Alrededor de un centenar de países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), están dispuestos a encolumnarse detrás de la propuesta conjunta de India y Sudáfrica, para aprobar una exención temporaria de los derechos de PI para los medicamentos y productos sanitarios durante la pandemia, afirmó la Campaña de Acceso de Médicos Sin Fronteras (MSF).

MSF pidió a los gobiernos que apoyen lo que denominó "este paso revolucionario" que permitiría a los países de todo el mundo optar por no otorgar y hacer cumplir la propiedad intelectual relacionada con los medicamentos, vacunas, diagnósticos y otras tecnologías sanitarias COVID-19, mientras dure la pandemia.

La propuesta de la denominada "exención del Acuerdo sobre los ADPIC" de los requisitos de la OMC solicitada por India y Sudáfrica, junto con los copatrocinadores Eswatini y Kenia, fue presentada al Consejo de los ADPIC con el respaldo de otra veintena de países entre los que figuró Argentina.

La propuesta fue bloqueada por un grupo de países desarrollados y pasó a un cuarto intermedio de 90 días, en cuyo transcurso los países pueden debatir extraoficialmente en la búsqueda de un proyecto consensuado.

El viernes 20 de noviembre se realizó una reunión informal del Consejo en la que no hubo avances, para el 10 de diciembre está previsto el debate formal y finalmente la sesión oficial del 17 de diciembre deberá expedirse sobre la solicitud.

Según un resumen de antecedentes de MSF, basado en encuestas informales y declaraciones realizadas en la reunión del Consejo de los ADPIC del 15 al 16 de octubre, la mayoría de los miembros de la OMC, unos 99 países, apoyan la propuesta de exención, ya sea en su totalidad o con tratamiento artículo por artículo.

Entre los que expresaron su pleno apoyo y acompañaron la iniciativa se encuentran Argentina, Bangladesh, Egipto, Indonesia, Malí, Mauricio, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Pakistán, Sri Lanka, Túnez y Venezuela.

Quizás más significativo, sin embargo, es la lista creciente de países que han "acogido" la propuesta y dijeron que debería ser discutida más a fondo.

Entre ellos se incluyen el gigante mundial China, Turquía, Influencers del Pacífico como Filipinas y Tailandia; Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Jamaica y potencias africanas como Nigeria, Senegal y Tanzania.

Además, según el recuento de MSF compartido con Health Policy Watch, decenas de países han expresado su apoyo en principio como miembros de varias alianzas comerciales de la OMC, entre los que se alinean:

El "Grupo Africano", integrado por Botswana, Cabo Verde, Congo, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Ghana, Marruecos, Namibia, Seychelles, Togo y Túnez;

Organización de países de África, el Caribe y el Pacífico, específicamente Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, República Dominicana; Fiji, Ghana, Granada, Guyana, Papua Nueva Guinea, Saint Kits y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Islas Salomón, Surinam, Tonga, Trinidad y Tobago, Vanuatu, Bahamas, Comoras; Guinea Ecuatorial, Etiopía, Santo Tomé y Príncipe y Somalia.

Chad también comprometió el apoyo en nombre de la mayoría de los demás miembros del grupo de países menos ingresos de la OMC que aún no expresaron su apoyo a la propuesta individualmente.

Contra ese muro creciente de opinión de los países de ingresos bajos y medianos, la mayoría de los países desarrollados del mundo se han alineado en contra de la propuesta de exención, liderados por Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Australia, Japón y la Unión Europea, pero también incluyendo a Brasil, Noruega y Canadá en el rechazo.

El Consejo ADPIC administra las complejas reglas en torno al cumplimiento de las leyes de patentes en el comercio internacional: los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), así como las llamadas flexibilidades ADPIC que permiten a los países ignorar algunas reglas de patentes, bajo ciertas condiciones o por emergencias sanitarias.

Pero, para las 379 organizaciones globales de la sociedad civil y centros académicos internacionales que acompañaron la presentación de India y Sudáfrica, las reglas vigentes no van lo suficientemente lejos para aflojar las riendas del control de la propiedad intelectual, de modo que los países de ingresos bajos y medianos podrían prepararse rápidamente, para producir y exportar versiones genéricas o biosimilares de nuevos medicamentos emergentes, como los anticuerpos monoclonales.

Las principales empresas farmacéuticas que desarrollan vacunas COVID han recibido hasta ahora unos 12.000 millones de dólares en fondos públicos, según MSF.

