La OMS ha “subcontratado” su papel en el acceso a las vacunas y ha marginado a los estados miembros, al dejar el funcionamiento de la instalación COVAX en manos de las organizaciones GAVI y CEPI, en las que impera el “filantropismo” de los donantes privados.

La denuncia fue formulada durante un foro de las asociaciones de la sociedad civil en que se analizó la disparidad en el acceso a las vacunas COVID y la violación de los DDHH en varios países, durante la cuarentena.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha "subcontratado" su papel en el acceso a las vacunas y marginado a los estados miembros al dejar el funcionamiento de la instalación de adquisición de vacunas COVAX a GAVI (The Vaccine Alliance) y CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Initiative), denunció la activista Sangeeta Shashikant, asesora jurídica de la organización no gubernamental Third World Network's (TWN) y secretaría Internacional de la Red del Tercer Mundo en Malasia.

“La disparidad en el acceso es la fea realidad de COVID-19 en este momento, porque se puede ver que algunos países están recibiendo vacunas, pero la mayoría de los países no”, lamentó Shashikant en una reunión del G2H2 Geneva Global Health Hub, una red de organizaciones de la sociedad civil que se reunió la semana pasada para discutir cómo influir en las discusiones durante la próxima reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, el órgano rector de 33 miembros de la OMS.

Shashikant propuso que se presione a la OMS para que adopte cuatro intervenciones para garantizar que las vacunas se desarrollen como un bien público:

- Asegurar el compromiso legal de los fabricantes de que reservarán una parte de sus suministros para los países en desarrollo.

- Promover la fabricación de vacunas en los países en desarrollo.

- Mostrar un firme apoyo a la propuesta de Sudáfrica, India y varias decenas de países -entre los que se cuenta Argentina- en la Organización Mundial del Comercio de "exención de los ADPIC", destinada a suspender los derechos de propiedad intelectual relacionados con los productos de salud de COVID durante la pandemia.

- Promover una mayor transparencia, particularmente en la información sobre los detalles de los acuerdos COVAX con los fabricantes de vacunas, así como acuerdos de licencia voluntaria entre los fabricantes de vacunas y las empresas de producción.

“Según los informes, AstraZeneca ha firmado acuerdos de licencia con varios fabricantes de todo el mundo, incluido el Serum Institute of India, por mil millones de dosis para abastecer a países de ingresos bajos y medios. Pero mil millones de dosis nunca son suficientes para satisfacer las necesidades de los países en desarrollo”, dijo Shashikant.

“Entonces, ¿por qué solo tienen licencia del Serum Institute? Esto es lo que llamamos licencias limitadas y restrictivas. En el caso de Pfizer y Moderna, no hay licencias”, denunció la activista.

"Para la gran industria farmacéutica, es realmente un negocio como de costumbre, ya que limitan la competencia artificialmente, limitando el suministro porque no ofrecen licencias globales", afirmó la asesora legal de TWN.

Shashikant agregó que la OMS "también ha jugado un papel periférico en toda esta configuración de la instalación COVAX", donde "las decisiones han sido tomadas principalmente por GAVI y los estados miembros de la OMS no están involucrados en ningún tipo de toma de decisiones".

“La realidad es que los países desarrollados dependen de acuerdos bilaterales para el suministro. Dicen que son parte de COVAX, pero tienen todo el suministro de vacunas reservado para ellos fuera de COVAX. Hay muchos problemas diferentes de transparencia, responsabilidad e incluso escepticismo sobre si esta instalación dará resultados”, vislumbró.

La investigadora y activista Els Torreele, miembro visitante en el Instituto de Innovación y Fines Públicos del University College of London (UCL), preguntó “¿por qué, cuando los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y la Universidad de Oxford son los verdaderos innovadores que usaron dinero público, tenemos acuerdos que transfieren todo ese trabajo a Moderna y AstraZeneca".

"¿Cómo podemos crear un esquema de gobernanza más participativo e inclusivo donde la propiedad y el control de la vacuna se distribuya entre los diferentes actores?", preguntó Torrele, durante el foro de la sociedad civil.

Las organizaciones de la sociedad civil pidieron a la OMS que se asegure de que las consideraciones de derechos humanos sean parte de cualquier preparación y respuesta ante una pandemia a raíz del abuso estatal generalizado de los ciudadanos durante la pandemia.

Cristina Palabay, de Karapatan Alliance de Filipinas, informó que más de 100.000 personas habían sido encarceladas por “violaciones de la cuarentena” en su país.

“Muchos experimentaron violencia física, incluida la tortura, como ser colocados en jaulas para perros, ser atados y dejados al calor del sol, golpeados con porras de la policía o colocados en ataúdes para supuestamente darles una lección”, enumeró Palabay sobre la dura realidad de su país donde el Ejercito recibió la orden del gobierno de disparar a matar a todo aquel que se saltara el toque de queda durante la cuarentena.

Las personas en cuarentena obligatoria en Nepal, Bangladesh, India y Malasia se mantuvieron en malas condiciones, con informes de violaciones y suicidios y escasez de alimentos, particularmente en Nepal, según Richa Chinton de Jan Swasthya Abhiyan (People's Health Movement India).

Los trabajadores que violaron los toques de queda por unos minutos en India fueron tratados con dureza y los salarios fueron recortados o no pagados a medida que se redujeron las horas de trabajo, agregó.

Los cierres de escuelas significaron que muchos niños no obtuvieron alimentos y los expusieron a abusos, mientras que se ha registrado un aumento de la violencia de género.

En Kenia, la cuarentena obligatoria "parecía ser un castigo", agregó Christine Ajulu de Health Rights AdvocacyForum.

“Si te encuentran deambulando durante las horas del toque de queda, te obligan a estar en cuarentena. Si te encuentran sin máscara, te obligan a ponerte en cuarentena. Las instalaciones no estaban a la altura y tenemos casos en los que se informó de falta de agua y de alimentos inadecuados”, completó.

Con la excusa de la cuarentena, Israel cerró sus fronteras con la Autoridad Palestina, restringiendo aún más los viajes entre las dos regiones, y alrededor del 80% de la fuerza laboral se vio afectada, según Ubai Al-Aboudi del Centro Bitan de Investigación y Desarrollo en Palestina.

Israel también ha negado a los palestinos el acceso a la vacuna COVID-19, incluidos unos 4000 prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes.

Un grupo de organizaciones de derechos humanos israelíes y palestinas han apelado al Tribunal Supremo de Israel exigiendo que los prisioneros palestinos, que viven en condiciones de hacinamiento que los ponen en alto riesgo de infección, tengan acceso a las vacunas que ahora se distribuyen en masa en Israel.

 Esa es una decisión que el Ministro de Seguridad Pública de línea dura de Israel, Amir Ohana, hasta ahora se ha negado a llevar a cabo.

"Con la revisión del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) en el contexto de COVID-19, la OMS tiene la oportunidad de fortalecer las consideraciones de derechos humanos en la preparación y respuesta ante una pandemia, pero no hemos visto este asunto abordado", según el centro G2H2.

“La respuesta al Covid-19 requiere una acción más inmediata de la OMS. El precedente de ignorar los abusos de los derechos humanos en nombre de la salud pública es peligroso, y no se debe permitir que quede sin respuesta”, completaron.