El gobierno de Bolivia y la empresa farmacéutica canadiense Biolyse, firmaron un acuerdo para la provisión de 20 millones de dosis de una vacuna COVID-19, que será fabricada en su planta industrial de Ontario, si el gobierno canadiense le autoriza una licencia obligatoria.

Biolyse es un fabricante especializado en medicamentos contra el cáncer con la capacidad potencial de producir hasta veinte millones de dosis de vacunas COVID-19 por año a un costo de producción de 3 a 4 dólares por dosis y actualmente busca una licencia obligatoria bajo el Régimen Canadiense de Acceso a Medicamentos (CAMR).

Johnson & Johnson rechazó en marzo una solicitud de Biolyse de una licencia voluntaria para fabricar una versión genérica de su vacuna.

Precisamente, Biolyse es uno de los laboratorios mencionados por Carlos Correa, Director Ejecutivo de South Centre, que ha intentando infructuosamente hasta ahora conseguir una licencia voluntaria para producir una versión genérica de su vacuna.

Rogelio Mayta, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, anunció el acuerdo durante una conferencia de prensa celebrada en La Paz, a la que se le sumó Brigitte Kiecken, presidenta de Biolyse, a través de video conferencia.

Durante el Foro sobre Financiamiento para el Desarrollo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) realizado el 12 de abril, el ministro Mayta dijo que “todas las empresas farmacéuticas privadas o estatales que tengan la capacidad de producir vacunas deben hacerlo, considerando que las vacunas son, en última instancia, bienes públicos “.

El presidente boliviano Luis Arce, durante la reciente Cumbre Iberoamericana convocó a una “reforma de los estándares internacionales, especialmente los relacionados con los derechos de propiedad intelectual” para acelerar la distribución global de las vacunas COVID-19.

Bolivia recientemente notificó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) su deseo de utilizar el mecanismo de licencia obligatoria previsto en el artículo 31 bis del Acuerdo sobre los ADPIC.

En su notificación a la OMC el gobierno boliviano explicó que su intención es importar vacunas fabricadas por Biolyse en Ontario, tal como lo exige el artículo 31 bis.

El gobierno de Canadá por el contrario ha argumentado que las flexibilidades existentes están funcionando “según lo previsto”, citando como ejemplo su propio mecanismo de Régimen de Acceso a Medicamentos (CAMR) de Canadá.

Los defensores de la exención de los ADPIC, como Sudáfrica, han rechazado ese argumento citando específicamente el caso de Biolyse, el CAMR canadiense y el artículo 31 bis del Acuerdo ADPIC, como ejemplos de un laberinto procesal que solo se ha utilizado una vez desde que entró en vigor e incluye una serie de disposiciones proteccionistas que impiden la rápida concesión de licencias obligatorias.

Por ejemplo, las licencias obligatorias solo se pueden otorgar para los productos enumerados en el Anexo 1 de la Ley de Patentes de Canadá y actualmente no hay ninguna vacuna COVID-19 en esa lista.

Aunque el Anexo 1 puede modificarse para incluir productos adicionales, las autoridades canadienses se han negado a responder al sitio especializado KEI y a Biolyse si las vacunas COVID-19 se agregarán a la lista o cuál es el plazo estimado para que se lleve a cabo esa enmienda.

“Si Canadá no permite rápidamente a Bolivia importar vacunas fabricadas por Biolyse bajo una licencia obligatoria, estaría contradiciendo directamente sus propias declaraciones en la OMC”, publico KEI.

 Canadá “no puede seguir afirmando que el artículo 31 bis del Acuerdo sobre los ADPIC y el CAMR funcionan según lo previsto, mientras obstaculiza un intento legítimo de utilizar este mecanismo”, advirtió el sitio especializado con sede en Washington.

En tal sentido agregó que “Biolyse quiere participar en los esfuerzos globales para poner fin a la pandemia, pero su capacidad para ayudar a salvar vidas en Bolivia depende de las acciones del gobierno canadiense”.

El 27 de abril, 41 expertos canadienses enviaron una carta al Primer Ministro de Canadá, al Ministro de Innovación, Ciencia e Industria y al Ministro de Salud, solicitando la enmienda del Anexo 1 de la Ley de Patentes para incluir la vacuna COVID-19 en la lista de productos elegibles para la exportación de conformidad con el Régimen Canadiense de Acceso a Medicamentos.

El Anexo 1 puede modificarse mediante la recomendación del Ministro de Salud y del Ministro de Innovación, Ciencia e Industria.

Como señaló KEI, los intentos anteriores de enmendar la Lista requirieron grandes inversiones de tiempo. “Enmendar el Anexo 1 es un paso necesario en el proceso de solicitud de licencia obligatoria. La adición de la 'vacuna COVID-19' a la Lista 1 aumentaría la capacidad de producir y exportar vacunas COVID-19 muy necesarias a países de ingresos medios y bajos”, reprodujo KEI.

KEI ha estado ayudando a Biolyse en su solicitud de licencia obligatoria y se reunió con funcionarios bolivianos para discutir este tema. Ni KEI ni ninguno de los miembros de su personal recibieron compensación en relación con este acuerdo, aclaró la OnG.

Pedido del laboratorio canadiense: https://drive.google.com/file/d/1QU5oRcbg9dQ7RBlTs_G6PZ2oviU7NAze/view?usp=sharing