Las multinacionales apuntan a los acuerdos bilaterales con los países desarrollados que pueden pagar (por adelantado) sus vacunas y rechazan la posibilidad de compartir licencias con laboratorios que podrían incrementar la producción en estos momentos críticos, afirmó el argentino Carlos Correa, Director Ejecutivo de South Centre.

Incluso, algunos titulares de patentes, ni han respondido a las llamadas de los laboratorios interesados en negociar licencias voluntarias.

“Ninguna empresa ha manifestado voluntad de compartir tecnología y hablaron de extender licencias obligatorias, pero luego tampoco lo hicieron”, explicó Correa, durante un zoom organizado por Clacso y South Centre, sobre “La tensión entre la salud pública y las patentes en la era del COVID 19”.

Correa además es el autor de “Expanding the production of COVID-19 vaccines to reach developing countries Lift the barriers to fight the pandemic in the Global South”, estudio que detalla como los laboratorios que intentaron negociar licencias de vacunas fueron rechazados o ignorados por Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson.

“BioNTech-Pfizer, Moderna, no ha mostrado interés (en compartir la tecnología de sus vacunas) y no existen razones para pensar que cambiarán su actual estrategia de mantenerla bajo su control. Algunas empresas, como Incepta de Bangladesh, Biolyse de Canadá, Getz Pharma de Pakistán, Teva de Israel informaron que los productores de vacunas actuales han rechazado o ni siquiera respondieron a las solicitudes de obtención de licencias para producción”, señala Correa en su informe.

Además, Correa explicó que Moderna “ha estado involucrada en Estados Unidos en un litigio sobre tres patentes propiedad de Arbutus Biopharma y Pfizer y su socio BioNTech han sido demandados por Allele Biotechnology y Pharmaceuticals, Inc. por la presunta infracción de una patente sobre una proteína fluorescente monomérica utilizada en los ensayos de su vacuna COVID-19.

Otro dato alarmante, aportado por Correa es que la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) ya había encontrado en 2012, 11.800 familias de patentes para diferentes componentes de las vacunas para prevenir algunas enfermedades infecciosas y 13.113 familias de patentes relacionadas con la tecnología de ARNm usada en las vacunas de Pfizer y Moderna.

Correa advirtió que la multinacional Moderna que deslizó cierta neutralidad con la nueva posición del gobierno de Biden en la OMC, tiene 270 patentes extendidas en Estados Unidos y en el extranjero que protegen la tecnología basada en ARNm y otras 600 solicitudes pendientes. Tres en Argentina -donde por ahora no tiene intenciones de comercializar su vacuna- según denunció la Fundación GEP.

Carlos Correa diferenció que “AstraZeneca es la excepción con una docena de contratos de manufacturación”, pero aclaró que “se trata de una tercerización más que de una extensión de licencias en el sentido estricto”.

El Director Ejecutivo de la organización intergubernamental South Centre resaltó que “la liberación de las patentes permitirá consolidar una industria local de medicamentos y vacunas que la pandemia demostró que es una producción que tiene carácter estratégico”.

Correa analizó que la posición adoptada por Estados Unidos “es un cambio importante de un país que ha sido el campeón de la protección de la propiedad intelectual, aunque históricamente es el país que extendió más licencias obligatorias”.

“Pero hay que recibirla con reservado optimismo -advirtió el experto argentino- porque la exención que proponen India y Sudáfrica se refiere a vacunas y también a diseños industriales, derechos de autor, respiradores, y la USTR (United States Trade Representative) solo habló de vacunas, pero no de tratamientos experimentales contra el COVID”.

En segundo lugar -alertó Correa- la USTR dijo que está dispuesta a negociar sobre la base de un texto y la experiencia indica que cuando Estados Unidos negocia siguiendo la presión de sus Big Pharma tiende a imponer una condicionalidad al sistema que termina inocuo o inofensivo como terminó siendo el Artículo 31 del Acuerdo ADPIC” sobre los usos por un país miembro de la OMC de una patente sin autorización del titular de los derechos.

Para Correa la exención de las patentes de ser aprobada debe ser rápida, aunque al mismo tiempo alberga el temor de que Estados Unidos dilate la cuestión hasta la 12 Conferencia Ministerial de Comercio prevista para noviembre-diciembre venidero.

El paso inmediato son las decisiones nacionales como la reciente aprobación en el Senado de Brasil de un proyecto de ley que suspenden las patentes, mencionó como ejemplo.

Sobre la relación entre salud pública y patentes, Correa explicó que “ya era una relación compleja antes de la pandemia, porque siempre existió la tensión entre salud y las patentes monopólicas”, en virtud de que “salud requiere del juego de la competencia y el acceso a los medicamentos para todos los que lo necesiten”.

“Sin el lobby de la industria no existiría el Acuerdo ADPIC”, enfatizó uno de los más calificados expertos en propiedad intelectual. Y la imposición de las Big Pharma “fue un cambio paradigmático porque cincuenta países no reconocían hasta entonces las patentes y se vieron obligados por la OMC”, lista que incluía a Argentina, Chile, Brasil y México por América Latina.

La escasez de vacunas para Correa tampoco constituye una novedad porque desde antes de la pandemia “cuatro o cinco empresas de países occidentalizados contralaban el 80 por ciento del mercado mundial de vacunas”, un segmento del mercado en el que “no había habido tanta investigación o desarrollo por las Big Pharma, que prefieren incursionar en el mercado de las enfermedades crónicas”.

En consecuencia, ya existía un mercado oligopólico antes de la pandemia “y los productores no estaban preparados para afrontar la demanda”, explicó Correa.

Actualmente existe “un prometedor desarrollo en otros países como en Cuba, pero la actual capacidad de producción de vacunas es insuficiente ante la demanda mundial”, analizó Correa.

En consecuencia, el escenario actual es que “hay un déficit en la oferta, una distribución inequitativa que se ha convertido en una catástrofe moral por el acaparamiento de vacunas por parte de algunos países, y las vacunas ya producidas se concentraron en pocos países desarrollados”. Y no solo de vacunas, sino de insumos hospitalarios elementales como los barbijos que “deberían ser considerados como bienes públicos globales”.

Sobre la iniciativa COVAX administrada por GAVI y auspiciada por la OMS, Correa explicó que debía proporcionar vacunas para el 20 por ciento de la población mundial, pero fracasó y terminó compitiendo con los países en la compra de vacunas”.

Karina Batthyany, secretaria Ejecutiva de CLACSO, coincidió que el mercado global de las vacunas “está concentrado en pocas empresas que se que se benefician de descubrimientos financiados con fondos públicos, que después se convierten en un acceso desigual”.

“Los Estados mas ricos tienen herramientas mas fuertes para negociar con los laboratorios que desarrollan las vacunas”, denunció Batthyany.

Por eso, “hay que liberar las patentes, pero además asumir la salud como un bien público”, propuso.

También resaltó que “desde CLACSO nos hemos sumado a otras instituciones en denunciar esta situación de concentración de las vacunas en un puñado de países”.

Consuelo Silva, del Grupo de Trabajo de Integración Regional de CLACSO, vislumbró que “sería una gran luz al fin del camino si se concreta la propuesta de suspender las patentes” en la OMC.

Las compras anticipadas al comienzo de la pandemia cuando las vacunas aún estaban en fase de experimentación, “provocaron la distorsión de precios”, aún existente en el mercado, subrayó.

Documento completo de Carlos Correa: https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2021/04/PB-92.pdf