Alrededor de veinte mil residentes en hogares de ancianos fallecieron entre 2004 y 2016 en Estados Unidos, porque estos geriátricos eran administrados por empresas de capital privado que maximizaron las ganancias en desmedro de la atención, reveló un reciente estudio de tres universidades estaduales.

El informe desnuda el lucrativo negocio de la denominada “industria de los geriátricos” que cotiza en Wall Street y constituye un lobby que hasta ahora eludió regulaciones estatales y neutralizó los intentos de investigación del Congreso de Washington.

Ejemplo de ese poder, ha sido como durante la pandemia los dueños de hogares de ancianos de veinte Estados consiguieron la denominada “inmunidad Legal Federal”  que los protege de eventuales demandas de familiares en caso de comprobarse que no adoptaron las medidas de profilaxis adecuadas.

Uno de esos Estados es Nueva York, cuyo gobernador, Andrew Cuomo, es investigado por el Fiscal Federal del distrito este de Nueva York y el FBI por ocultar, presuntamente, la cifra de muertos en los geriátricos durante la pandemia.

El estudio de investigadores de las universidades de Pensilvania, Chicago y Nueva York evaluó datos de 15.000 hogares de ancianos en Estados Unidos durante doce años, junto con historias clínicas de pacientes de Medicare, para cuantificar  “el impacto de la propiedad de capital privado en la atención y calidad de vida de los pacientes”.

En total, los investigadores encontraron que las muertes representaron "alrededor de 160.000 años de vida perdidos".

Los datos recolectados mostraron que ir a un hogar de ancianos propiedad de capital privado "aumenta significativamente la probabilidad de muerte durante la estadía y los siguientes 90 días" en comparación con los hogares de ancianos con una estructura de propiedad diferente.

El estudio conjunto, que actualiza los hallazgos anteriores de los investigadores, ofrece pistas sobre por qué la propiedad de capital privado de hogares de ancianos ha dado lugar a un mayor número de víctimas.

Las  corporaciones privadas que cotizan en Wall Street compran con dinero prestado o de inversionistas los geriátricos  y luego imponen medidas de reducción de costos para maximizar los ingresos, a menudo en preparación para vender las empresas recién desmanteladas y obtener ganancias, resume el estudio tripartito.

El documento señala que “los hogares de ancianos propiedad de capital privado tienen niveles de personal más bajos que sus contrapartes, lo que está directamente relacionado con los resultados de los pacientes”.

En total, los investigadores encontraron que los niveles de personal en los hogares de ancianos propiedad de capital privado eran 1,4 por ciento más bajos que los niveles de personal en otras instalaciones.

 “La reducción de personal afectó principalmente a los pacientes mayores pero menos enfermos”, concluyeron los investigadores, porque "puede haber menos margen para reducir los costos de la atención de los pacientes más enfermos, ya que tienen necesidades médicas explícitas".

En el sector de la salud, las adquisiciones de capital privado se han asociado con niveles más bajos de personal, apercibimientos  más frecuentes por violaciones a las normas de salud y seguridad, escasez de suministros como ventiladores que son cruciales para los pacientes con COVID “y otras fallas vinculadas al imperativo constante de reducir costos”, compara acríticamente.

“Descubrimos que la propiedad [de capital privado] conduce a una disminución del 3 por ciento en las horas por día-paciente suministradas por los asistentes de enfermería de primera línea que brindan la gran mayoría de las horas de cuidado y servicios de bienestar cruciales como asistencia de movilidad, interacción personal y limpieza para minimizar el riesgo de infección y garantizar las condiciones sanitarias”, informaron los autores del estudio.

Las irregularidades han sido posibles  porque “ayudados por la negligencia del gobierno, los hogares de ancianos han podido desviar la responsabilidad”, analiza el informe.

Los escándalos recientes en Nueva York y Florida han puesto de relieve cómo se ha producido una cantidad desproporcionada de víctimas de COVID en los hogares de ancianos de esos Estados, tal como documenta el estadio de las tres universidades sobre las corporaciones con fines de lucro.

En total, el 70 por ciento de los hogares de ancianos operan actualmente como negocios con fines de lucro y cotizan en Bolsa, mucho más que otros centros de atención médica. Solo alrededor de una cuarta parte de los hospitales, por ejemplo, tienen fines de lucro.

