Expertos argentinos y del exterior compartieron un informe de cómo enfrentar la creciente carga oncológica en Argentina, desde las consecuencias de la pandemia. Al mismo tiempo, la OnG Directorio Legislativo convocó a expertos para abordar una agenda parlamentaria 2021 del cáncer.

El informe analizado por los expertos fue elaborado por la Iniciativa para el Control del Cáncer en América Latina, ICCI-LA compartida por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, la Sociedad Latinoamericana de Oncología Médica (SLACOM), el Instituto de Estudios Avanzados de las Américas de la Universidad de Miami, con la coordinación operativa de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) a partir de un acuerdo de colaboración de esta institución con el laboratorio Novartis.

Los expertos trazaron lineamientos para pasar a la acción con medidas concretas, un reflejo de que el cáncer es considerado una prioridad de salud pública sobre la que todavía hay mucho trabajo por delante, pero que viene reuniendo sistemáticamente en los últimos años a los referentes de todos los sectores para elaborar y evaluar, colaborativamente, las mejores maneras de abordarlo en una estrategia conjunta.  

“Las proyecciones de crecimiento de la incidencia del cáncer ameritan tomar decisiones hoy, ya que se visualiza un panorama donde el cáncer tendrá un protagonismo todavía mucho mayor al actual dentro de relativamente pocos años y es el momento de instrumentar políticas públicas adecuadas para llegar mejor preparados y con un sistema de salud fortalecido, flexible y al alcance de toda la población”, declaró Eduardo Cazap, médico oncólogo y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Médica (SLACOM).

“Consideramos que terminó la etapa ‘covid-céntrica’ en la que la salud pública mundial estaba abocada a la pandemia, postergando otras enfermedades crónicas y agudas. Si algo hemos aprendido es que inclusive los sistemas de salud más sólidos del mundo no han sabido actuar eficazmente. Por lo tanto, todos los actores involucrados (gobiernos, investigadores, comunidad médica y sociedad civil, entre otros) debemos colaborar para lograr anticiparnos a desafíos serios de salud pública, uno de los cuales -sin lugar a dudas- será el manejo del cáncer, con tasas de incidencia y mortalidad crecientes. Este no es solamente un problema médico o de salud; es un problema de la sociedad en su conjunto”, manifestó el doctor Cazap.

“A lo largo de los últimos años, hemos venido trabajando para sostener el tema cáncer en agenda y darle el carácter prioritario que se merece. Particularmente, en este contexto de pandemia, se hace más evidente la doble carga de enfermedad: viejos problemas de salud conviviendo con problemas de salud emergentes que necesitan ser abordados y resueltos de manera equitativa”, remarcó Zulma Ortiz, subdirectora ejecutiva del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina.

Ortiz, directiva además de la plataforma Acción por el Cáncer, insistió en que “buscamos movilidad social”, y que es preciso “poner el tema de la enfermedad en la agenda política”.

Durante su intervención en el zoom organizado por Directorio Legislativo sobre la Agenda 2021 de Políticas Oncológicas en Argentina, Ortiz lamentó que “carecemos de continuidad y eso debilita la construcción de una agenda contra el cáncer”.

Ortiz mencionó como ejemplo de construcción “desde abajo” el Acuerdo Nacional contra el Cáncer de Ecuador, a partir de la “conciencia y la movilización social”.

En Argentina mencionó que el Instituto Nacional del Cáncer “desde hace diez años que se ha involucrado en la agenda oncológica”, pero “son espacios que requieren más institucionalidad”.

Para el proyecto de la Iniciativa para el Control del Cáncer en América Latina, ICCI-LA, se conformó un grupo de trabajo en el que participaron el Instituto Nacional del Cáncer de Argentina (INC), el Foro Argentino para el Estudio del Uso Racional de los Medicamentos de Alto Costo, la Sociedad Argentina de Cancerología (SAC), el Instituto Henry Moore (IHM), , el Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados (PAMI) ,la Sociedad Argentina de Periodismo Medico (SAPEM) , Directorio Legislativo  la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y de la Comisión de Salud del Senado de la Nación. 

Precisamente, Miguela Pico, asesora de la Comisión de Salud del Senado y profesora de la Universidad de El Salvador, mencionó entre las prioridades de la agenda parlamentaria la Ley Integral del Cáncer, “buscando el consenso con el Ministerio de Salud, el INC, facultades e institutos para trabajar de manera articulada”.

Pico reconoció “la mala distribución de los recursos por la falta de articulación de los múltiples decisores al momento de decidir que medicamentos y tecnologías se cubrirán o no se cubrirán”.

Durante el zoom de Directorio Legislativo, Pico aseguró que finalmente en 2021 el Congreso Nacional sancionará la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, porque hay “consenso” de completar un largo recorrido sobre su constitución, siempre postergada.

La asesora estimó que la ley finalmente sancionada será el resultado de la fusión de tres proyectos que hoy se debaten en el Senado pertenecientes a Mario Fiad, presidente de la Comisión de Salud del Senado, Alberto Weretilneck, secretario de dicha comisión, y Daniel Lovera, vocal.  El presidente es radical, el secretario pertenece a Juntos por Río Negro y el vocal al Frente de Todos.