Eso incluye la recepción de Moderna de 2,480 millones en fondos públicos del gobierno de los Estados Unidos. Y, sin embargo, el precio informado por Moderna para la vacuna de dos dosis a 50-60 dólares por curso es el "más alto citado para una posible vacuna hasta ahora", comparó la OnG.

Lo mismo ocurre con las barreras de la PI para producir vacunas COVID-19 con tecnologías de vanguardia como el ARNm utilizado por Moderna y Pfizer, que parecen haber demostrado su eficacia en los resultados de los ensayos clínicos de fase 3.

Para países como India, con un importante potencial de exportación de productos farmacéuticos, una exención de la OMC podría ser mucho más fácil de gestionar, dicen las fuentes, que las actuales “flexibilidades” de la propiedad intelectual que ofrece el sistema ADPIC en casos de emergencias de salud pública.

Esas flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC giran en gran medida en torno a los artículos 31 y 31bis del Acuerdo sobre los ADPIC, que estipulan que los países pueden emitir “licencias obligatorias” para productos patentados. Pero deben hacerlo caso por caso y para su uso principalmente en los mercados nacionales.

MSF resumió las reglas y sus limitaciones: El artículo 31 exige que las licencias obligatorias se expidan caso por caso y se utilicen predominantemente para abastecer los mercados nacionales, lo que limita la capacidad de los países fabricantes de exportar a los países de menores recursos y con sistemas de salud debilitados.

El artículo 31bis requiere que cualquier producto producido y exportado bajo una licencia obligatoria se identifique con envases y cantidades específicos, lo que puede dar lugar a demoras innecesarias en el contexto de COVID-19 donde los países necesitan acceso urgente a herramientas médicas.

MSF, alertó que “a pesar del compromiso de no hacer cumplir" la exclusividad y la protección de la PI, Moderna, Pfizer y otras grandes empresas farmacéuticas que participan en ensayos de vacunas prometedoras “tendrían que ir mucho más allá con pasos voluntarios para realmente marcar una diferencia en la creciente demanda que se abrirá a medida que se aprueben nuevas vacunas y medicamentos”.

El laboratorio Moderna, por su parte, se ha comprometido a "no hacer cumplir nuestras patentes" sobre su nueva tecnología de vacuna de ARNm durante la pandemia.

En teoría, esto podría significar que otros fabricantes de vacunas con capacidad para fabricar versiones biosimilares (el equivalente biológico de los genéricos) podrían iniciar la producción paralela, tan pronto como la vacuna Moderna obtenga la aprobación de la FDA, para aumentar la oferta mucho más.

Pero MSF y las otras 378 ONGs y universidades que acompañaron la iniciativa del acceso directo, advierten que Moderna hasta ahora no ha incluido ningún compromiso de licenciar su nueva tecnología de ARNm a otros fabricantes, para que puedan adquirir los conocimientos para producir la nueva vacuna.

“Moderna debe compartir toda la propiedad intelectual, incluida la tecnología, los datos y los conocimientos técnicos necesarios, para que otros fabricantes puedan aumentar la producción de estas vacunas que pueden salvar vidas”, reclamó MSF.

“Muchos desarrolladores de vacunas COVID-19, incluidos Pfizer / BioNTech, no han tomado medidas para otorgar licencias o transferir tecnologías protegidas por PI para permitir una mayor capacidad de fabricación y suministro global ", lamentó MSF.

En respuesta, los voceros de las empresas farmacéuticas que desarrollan las vacunas COVID señalan que los países de ingresos bajos y medianos “ni siquiera tienen la capacidad para manejar tecnologías de vacunas sensibles” y de nada le servirían las exenciones a la mayoría, porque no podrán abastecer sus mercados con la producción local.

“Las farmacéuticas no han cambiado su modo de operar al firmar contratos que excluyen a poblaciones vulnerables y desatendidas. Hay países que están hablando de dejar una parte de las vacunas que han comprado de forma anticipada para zonas de contexto humanitario y emergencia sanitaria, pero esto no es suficiente y las preadjudicaciones lo muestran. Si dejamos de respetar los acuerdos ADPIC vamos a poder tener vacunas para todos mucho antes y a precio de coste. Si no lo hacemos ahora, en pandemia y en emergencia sanitaria, ¿cuándo lo vamos a hacer?", se preguntó Raquel González, responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras.