LAS LICENCIAS VOLUNTARIAS NO SON LA ALTERNATIVA, CUANDO LA INDUSTRIA SE AFERRA AL MONOPOLIO DE LAS PATENTES, SEÑALARON EXPERTAS DE FIOCRUZ Y FLACSO EN PROPIEDAD INTELECTUAL
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Los fabricantes de vacunas sostienen que es insustancial la exención temporal de las patentes COVID porque existe el mecanismo de las licencias voluntarias, pero en la práctica han demostrado escasa o nula predisposición a compartir su fabricación en los países en vías en desarrollo.
La escasa voluntad de compartir y facilitar la producción de vacunas fuera de los países desarrollados, fue una de las conclusiones del debate “Vacunas y Patentes” organizado por la agrupación “Liberación- corriente latinoamericana de trabajadores del sistema científico- tecnológico”.
Durante el debate se expusieron cifras concretas sobre el actual “apartheid de las vacunas” y sobre los argumentos “falaces” que expone la industria.
María Belén Herrero, especialista en salud pública de Flacso/Conicet, durante el debate fue quien desmenuzó los argumentos “falaces” de la industria, como la supuesta “desinversión en investigación y desarrollo”.
“La industria ha recibido financiamiento público en tres cuartas partes de su gasto en investigación y desarrollo. Las vacunas Moderna, Novavax y Pfizer se desarrollaron total o parcialmente con fondos públicos”, mencionó Belén Herrero.
Al mencionar el antecedente de la vacuna de AstraZeneca, la experta argentina explicó que “el 96 por ciento de los costos de investigación provino del financiamiento público”.
La propuesta de exención temporal de las patentes COVID de India/Sudáfrica en la OMC “sigue bloqueada por las grandes potencias que acapararon el 66 por ciento de las vacunas disponibles”, agregó Belén Herrero.
“Otro argumento (de los fabricantes) es instalar que los países en desarrollo no tienen capacidad industrial, pero 72 son producidas por fabricantes de países en desarrollo. Esto da cuenta de su capacidad de fabricación para garantizar calidad en el suministro mundial”, comparó.
Otro de los argumentos “falaces” es que “ya existen licencias voluntarias para que los países puedan negociar con los fabricantes sin necesidad de suspender las patentes”.
“Pero eso es dejar el poder de decidir si las otorgan o no a los fabricantes que han mostrado poco interés en compartir licencias voluntarias”, explicó Belén Herrero.
Como ejemplo mencionó que “Pfizer no celebró ningún tipo de acuerdo de licencias voluntarias fuera de Estados Unidos o Europa y Johnson & Johnson le negó una licencia voluntaria al laboratorio canadiense Biolyse”, que firmó un contrato con Bolivia por veinte millones de dosis de una versión genérica de la vacuna de Janssen/J&J.
“La suspensión de las patentes permitirá no estar sujetos a la voluntad del fabricante”, subrayó Belén Herrero.
Algunos laboratorios de los países no desarrollados no tendrían capacidad para fabricar vacunas, “pero la suspensión temporal de patentes podría impulsar la transferencia de tecnologías”, vislumbró la experta argentina.
“Países con producción propia se manifestaron a favor de la suspensión de las patentes como China y Rusia que expresaron su apoyo a la propuesta de India/Sudáfrica”, recordó.
Luana Bermúdez, coordinadora de Relaciones Internacionales de la Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Brasil, a su vez explicó que las enfermedades desatendidas “no representan ningún mercado y quedan al margen de la investigación y desarrollo de la industria”.
De 850 nuevos medicamentos registrados entre 2001 y 2011 solo 37 estuvieron destinados a enfermedades desatendidas y de 336 nuevas moléculas, apenas cuatro - el 1,2 por ciento- correspondieron al segmento de las enfermedades desatendidas y tres fueron para la malaria, comparó la panelista brasileña.
Estos ejemplos “indican que persiste el desequilibro y que las enfermedades más desatendidas siguen fuera de la investigación y desarrollo de la industria”, remarcó.
En consecuencia, “la investigación y desarrollo no sirve para los países en desarrollo, porque no genera innovación sobre las necesidades reales sino sobre los mercados”, pues la innovación “está vinculada con productos de demanda rentables y la posibilidad de establecer monopolios”, afirmó Bernúdez.
“Hay varias iniciativas de acceso en diferentes países, en la OMC y la OMS, pero en realidad vemos una disputa de mercado, subrayó.
“Estamos viviendo el apartheid de la vacuna”, lamentó la coordinadora de Fiocruz, porque “el 15 por ciento de la población de altos ingresos acaparan el 47 por ciento de las vacunas, mientras que los países de renta baja y media solo han recibido el 17 por ciento”.
En Brasil, “hay un montón de proyectos de ley que discuten sobre las patentes COVID y ha sido muy importante que el Senado con 55 votos a favor y 19 en contra aprobara una ley que permite la suspensión temporal de las patentes. Es un paso importante que debe discutirse ahora en Diputados”, explicó.
