PAMI destina la mitad de su presupuesto en medicamentos a la cobertura del 1,4 por ciento de pacientes oncológicos, a causa del alto precio de los fármacos patentados requeridos para esos tratamientos, se informó durante un zoom organizado por el centro de profesionales farmacéuticos CEPROFAR.

PAMI gasta mil millones de pesos mensuales en medicamentos oncológicos y dos mil millones en medicamentos esenciales para enfermedades crónicas, explicó Rubén Sajem, presidente del centro de profesionales farmacéuticos durante un debate titulado “Patentes y pandemia”.

“La pandemia hizo más visibles las dificultades para acceder a los medicamentos por efectos de las patentes y los medicamentos dejaron de ser bienes de salud y ahora son bienes financieros”, reseñó Sajem.

“Los medicamentos de alto precio tienen un precio que no sabemos si es el precio verdadero, lo que sabemos es que las acciones de sus fabricantes suben porque se han convertido en bienes financieros”, afirmó.

“Se culpabiliza a un país de no conseguir una vacuna, pero son las multinacionales las que deciden donde distribuyen las vacunas según sus intereses estratégicos”, completó Sajem.

Pedro Villardi, experto en propiedad intelectual de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos (REBRIP), explicó que en su país 17 organizaciones sociales, sindicatos y de derechos humanos se movilizaron el año pasado para que el Congreso de Brasilia aprobara una ley que declaraba a las licencias obligatorias como una política de Estado “porque mientras durara la pandemia no podía haber monopolios” (proyecto 1462/20).

“Pero (ese proyecto legislativo) no prosperó porque el lobby de las farmacéuticas estuvo muy fuerte en el Congreso de Brasil”, lamentó.

Con el aumento de los casos de COVID en Brasil “este año la presión es más fuerte en el Senado por dos proyectos que no son tan buenos como el anterior, pero permitiría emitir licencias obligatorias en tiempos de pandemia” y de aprobarse “será un avance importante para Brasil”, vislumbró.

El panelista explicó que la Corte Suprema de Brasil ha iniciado un debate sobre los límites en la extensión de las patentes a partir del plazo inicial de veinte años “que ha puesto nerviosas a las multinacionales”.

Durante el debate en la Corte Suprema se percibió un momento muy ríspido, cuando uno de sus miembros del Supremo Tribunal acusó a los abogados de la industria multinacional de pagar 1,5 millones de reales a los medios de comunicación para que publicaran información falsa con la intención de incidir en la votación, explicó Villardi.

Referente además de la Campaña Global por el Tratado Vinculante sobre DDHH y Empresas Transnacionales, Villardi calificó de “vergonzosa” la posición adoptada por Brasil en la OMC al oponerse a la exención temporal de las patentes que proponen un centenar de país encabezados por India y Sudáfrica.

“El gobierno de Brasil en la OMC defiende los intereses de las multinacionales farmacéuticas, pero la sociedad de Brasil no está de acuerdo con está defensa estúpida de los privilegios de la industria farmacéutica”, enfatizó.

También cuestionó la propuesta de una “tercera vía” alentada en la OMC por su actual presidenta, Ngozi Okonjo-Iweala, al calificarla de “una solución ridícula para no salir de donde estamos”.

“La tercera vía es un status quo y cuando proponen ese tipo de soluciones debemos desconfirmar porque es para mantener todo igual”, completó Villardi.

Claudia Vargas Peláez, profesora del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia y directora de la Fundación Ifarma, también lamentó la posición adoptada por el gobierno de su país durante los debates por la exención de las patentes COVID en la OMC.

“El gobierno de Colombia se comporta como un rico sin plata, pues se colocó más del lado de los países del norte que de aquellos países similares en ingresos medios y bajos”, se quejó la directora de Ifarma, un de las OnG más activas a nivel global contra los abusos de las patentes.

Colombia al principio no apoyó la exención de las patentes “y no pidió la palabra en las reuniones del Consejo ADPIC, pero al ver que la situación de la pandemia se salía de control terminó en marzo apoyando la tercera vía”, sintetizó.

Colombia, recordó la panelista, ha sufrido de represalias y amenazas de embajadores de Estados Unidos y enviados de las multinacionales, cuando durante el gobierno precedente de Juan Manuel Santos se avanzó con una licencia obligatoria del medicamento Glivec de Novartis.

La directora de Ifarma aseguró que en el sistema COVAX patrocinado por la OMS, “tiene gran influencia de la Fundación Gates, que prácticamente lo administra, pero solo entregó hasta ahora el 20 por ciento de las dosis prometidas y no hay ninguna solución”.

“Desde la sociedad civil hemos hecho difusión y campañas para informar sobre la falta de respuesta de la industria farmacéutica a la pandemia y que tampoco no hay nada estructurado para fabricar vacunas en nuestro país”, subrayó.

Claudia Vargas Peláez lamentó la dependencia de la industria farmacéutica latinoamericana: “ninguno de nuestros países produce materias primas y aunque hubiese capacidad local para fabricar vacunas, tendríamos que depender de las importaciones de materias primas”, concluyó.

Lorena Di Giano, directora Ejecutiva de Fundación GEP, al abordar esas limitaciones estructurales de la industria farmacéutica latinoamericana, afirmó que “se necesita decisión política e inversión para fabricar vacunas en el país”.

“Argentina y Brasil podrían fabricar vacunas, pero dependen de los titulares de las patentes”, añadió.

“En 26 años de existencia del sistema patentes no se cumplieron las promesas y esto no da para más”, remarcó, detallando entre esas promesas incumplidas que “no hubo transferencia de tecnología, pero si la concentración de la actividad innovadora en pocos países, y se le suma los abusos de las compañías multinacionales al pedir más extensión de las patentes que ya tenían veinte años de vigencia”.

El evergreening o “patentes siempre verdes” comenzó en la década del 80 con el pedido de una nueva patente para el antirretroviral ritonavir por cambios en las condiciones de transporte y conservación, pues se eliminaba la cadena de frio al estabilizar la temperatura medio ambiente.

“Pero no era un cambio suficiente como para darle otros veinte años más”, recordó la directora de la Fundación GEP.

“Con evergreening una patente de la década del 80 puede extenderse hasta 2028”, explicó.

También recordó que al desembarcar en Argentina el medicamento Sovaldi (sofosbuvir) contra la hepatitis C, su fabricante Gilead cotizó en 84 mil dólares el tratamiento a un promedio de mil dólares por pastilla.

“Nosotros con otras organizaciones logramos que se rechazaran las dos patentes que bloqueaban la producción de un genérico nacional y eso permitió que el Ministerio de Salud ahorrara 7,5 millones de dólares por la primera compra de ese genérico”, recordó.

Di Giano también mencionó que “la Universidad de Liverpool demostró que seis dólares es el costo de producción de un tratamiento con remdesivir inyectable  por semana, pero Gilead vendió a la UE  y a Estados Unidos el tratamiento a 2.340 dólares e incluso pedía hasta 4.000 dólares por tratamiento”.

Por último, informó que un estudio de la Fundación GEP detectó la existencia de 188 patentes biológicas asociadas con vacunas COVID.