Las cámaras y asociaciones representativas de los prestadores privados de salud advirtieron al gobierno que están al borde de la quiebra y reclamaron que se extiendan durante todo el 2021 las medidas excepcionales aplicadas este año en el marco de la pandemia y que finalizarán, en su mayoría, el 31 de diciembre.

Las asociaciones y cámaras empresarias del sector advirtieron que la situación terminal que atraviesan provocará un derrumbe del sistema privado de salud y dejará a miles de profesionales y trabajadores de clínicas y sanatorios sin empleo, por lo que también le avisaron al titular de la Sanidad, Héctor Daer, el panorama sombrío que se avecina.

“Un gran número de Instituciones médicas, que atienden a 7 de cada 10 argentinos, se verán forzadas a cerrar sus puertas de manera definitiva”, vaticinaron las entidades en su carta al gobierno con el reclamo de “la adopción de medidas urgentes”.

La carta conjunta de las ocho entidades fue dirigida al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a los ministros de Economía, Salud y de Trabajo, Martí Guzmán, Ginés González García, y Claudio Moroni, respectivamente, al titular de la SSS, Eugenio Zanarini, y a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Los firmantes de la urgente y perentoria misiva fueron ADECRA (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina); CEDIM (Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio); CEPSAL (Cámara de Entidades Prestadoras de Salud); CONFECLISA (Confederación Argentina de clínicas Sanatorios y Hospitales Privados), CADIME (Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico), AAEG (Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos); CACEP (Cámara Argentina de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos) y FEM (Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria).

“El Sector Prestador de Salud viene padeciendo retrasos arancelarios desde los últimos 4 años. A pesar de las reiteradas presentaciones realizadas ante las autoridades estatales, frente al aumento de recaudación de los financiadores del Sector, han sido infructuosos todos los intentos de lograr un sistema de ajuste automático y obligatorio de aranceles por parte de aquellos a favor de los prestadores”, denunciaron en su carta.

Las entidades calcularon que el retraso acumulado en esos últimos 4 años medidos hasta diciembre20 es de 70,7 puntos porcentuales respecto del IPC y de 119,7 puntos porcentuales respecto del Índice de Costos en Salud.

La pandemia y el contexto sanitario que impuso “profundizó el estado de emergencia como consecuencia del aumento inusitado de costos generado por: a) aumento de costos operacionales debido a la implementación de protocolos de distanciamiento y la aparición de nuevos costos por efecto de los insumos especiales para la atención del COVID 19; b) incremento de costos salariales debido a contar con personal licenciado por riesgo, aislado o contagiado; c) aumento de costos debido a la abrupta caída en la demanda de atención médica por efecto de las restricciones de circulación y el temor de la población al contagio”.

“La pandemia y la crisis económica nacional y del sector en particular, agravó la delicada ecuación social y económico-financiera que ya ahogaba a los prestadores. La fuerte caída de la actividad prestacional no avizora signos de reversión. Aun cuando parecerían atenuarse los efectos de la pandemia provocada por el Covid19 – vacuna mediante – la población continúa reticente a concurrir a los establecimientos de salud por diferentes motivos, protocolos, distanciamiento e incluso psicosociales, cuyo análisis no corresponde realizar en este marco”, describieron.

El auxilio del gobierno mediante el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) implicó “la posibilidad de afrontar únicamente el 30% de la masa salarial, quedando en cabeza de los prestadores la asunción y absorción del resto de sus mayores costos operativos”, señalaron sobre una de las medidas que cesarán a fin de año.

Además, al 31 de diciembre de 2020 “finaliza la vigencia de todas las medidas dispuestas para otorgar un alivio al sector (vencimiento de la no remuneratividad a los fines contributivos, medidas emergentes del Decreto 300/2020 y sus prorrogas, el Programa ATP) sin ningún atisbo de continuidad de éstas a juzgar por los proyectos de índole económico-financiera en tratamiento ante el Poder Legislativo para el próximo ejercicio”.

Estas medidas de auxilio finalizan “como si se terminara definitivamente la pandemia provocada por el Covid 19 y, lo más importante, sus consecuencias económicas y sus efectos no deseados”, lamentaron.

Los firmantes subrayaron que “los hechos son irrefutables, la realidad del sector se impone y nos demuestra que previo a la pandemia las Instituciones Prestadores de Salud acarreamos un desfasaje económico del 47% el cual, luego del 31 de diciembre de 2020, y frente al vencimiento de las medidas de alivio al sector, rondará el 60%”.

“Ello impone la necesidad de adoptar no sólo la prórroga de las medidas cuyo vencimiento mencionamos, sino de aquellas que mediante las presentaciones consignadas se solicitaron oportunamente para hacer frente a la crisis del sector, que como vimos ahora se ha profundizado a niveles intolerables”, remarcaron.