cinco enfermedades priorizadas.

“Al planificar esas compras por anticipado podemos comprar mejor y gastando menos” y para lo cual “ya tenemos garantizado el presupuesto para esas compras”, aseguró la subsecretaría de Medicamentos del Ministerio de Salud.

Gabriel Lebersztein, Director Médico de la obra social OSECAC, denunció que “hay muchos precios para un mismo medicamento porque hay muchos vendedores, muchos financiadores y muchos prestadores”.

“Está sobrevaluada la intermediación de estos medicamentos y si sacamos toda la grasa del camino no deberíamos tener problemas para garantizar el acceso”, propuso.

Lebersztein manifestó que “bienes de tanto costo como son estos medicamentos y tratamientos deben ser manejados desde una perspectiva pública, para que la prescripción sea igual para todos”.

“Si corregimos algunas cosas no hay porque optar entre salvar pacientes con enfermedades severas o atendemos a todos”, aseguró  Lebersztein, pero advirtiendo que “los pacientes deben estar con el que negocia y no contra el que negocia”, que serían el Ministerio de Salud, la SSS y las obras sociales.

“Cuando alguien recibe un medicamento de alto precio hay mucha gente que también haciendo un gran esfuerzo para financiarlo y para que otros enfermos no dejen de recibir otros tratamientos “, subrayó.

El Director Médico de OSECAC propuso que “cambiar la forma de prescripción para reducir la intermediación en el medio y concentrar en el poder de compra del Estado para bajar precios a niveles aceptables”.

Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, durante el mismo conversatorio se pronunció a favor de un seguro nacional de enfermedades catastróficas y la compra centralizada de los medicamentos de alto precio a través del Estado.

“Un seguro para tratamientos de alto costo no es algo tan loco de hacer”, vislumbró Yedlin, quien propuso aprovechar que la discusión sobre el sistema de salud futuro de la Argemtina aparece en la agenda política como secuela de la pandemia.

El diputado y médico tucumano afirmó que la cuestión es como se financia el Seguro Nacional de Enfermedades Catastrófica y si requiere un porcentaje de la Coparticipación Federal o de un aporte de las prepagas.

“Si se financia con la Coparticipación Federal, las obras sociales provinciales le deberán explicar a sus gobernadores que lo que reciben de menos se lo ahorran en tener que pagar un trasplante de médula ósea”, subrayó Yedlin.

“Los gobernadores deben entender que los recursos que no lleguen por coparticipación están siendo utilizados en tratamientos que son cada vez mas de altísimo costo”, insistió.

El diputado oficialista enumeró algunas exigencias a futuro: “un solo comprador centralizado que debe ser el Estado, una ANMAT potente, una agencia evaluadora de tecnologías también potente y una agencia de precios de medicamentos”.

Fernando Giannoni, director de Asuntos Externos de la cámara de laboratorios extranjeros CAEME, se expresó a favor de la existencia de una agencia de evaluaciones de medicamentos innovadores, pero con un sistema diferenciado para enfermedades poco frecuentes.

Giannoni, en respuesta a otros expositores, enfatizó que “la innovación no es el problema, sino la solución” y propuso que se realice un seguimiento “de punta a punta” de los medicamentos innovadores, porque sus precios de mercado pueden ser astronómicos, pero “tienen un impacto terapéutico y generan ahorro en hospitalizaciones, en visitas médicas y en costos indirectos que hay que evaluar, como la disminución en productividad o discapacidades a causa de la enfermedad”.

Sin embargo, Giannoni, admitió que “es cierto que hay que garantizar la sustentabilidad de los sistemas de salud y la sustentabilidad de los sistemas no es solo un problema de Argentina, sino global”.

El representante de CAEME propuso que “la carga impositiva de los medicamentos (importados) debería ser revisada” y subrayó que “la Ley Dispensa es de 1966 cuando ahora los medicamentos se entregan con dones”.

Giannoni aseguró que “mantenemos un diálogo muy bueno con las autoridades del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) donde hay gente que sabe y mucho”.

También dijo que CAEME acepta la intercambiabilidad de medicamentos biológicos “pero no la sustitución automática, sino prescripta por un médico y con consentimiento del paciente”.

El ex secretario de Salud, Rodolfo Rubinstein, advirtió que “el sistema será inviable en los próximos años porque el gasto en oncológicos y terapias génicas representan el 20 por ciento del gasto de los sistemas de salud y escalan a ritmo exponencial”.

“Los tratamientos de muy alto precio tornan inequitativo el sistema de salud, si lo tienen que pagar el Estado, las provincias y las obras sociales”, afirmó el ex funcionario durante un debate organizado por el Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS).

Rubinstein propuso que deben exigirse precios de referencia “al momento de la aprobación regulatoria” y destacó que durante su gestión se iniciaron las compras conjuntas con PAMI y algunas obras sociales para mejorar el poder de negociación con la industria farmacéutica”. 