El grupo llevó adelante una revisión de la literatura y de los conjuntos de datos sobre el sistema de salud argentino y la carga del cáncer, una encuesta en línea a expertos en la materia para establecer los desafíos y oportunidades primarios dentro del sistema de salud en torno al cáncer y un taller presencial para las partes interesadas en Argentina, que promovió un debate profesional sobre el tema.

El informe de Iniciativa para el Control del Cáncer en América Latina, ICCI-LA, que fue publicado en el sitio de la UICC y de SLACOM, se denominó Cómo enfrentar la creciente carga del cáncer en Argentina: desafíos y oportunidades y presentó nueve recomendaciones generales para que el sistema de salud argentino aborde la creciente carga del cáncer, distribuidas en 3 niveles de prioridades.

Como Prioridad Máxima se propone 1) Redactar y sancionar una ley nacional integral de control de cáncer; 2) Fortalecer al organismo responsable de desarrollar políticas de control de cáncer, realizar evaluaciones e implementar el Plan Nacional de Control de Cáncer; y 3) Realizar un análisis transparente de la eficiencia de los costos para delinear mejor los objetivos de las políticas de control del cáncer y los recursos asignados a los servicios oncológicos.

En términos de Prioridad Alta, la recomendación incluye, 4) Desarrollar planes de atención estandarizados, protocolos de cuidados integrales y pautas de cumplimiento obligatorio para cada provincia, alineadas con la ley nacional de cáncer; 5) Centralizar el abastecimiento, la compra y la negociación de precios de medicamentos y tecnologías sanitarias; y 6) Expandir el acceso a los servicios de atención oncológica en el sector público.

Finalmente, como Prioridad Media el grupo propicia 7) Establecer y exigir el cumplimiento de normas de control de calidad y desarrollar indicadores para medir la eficacia, la eficiencia y la equidad de los servicios oncológicos; 8) Mejorar la prevención del cáncer, la atención primaria y la educación en salud; y 9) Fortalecer la investigación médica y las actividades científicas en el país.

Consultada sobre el tema, Patricia Gallardo, Directora del Instituto Nacional del Cáncer y que participó del encuentro virtual de los expertos, sostuvo que “estamos trabajando activamente en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación en la identificación de los desafíos y la creación e implementación de un Plan Nacional de Control de Cáncer”.

Gallardo resaltó que “fomentamos el trabajo mancomunado y donde se sume la mayor cantidad de voces, con acciones claras que nos permitan definir los problemas de calidad y acceso a la atención médica y realizar análisis de eficiencia de costos para identificar la prioridad de las intervenciones”.

En cuanto a la provisión de servicios, el grupo de trabajo de la ICCI-LA recomendó cerrar la brecha en el acceso y los resultados de salud entre los sectores público y privado, invertir en atención primaria y crear una agencia para regular y optimizar el acceso a los medicamentos y tratamientos de alto costo para los servicios oncológicos. Una vez que se termine todo el proyecto en los países de la región involucrados, se lo someterá para su publicación en una revista científica internacional de referencia.

Más información sobre el informe: www.uicc.org y www.slacom.org

Durante el zoom de Directorio Legislativo, Mercedes de los Santos, directora de Ciudadanía de la mencionada OnG, resaltó como ejemplos el Fondo contra el Cáncer de Tierra del Fuego y el Fondo de Apoyo a Pacientes Oncológicos de Mendoza.

Además de estas medidas de “impacto positivo”, mencionó la gratuidad para pacientes oncológicos y los exámenes obligatorios para mujeres y empleados públicos adoptados en algunas provincias.

Directorio Legislativo se define como una organización apartidaria e independiente que desde hace 10 años promueve la constitución de espacios autónomos, flexibles, democráticos e independientes, a través del diálogo con diversos actores del sector público, privado, académico y de la sociedad civil.

Daniel Maceira, investigador de Conicet y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Di Tella y de Flacso, también cuestionó el modelo fragmentado de Argentina y lo contrapuso con el modelo de Costa Rica que concentra el financiamiento y las prestaciones oncológicas a través de la Caja Costarricense del Seguro Social.

En Argentina, por el contrario, “existe poca coordinación” entre los ministerios de salud, las obras sociales y el PAMI, lamentó.

“PAMI no tiene injerencia sobre las políticas de prevención de las obras sociales y al mismo tiempo es diferente el manejo entre las diferentes obras sociales porque cada institución de salud tiene sus propias redes”.

Eso hace perder fuerza en la capacidad de negociación con los prestadores y como lidiar con el cáncer”, afirmó el expositor, remarcando que “la fragmentación cuesta en recursos invertidos en salud, porque hay que mantener administraciones y burocracias en provincias y obras sociales”.

También mencionó la disparidad de precios que se origina en que “cada provincia y cada obra social compra por su cuenta medicamentos y tratamientos”.

Entonces, propuso “coaliciones para tener más voces y más incidencia” y un “modelo único de salud en cada provincia, sumando los ministerios de salud, las delegaciones PAMI y obras sociales provinciales”.

Juan Pablo Sole, directivo del laboratorio Roche, acordó que “hay que apuntar a un sistema sustentable en el futuro”.

Pero, mientras tanto advirtió que “los aumentos de costos en salud están por encima de la inflación” y calculó que “el 30 por ciento es ineficiencia”.