Varios de los funcionarios y asesores más poderosos del presidente Joe Biden – e incluso el mismo- han tenido relaciones comerciales con multinacionales farmacéuticos que ahora presionan a su administración por la posición adoptada en la OMC a favor de la exención de las patentes COVID, según documentos publicados por el sitio independiente The Daily Poster de Estados Unidos.

A su vez el sitio digital The Intercept de Estados Unidos publicó que la industria farmacéutica “envió un ejército de lobbistas” para frenar el apoyo de la Casa Blanca a la exención de patentes COVID en la OMC.

“Biden y muchas de sus personas designadas tienen vínculos con compañías farmacéuticas que intentan retrasar y debilitar la exención de la vacuna COVID que ahora promete negociar”, escribieron los periodistas David Sirota, Walker Bragman y Andrew Perez.

Esos vínculos, y la alianza de larga data de Biden con los intereses de la industria farmacéutica, “podrían resultar particularmente relevantes ya que las compañías farmacéuticas ahora intentan cancelar cualquier nueva exención de las reglas de patentes que podría reducir sus ganancias y facilitar la distribución más amplia de vacunas a los países afectados por COVID”.

“Las acciones farmacéuticas cayeron (en Wall Street) después del anuncio (de apoyo a una exención de las patentes en la OMC) y la industria ya está criticando el apoyo de la administración Biden a relajar las reglas de propiedad intelectual”, publicó The Daily Poster.

Sin embargo, los periodistas alertaron que “los detalles granulares de la exención (en la OMC) serán negociados por una administración de Biden poblada por individuos con importantes inversiones farmacéuticas y cuyos empleadores anteriores trabajaron para una panoplia de gigantes farmacéuticos. Eso incluye a los fabricantes de medicamentos que actualmente presionan a la Casa Blanca sobre la propiedad intelectual”.

Entre ellos están:

Antony Blinken: antes de ser nombrado secretario de Estado, Blinken ayudó a formar una empresa de consultoría corporativa, llamada WestExec Advisors. Su lista de clientes incluía al gigante farmacéutico Gilead Sciences, que fabrica remdesivir, el único fármaco aprobado por la FDA para tratar el COVID. Varias agencias del gobierno de Estados Unidos “Llevaron a cabo o financiaron gran parte del desarrollo clínico y preclínico de remdesivir”, según un informe de Knowledge Ecology International.

Gilead admitió recientemente que ejerció presión sobre el Congreso y el Departamento de Estado de Blinken en un intento de influir en temas de "comercio internacional y la protección de la propiedad intelectual; licencias obligatorias y otras cuestiones de propiedad intelectual en varios países".

Gilead fue noticia recientemente anunciando que le daría a India 450.000 viales de remdesivir y ayudaría a incrementar la producción de su medicamento antiviral en el país devastado por la pandemia. Al mismo tiempo, Gilead inició hace pocos días una demanda contra el gobierno ruso después de que permitió que una empresa nacional fabricara un genérico de remdesivir.

Linda Thomas-Greenfield: la embajadora de Biden ante las Naciones Unidas trabajó anteriormente para la firma consultora Albright Stonebridge Group, que ha representado a Pfizer.

Jennifer O’Malley Dillon: la subdirectora de personal de Biden fue socia fundadora de la firma consultora Precision Strategies, que ha trabajado tanto para Gilead como para Pfizer. La ex colega de O’Malley Dillon en la firma, Stephanie Cutter, es asesora de una nueva organización sin fines de lucro, Building Back Together, creada para apoyar la agenda de Biden. La organización incluyó su dirección comercial como la oficina de Precision Strategies en los registros corporativos de D.C.

Anita Dunn: El trabajo de Dunn como asesora principal en la Casa Blanca de Biden es solo temporal, lo que significa que no tiene que presentar una declaración financiera pública. Pero su empresa, SKDK, también ha trabajado para Pfizer.

Steve Ricchetti: Actualmente se desempeña como consejero de Biden, Ricchetti solía ser un cabildero de compañías farmacéuticas como Novartis, así como de Eli Lilly y Sanofi. Esas empresas son los principales fabricantes de insulina, que es significativamente más cara en Estados Unidos que en muchos otros países.

El hermano de Steve, Jeff Ricchetti, dirige una empresa de cabildeo, Ricchetti Inc., que ha experimentado un auge en los negocios desde que Biden ganó la presidencia. Sus clientes actuales incluyen a la empresa farmacéutica Vaxart, que está trabajando en una vacuna COVID-19 basada en tabletas.

Según los informes, Biden también está considerando al abogado Ellisen Turner como director de la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. Turner, socio del bufete de abogados Kirkland & Ellis, cuenta a Gilead entre sus clientes anteriores. Turner ha trabajado en nombre de compañías farmacéuticas para prevenir el desarrollo de medicamentos genéricos.

