El PMO será reemplazado durante 2021 por una canasta básica y universal de prestaciones que serán un derecho para todos y una obligación ineludible para los financiadores, anticipó Eugenio Zanarini, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Zanarini también admitió que “estamos preocupados” por las tensiones que soportará el sistema de salud a partir del primero de enero y reiteró que las obras sociales con menos de mil afiliados deberán fusionarse o aunar prestaciones, porque con su estatus actual son inviables.

El titular de la SSS además precisó que los sanatorios y clínicas privadas recibieron 60 mil millones de pesos en ATP, durante un zoom organizado por la Universidad Isalud.

“Espero para el año próximo una canasta básica de servicios, que será universal y un derecho para todos, obligatoria para los financiadores y que refleje la política sanitaria del Estado”, anunció el titular de la SSS.

Zanarini precisó que en la elaboración de esa canasta “estamos trabajando con consultores nacionales e internacionales, con la Secretaría de Equidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación y con el BID”.

“Es un trabajo arduo que vamos a consensuar con todos los sectores y para fin de año tendremos una idea más acabada”, prometió.

Zanarini afirmó que “me da bronca cuando leo que el gobierno le dio a las obras sociales 70 mil millones de pesos (durante la pandemia) porque es recaudación del Fondo Solidario y remanentes de ejercicios anteriores. Pero no fueron aportes del Tesoro Nacional”.

En cambio, comparó que el gobierno destinó 60 mil millones de pesos del Tesoro Nacional para financiar los ATP que recibieron clínicas y sanatorios privados para pagar salarios durante la pandemia.

Zanarini precisó que el pasivo corriente de las obras sociales suma 107 mil millones de pesos, equivalente a cuatro recaudaciones mensuales, aunque para el 60 por ciento equivale a cinco recaudaciones.

El titular de la SSS reconoció que “estamos preocupados por el futuro de los prestadores y también de los financiadores, que tuvieron un respiro importante debido a la caída de la demanda de prestaciones” durante la pandemia, pero que deberán afrontar el año próximo la explosión de esa demanda contenida.

Zanarini calculó que actualmente existe una “brecha” de al menos mil pesos promedio en el costo del PMO para las obras sociales. Ese desfasaje disminuye cuando se calcula con el ingreso promedio de las obras sociales de dirección, “pero cuando nos quedamos con el promedio de las obras sociales sindicales nos preguntamos como se puede dar salud con esos ingresos”, reflexionó.

En cualquier situación, “la variable de ajuste no son medicamentos, sino los salarios y esto repercute en el sector prestacional”.

Zanarini avisó que “no se pueden sumar más obras sociales, porque es como pescar en una pecera y todo lo que quieren es una oficina de promoción para derivar a una prepaga”.

En cuanto a las obras sociales con menos de mil afiliados deberán fusionarse o aunar esfuerzos en convenios de cooperación para acceder a una economía de escala que les permita cumplir con la futura canasta básica de prestaciones.

“Esto es lo más difícil y lo que mas me desvela”, reconoció Zanarini durante el zoom de Isalud, agregando además un comentario que recientemente también se le escuchó a Héctor Daer de Sanidad: “de la educación y transporte de discapacidad no tienen que hacerse cargo las obras sociales”.

Zanarini también comentó que “estamos reintegrando medicamentos de 2016” y si se actualizarán esos reintegros a valores actuales, la SSS necesitaría de 26 mil millones de pesos anuales.

Por eso, para las nuevas drogas “es necesario un Fondo de Medicamentos” y al mismo tiempo la SSS trabaja en un proyecto de ley “para generar un procedimiento de reclamo previo a la judicialización” de medicamentos y tratamientos de alto precio.

Zanarini explicó que ese escalón previo a la judicialización funcionará a semejanza del SECLO como en la justicia laboral y permitirá que muchas demandas se resuelvan antes de desembarcar en los tribunales, porque “muchas veces es innecesario judicializar porque el beneficiario tiene razón”.

Rubén Torres, rector de Isalud, a su vez reflexionó que “la pandemia es la oportunidad enorme de avanzar en las reformas del sistema”.

Torres, precisamente, propuso que una de las reformas necesarias “es poner la mirada sobre el PMO que fue construido en forma totalmente acrítica”.

“Debemos poner el ojo en un programa médico obligatorio con racionalidad y de acuerdo con la posibilidad de pago de los argentinos”, subrayó.

Esa racionalidad “fue ignorada por los legisladores cuando aprobaron un conjunto de leyes que sabían que no podían ser pagadas”, fustigó Torres, que pareció referirse, entre otras, a la Ley de Fibrosis Quística.

Esa mirada crítica debe extenderse también “a la gestión y modelo de atención” con la premisa de garantizar “salud para todos en cualquier lugar del país y en forma equitativa”.

Ernesto Van Der Kooy, presidente de la consultora Prosanity, coincidió que “salir de la pandemia será muy duro, tanto para los prestadores como para los financiadores”.

“El sector ya venía muy mal, salvo para aquellas obras sociales que están pegadas a una prepaga” y este panorama “se va a ahondar con la inflación reprimida y el gasto en enfermedades catastróficas”, vilumsbró.

Van Der Kooy coincidió que la discapacidad “no debería estar a cargo de las obras sociales, porque es un gasto que genera distorsión”.

Al analizar el costo del PMO, el informe de la consultora indicó que los medicamentos “como todos los años y de cualquier tipo han superado los índices de inflación” y en especial el incremento exponencial de los fármacos utilizados en terapia intensiva para pacientes con COVID, “llama profundamente la atención”.

“Difícil será afrontar el costo del PMO después de la pandemia”, sumó como preocupante panorama durante el zoom.

El contador Rubén Roldán, precisó que el costo promedio del PMO en julio pasado fue de 2.788 pesos, con mayor incidencia de las prestaciones especiales por los medicamentos de alto precio.

Roldán comparó que en los tratamientos ambulatorios el medicamento representó el 28 por ciento del costo, pero en las prestaciones especiales, el medicamento absorbió el 50 por ciento del costo.

Si en 2010 el costo promedio del PMO era de 88 pesos ahora es de 2.788 y si hace una década el copago del paciente era de 13 pesos promedio, actualmente asciende a 246 pesos, comparó Roldán.

“Hay una dilación de los acuerdos paritarios que se mantuvieron por debajo de la inflación, pero impactarán el año próximo y no alcanzarán los paliativos para contener los aumentos de sueldos”, advirtieron los expositores de Prosanity.

Roldán, entre las propuestas para evitar la crisis, enumeró la compra conjunta de medicamentos, una agencia de evaluación de tecnologías y una economía de escala para las obras sociales con menores recursos, coincidiendo con Zanarini.

Sobre la agencia evaluadora, lamentó que “es un proyecto del que se habla desde hace diez años, pero es una ley que nunca sale”.

Por el contrario, cuestionó que “se incorporan al PMO prestaciones por presión de familiares a los legisladores, sin el estudio del impacto financiero en las obras sociales”.