Durante el debate compartido por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), Waldo Belloso, ex subadministrador de la ANMAT e investigador del Hospital Italiano, alertó que “la producción de nuevos medicamentos es un sistema bastante ineficiente y finalmente cuando alguno sale al mercado nosotros terminamos pagando la ineficiencia del sistema”.

“El gran volumen de medicamentos de alto precio son de origen extranjero que pueden entrar por mecanismos mas novedosos conformados por la ANMAT para abordar tecnologías novedosas y acceso excepcional como el registro conocido como RAEM, antes denominado de uso compasivo”, explicó Belloso.

Pero este sistema implica “un pedido individual posiblemente por vía judicial y sin posibilidad de negociar el precio, que confiere un mercado monopólico”, advirtió.

La propuesta de Belloso fue abonar un acuerdo entre las agencias regulatorias, la academia, los pacientes, los prestadores y la industria “par discutir y mejorar la ecuación de costos”.

Analía López, experta en sistema de salud y evaluación de tecnologías, jefa de Gabinete de Salud entre 2017 y 2019, propuso la regulación del mercado y definir “el paquete que debería cubrir el sistema de vademécum que será obligatorio y explícito”.

“El sistema debe ser transparente para fijar el precio de los medicamentos y hay que priorizar y establecer los límites a ciertos tipos de coberturas”, recomendó.

Así también, López propuso “un sistema de precios de referencia interno y también externo de comparación con otros países”, junto con una evaluación que demuestre que ese medicamento “aporta beneficio para la patología que se prescribe”.

“Sería eficiente regular todo lo que ya está en el mercado y las nuevas moléculas, pero ese sistema sería el más costoso, el más radical y requiere de mucho personal especializado”, mientras que un paquete de moléculas regulado sería la otra opción, una vez que se defina que patologías deben ser reguladas.

Decantando por una opción o por otra, “se puede regular, pero con un modelo completo del sistema de salud con el involucramiento de la sociedad civil”, reforzó López.

Maisa Havela, especialista en planificación estratégica y gestión integral de medicamentos e insumos de salud, coincidió en la necesidad de la negociación conjunta del Ministerio de Salud, la SSS y las obras sociales, por los medicamentos de alto precio como los oncológicos.

En tal sentido recordó que durante la gestión de Rubinstein, el Mercosur, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, realizaron negociaciones conjuntas por medicamentos oncológicos que algunos países “compraban a tres mil dólares y otros a 750 dólares”.

También en Argentina, una licitación conjunta del Ministerio de Salud, la SSS, PAMI, IOMA e Incluir Salud de medicamentos de alto precio representó un 80 por ciento de ahorro equivalente a 1.400 millones de pesos en doce meses, destacó Havela.

Los medicamentos Inmunosupresores y oncológicos ocupan actualmente el primer lugar en el gasto en medicamentos y representan el 16 por ciento del presupuesto del sistema de salud, público y privado, cuando en 2008 todavía se ubicaban en el quinto escalón, comparó.

Luis Angel Di Giuseppe, coordinador del Comité de Evaluación de Fármacos e Insumos Médicos del Hospital Italiano, agregó que la efectiva de un medicamento innovador puede ser del 60 por ciento y “siempre el riesgo lo asume el financiador cuando debería ser riesgo compartido con la industria”.

En tal sentido, recordó un ensayo clínico con riesgo compartido entre el Hospital Italiano y el laboratorio Montpellier de la droga Certolizumab para la artritis reumatoidea realizado en 2015, que aportó la medicación para cuarenta pacientes de los cuales 25 al final completaron el tratamiento con resultado óptimo.

El expositor explicó que en ocasiones hay que recurrir a medicamentos innovadores de alto precio como última opción y “cuando ya se percibe que no aportan mejoras sustanciales, es cuando hay que decidir si el paciente sigue o no con esa droga de alto precio”.

Alarico Rodríguez, ex Gerente General del Fondo Nacional de Recursos de Uruguay y ex Gerente de Servicios de Salud del Estado, recordó que a partir de 2004 durante la primera presidencia del médico oncólogo y líder del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, se originó en su país “un debate sobre nuestro sistema de salud y así surgió como prioridad garantizar el acceso universal, que se transformó a partir de 2005 en el Fondo con la prioridad de financiar medicamentos de alto precio”.

En Uruguay no existe un organismo similar a la ANMAT ni tampoco una agencia evaluadora, concentrándose en el Ministerio de Salud, que tiene una división encargada de las evaluaciones que piden los propios laboratorios.

Sin embargo, antes de autorizar su registro en el país, desde el Ministerio de Salud se negocia el precio de mercado para evitar los abusos posteriores.

“Hay fortaleza en la gestión del Fondo con una política exitosa, posibilitando el acceso equitativo a una canasta de medicamentos que es una canasta muy costosa. Y también hay fortalezas es la evaluación de los resultados terapéuticos y el control permanente del impacto presupuestal”, completó.