Por fuera de la administración, el exdirector de asuntos legislativos de Biden, Sudafi Henry, recientemente comenzó a cabildear a favor de la empresa de dispositivos médicos Abbott Laboratories sobre cuestiones de COVID.

Abbott tiene negocios importantes en India y produce pruebas de coronavirus, por lo que podría tener interés en si alguna exención de comercio internacional incluye pruebas de diagnóstico además de vacunas, especuló el sitio periodístico.

Otro sitio estadounidense independiente, Politico informó que Kwabena Nsiah, quien se desempeñó como jefe de gabinete del excongresista y actual asesor principal de la Casa Blanca, Cedric Richmond, se uniría a la firma de Henry.

“La decisión de Biden de abastecer su administración con aliados de la industria farmacéutica está relacionada con su propio historial anterior. Procedente de Delaware, el estado natal de la sede estadounidense del gigante farmacéutico AstraZeneca, se ha alineado periódicamente con los fabricantes de medicamentos en cuestiones de patentes”, recordó The Daily Poster.

A lo largo de su carrera, “Biden ha apoyado la legislación comercial que fortalece las reglas de patentes farmacéuticas. Eso incluye votar por la Ley de Acuerdos de la Ronda Uruguay de 1994, que respaldó la ronda de negociación original de la OMC que creó el sistema restrictivo de patentes conocido como Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en primer lugar”, recordaron los periodistas.

“Pfizer y otras compañías farmacéuticas presionaron fuertemente por los ADPIC, y el nuevo acuerdo requería que los países miembros promulgaran leyes nacionales que brindaran un estándar mínimo de protección de la propiedad intelectual. Como era de esperar, después de su establecimiento, los precios de los medicamentos se dispararon”.

“En 2000, Biden fue uno de los ocho senadores demócratas que votaron con los republicanos en contra de restablecer la capacidad del gobierno de imponer precios razonables para los productos farmacéuticos desarrollados con ayuda federal después de que los Institutos Nacionales de Salud, bajo presión de la industria, renunciaran a su capacidad para hacerlo durante cinco años”, mencionaron.

Años más tarde, como vicepresidente de Barack Obama, Biden “accedió una vez más a la industria farmacéutica”, cuando en 2014 “escribió una carta al presidente colombiano Juan Manuel Santos expresando las preocupaciones de la administración estadounidense sobre los intentos del país sudamericano de extender una licencia obligatoria del medicamento Gleevec o Glivec (Imatinib) de Novartis “para producir medicamentos genéricos contra el cáncer asequibles”.  

Como vicepresidente, Biden también fue uno de los principales defensores del controvertido acuerdo comercial de la Asociación Transpacífico, que habría fortalecido la exclusividad de las patentes e incluido protecciones contra las compras masivas por parte de los gobiernos.

Como señaló la Sunlight Foundation en ese momento: "A instancias de la industria farmacéutica, Estados Unidos también está presionando para limitar la capacidad de las agencias reguladoras nacionales para apoyar el desarrollo de medicamentos genéricos".

“Teniendo en cuenta sus esfuerzos pasados, los intereses farmacéuticos probablemente se mostraron optimistas sobre el apoyo de Biden una vez que fue elegido presidente. Pfizer, que ha fabricado la vacuna COVID más utilizadas en Estados Unidos donó 1 millón de dólares al comité electoral de Biden.

En 2019, Associated Press informó que los fabricantes de medicamentos Johnson & Johnson, Amgen, GlaxoSmithKline y Bristol Myers Squibb estaban "entre una gran cantidad de socios corporativos y otros grupos que trabajan en proyectos relacionados con el cáncer promovidos por" la Iniciativa contra el cáncer de Biden, Biden Cancer Initiative, una organización sin fines de lucro que Biden inició después de su etapa como vicepresidente.

Antes que Biden anunciara la nueva posición de Estados Unidos en la OMC, las grandes farmacéuticas ya habían estado preparando para la batalla. Solo en el primer trimestre de 2021, la industria farmacéutica gastó 92 millones de dólares en financiar a un centenar de lobbistas enfocados en fortalecer las reglas de la propiedad intelectual y bloque eventuales cambios.

“Este cambio en la política estadounidense de larga data no salvará vidas”, escribió la cámara empresaria Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), uno de los grupos de presión más grandes en Washington con 459 millones en ingresos en 2019.

La Organización de Innovación en Biotecnología (BIO), un grupo de presión que representa a los fabricantes de vacunas COVID Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson, escribió una carta en la que amenazaba con que la decisión de la administración de Biden "actuará como un desincentivo para que las empresas respondan a la próxima pandemia".

En realidad, la mayoría de las principales vacunas COVID que se distribuyen en todo el mundo, incluidas las de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, se basan en tecnología desarrollada por científicos gubernamentales en los NIH (National Institutes of Health).

Las empresas también se beneficiaron del programa Operation Warp Speed ​​de la administración Trump. Moderna y Johnson & Johnson recibieron asistencia federal para investigación y desarrollo, mientras que el gobierno prometió comprar dosis de Pfizer por valor de casi 2 mil millones de dólares en caso de que resultaran efectivas.