“Los niveles reducidos de personal en los hogares de ancianos propiedad de capital privado podrían ayudar a explicar las tasas de mortalidad más altas de las instalaciones”, subraya el estudio.

Los nuevos datos se hacen eco de un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno Federal de hace una década, que encontró que los hogares de ancianos propiedad de inversores "tenían más deficiencias totales que los hogares sin fines de lucro tanto antes como después de la adquisición".

En octubre, un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association, encontró que durante la pandemia, los hogares de ancianos propiedad de capital privado tenían suministros más escasos.

“Aquellos que viven en hogares de ancianos se han enfrentado a los efectos sorprendentemente desproporcionados y muy mortales de la pandemia de COVID”, subrayó un informe de la AARP (American Association of Retired Persons)

Al menos 106 mil residentes y personal de hogares de ancianos y otros centros de atención habían muerto a causa de la pandemia al 4 de diciembre, según el estudio de la AARP.  Esa cifra equivalía al 39 por ciento de los fallecimientos por COVID.

El informe de AARP explicó que “hay varios culpables a los que culpar por esta proporción extremadamente alta, incluida la mala supervisión del gobierno y la falta de responsabilidad en la industria de los hogares de ancianos”.

En los hogares de ancianos privatizados la pandemia "se intensificó tan rápidamente, con poca respuesta", analizó Elaine Ryan, vicepresidenta de AARP en una entrevista con el sitio Know Your Value. 

“Ya en marzo o abril estábamos abogando por que las familias pudieran incluso obtener información sobre el estado de sus seres queridos. Nos preguntábamos, '¿qué está pasando? ¿Tiene el personal suficiente PPE? ¿Existe algún control de infecciones? La falta de transparencia de los hogares de ancianos desde el principio fue simplemente extraordinaria”, cuestionó la directiva de AARP.

Al comienzo de la pandemia, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid federales retiraron la supervisión regular del gobierno de los geriátricos, según el informe, una decisión que aumentó los factores de riesgo.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), agencia federal dependiente del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, otorgó 21 mil millones en fondos de ayuda federal a hogares de ancianos a nivel nacional, de los cuales  2.5 mil millones se asignaron para el control de infecciones. El resto se concedió sin "condiciones", precisó el informe de la AARPP. 

"¿Dónde se ha ido este dinero?" preguntó Ryan. “No se trata de aumentos salariales para las personas que se presentan todos los días para luchar en esa línea del frente. Necesitamos respuestas sobre lo que está sucediendo en esas instalaciones y qué más se puede hacer para salvar vidas en los próximos meses".

El informe argumentó que, ayudados por la negligencia del gobierno, los hogares de ancianos han podido desviar la responsabilidad. 

La American Health Care Association, que representa a los hogares de ancianos sin fines de lucro y con fines de lucro, ha impulsado la inmunidad legal federal y estatal durante la pandemia. Esta inmunidad se ha concedido en al menos 20 estados, según el informe.

La American Health Care Association en un  comunicado también negó que los hogares de ancianos estuvieran generando ganancias exorbitantes para los accionistas.

"Como testificamos ante el Congreso el año pasado, nuestra industria ha enfrentado una escasez de personal durante años, ya que los proveedores operan con márgenes de ganancia muy reducidos debido a la falta crónica de fondos de Medicaid y los desafíos para contratar personal adicional de una fuerza laboral de alta demanda", se defendieron.

El doctor Stephen Crystal, director del Centro de Investigación de Servicios de Salud de la Universidad de Rutgers, dijo que "todo ha sido vergonzoso, francamente", incluso las excusa de la industria de los geriátricos.

Crystal añadió: “Lo que veo es una industria que ha cultivado una enorme influencia en el Congreso... Me he preguntado a lo largo de los años por qué no hay más indignación por muchas cosas que suceden en los hogares de ancianos. La gente lo ve como su propio problema personal, no como algo que una sociedad civilizada proporciona a la gente”.

Ryan de la AARP tiene la esperanza de que la pandemia  forzará cambios radicales en la política de atención a largo plazo y en las actitudes estadounidenses hacia el envejecimiento de la población.

“Damos fondos ilimitados a los hogares de ancianos y fondos limitados para cuidar a las personas en el hogar”, dijo Ryan. "Espero no solo una llamada de atención y acción ahora, sino que también espero y abogaré por una reforma fundamental de este sistema".