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ENVÍA EL EJÉRCITO DE LOBBISTAS PARA BLOQUEAR LAS VACUNAS GENÉRICAS COVID-19

“Nuevas divulgaciones sobre cabildeo muestran a más de 100 cabilderos de las drogas trabajando para derrotar la solicitud de exención de propiedad intelectual en la OMC”, escribió el periodista Lee Fang en el sitio independiente The Intercept de Estados Unidos.

Lee Fang es el autor de la investigación sobre ese “ejército de lobbIstas” y la conclusión de su investigación es que “la industria farmacéutica está invirtiendo recursos en la creciente lucha política por las vacunas genéricas contra el coronavirus”.

Fang accedió a los formularios de contactos que por ley se les exigen a las empresas de “asesoría” de Washington, que demuestran que durante el primer trimestre de 2021 “más de 100 cabilderos se han movilizado para contactar a legisladores y miembros de la administración Biden, instándolos a oponerse a una exención temporal propuesta sobre los derechos de propiedad intelectual por parte de la Organización Mundial del Comercio que permitiría la producción de vacunas genéricas a nivel mundial”.

Los cabilderos farmacéuticos que trabajan en contra de la propuesta incluyen a Mike McKay, un recaudador de fondos clave para los demócratas de la Cámara, que ahora trabaja para Pfizer, así como a varios ex miembros del personal de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, que supervisa las negociaciones con la OMC.

“Varios grupos comerciales financiados por empresas farmacéuticas también se han centrado de cerca en derrotar la propuesta genérica, según muestran nuevas divulgaciones. La Cámara de Comercio de Estados Unidos., La Mesa Redonda de Negocios y la Alianza Internacional de Propiedad Intelectual, que reciben dinero de las compañías farmacéuticas, han enviado a decenas de cabilderos para oponerse a la iniciativa”, publicó.

“El impulso ha sido seguido por una serie de voces influyentes que se pusieron del lado del lobby de las drogas” y menciona como ejemplo que el senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, publicó una carta exigiendo que la administración "se oponga a todos y cada uno de los esfuerzos destinados a renunciar a los derechos de propiedad intelectual".

La exención solicitada por India y Sudáfrica “permitiría la creación de industrias enteras en estos países que competirán con empresas estadounidenses. en el desarrollo de tecnologías de vanguardia para el cuidado de la salud”, se quejó Tillis.

Howard Dean, el ex presidente del Comité Nacional Demócrata, también ha criticado de manera similar la propuesta, haciéndose eco de muchos de los argumentos de la industria farmacéutica.

Las campañas de los lobistas refuerzan la línea argumental de la industria: "La escasez de vacunas no se debe a la propiedad intelectual, sino a los lamentables desafíos de producción y distribución", escribió Michelle McMurry-Heath, presidenta de la Organización de Innovación Biotecnológica (BIO), la cámara empresaria que representa a Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson en una columna de opinión para The Economist.

La eventual exención-argumentó la CEO de BIO - se encuentra entre los "gestos vacíos que colocan el costo y la responsabilidad en el regazo de los países más necesitados".

“Los cabilderos de las compañías farmacéuticas dicen que la exención de los ADPIC no aumentará el suministro de vacunas, pero si eso es cierto, ¿por qué se oponen? Porque creen que de hecho expandirá la producción”, señaló James Love, director de Knowledge Ecology International (KEI), influyente OnG global que apoya la petición de exención.

“La exención en sí, desde un punto de vista legal, es sumamente importante para eliminar dos disposiciones restrictivas sobre los ADPIC, ambas relacionadas con las exportaciones”, agregó Love. “Desde un punto de vista político, es más importante dar luz verde para utilizar la autoridad de licencias obligatorias existente y presionar a los fabricantes de vacunas para que hagan más acuerdos voluntarios”.

Brook K. Baker, profesor de derecho en Northeastern University y analista de políticas senior de Health GAP, también señaló que la industria farmacéutica parece estar montando una "contraofensiva" sobre las crecientes demandas de la exención de los ADPIC.

"Esto incluyó al pequeño ejército de cabilderos bien pagados que incluye a muchas figuras y personal ex-Capitol Hill (Capitolio) pero también incluye campañas publicitarias y artículos de opinión de cómplices de la industria que desafían directamente la exención y predicen el desastre farmacéutico si se adopta", alertó Baker.

"Esta industria hará cualquier cosa para proteger su propiedad intelectual y sus secretos comerciales, incluso si no puede ni quiere satisfacer las necesidades de vacunas en los países en desarrollo", predijo Brook K. Baker.

Baker ha pedido a la administración Biden que no solo otorgue la exención, sino que "deje en claro al público estadounidense que no podemos lograr y mantener la inmunidad a la vacuna COVID hasta que todo el mundo esté vacunado".