Bermúdez coincidió que las licencias voluntarias pueden ser arbitrarias o selectivas. “AstraZeneca firmó un acuerdo con Brasil que autoriza a producir en el país, pero sólo para consumo interno y sin posibilidad de exportar”, detalló.
“Dependemos de lo que quiere la industria y no de las necesidades de nuestros países”, completó Bermúdez.
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DESARMANDO FALACIAS
¿Qué hay detrás de los argumentos de la industria farmacéutica en contra de la liberación?
Por María Belén Herrero y Santiago Lombardi*
Previo al sorpresivo cambio de posición de la administración demócrata, tanto los Estados Unidos como la Unión Europea, Suiza, Japón, Canadá, Noruega y Australia habían enarbolado diversos argumentos contrarios a la exención de patentes sosteniendo que perjudicarían seriamente los esfuerzos colaborativos en curso. Veamos a continuación por qué son falsos estos argumentos:
Primera falacia: Si se liberan las patentes, se desincentiva la innovación y la inversión en investigación y desarrollo (I+D)
Sin duda, las ganancias extraordinarias atraen inversiones en cualquier lugar y circunstancia, y que los gobiernos y organismos internacionales confieran a las big pharma derechos exclusivos sobre el destino de vacunas vitales para todo el mundo es un buen ejemplo de este tipo de usufructo. Pero además de repensar si ese es el camino correcto a seguir en la actual coyuntura, existen otros puntos que aclarar.
En primer lugar, cabría preguntarse si las mega-ganancias de las big pharma reteniendo derechos exclusivos es el camino a seguir, en desmedro del acceso a vacunas vitales para todo el mundo, que debieran ser consideradas en cambio un bien público global. A esta altura no hay dudas que esto último es lo que debería haber sucedido desde el inicio de la pandemia.
Aun así, cabe tener en cuenta que el waver propuesto se aplicaría solo al caso del Covid-19, por lo que no se extendería a otros productos y no afectaría por lo tanto a futuro la I+D. Por otro lado, no debiera dejar de mencionarse el importante financiamiento público para investigación otorgado a las farmacéuticas a partir de la pandemia.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la industria farmacéutica siempre ha recibido una financiación pública y, si bien no solo en esta pandemia, pero en esta pandemia en particular fue muy importante representando las tres cuartas partes del financiamiento público para la investigación. Moderna, Pfizer/BioNtech, Johnson & Johnson, Novavax y Oxford/AstraZeneca recibieron miles de millones en fondos públicos y pedidos anticipados garantizados, incluidos $12 mil millones solo del gobierno de los Estados Unidos. En resumen, todas las vacunas de estas empresas se desarrollaron, total o parcialmente con financiamiento público.
En el caso de AstraZeneca, se sabe que el financiamiento público constituyó el 97 por ciento de los costos de investigación y desarrollo. Sin embargo, la falta de difusión pública de los contratos no ha permitido conocer en detalle qué proporción de los costos de investigación cubre esta cifra con respecto a todas las vacunas.
Por último, cabría señalar, siguiendo a Joseph Stigliz y Lori Wallach, que una exención de la OMC no impediría que, según los requisitos legales nacionales, los titulares de propiedad intelectual reciban regalías u otras formas de compensación, y además aumentaría los incentivos para que las empresas farmacéuticas firmen acuerdos voluntarios de fabricación[1].
Debemos tener en cuenta asimismo, que en el marco de esta crisis sanitaria, la alta demanda de vacunas continuará por un largo período, por lo que difícilmente se vean reducidas las ganancias de estas empresas. En el caso de Pfizer además, y a diferencia de otros fabricantes de la industria, esta empresa no renunció a las ganancias por sus vacunas durante la pandemia de Covid-19 sino que, por el contrario, éstas han sido su mayor fuente de ingresos. De hecho, en los primeros 3 meses del año, la vacuna ya le había generado US$ 3.5 mil millones, casi una cuarta parte de sus ingresos totales y anunció que en el conjunto del año espera recibir unos 26.000 millones de dólares gracias a la vacuna (incluso bastante superior a los 15.000 millones de dólares que había proyectado).[2]
Segunda falacia: Los países en desarrollo no tienen las capacidades locales necesarias para la fabricación adecuada y a escala de vacunas.
De las 158 vacunas precalificadas por la OMS, 72 son producidas por fabricantes de países en desarrollo.[3] Esto da cuenta de su capacidad de fabricación para garantizar calidad en el suministro mundial.
Por otro lado, a pesar de las advertencias del sector farmacéutico con respecto a los largos años que demandaría construir o mejorar las instalaciones de fabricación, la evidencia ha demostrado que los plazos han sido mucho más cortos. Un ejemplo ha sido la instalación de nuevas plantas en el Reino Unido, inicialmente destinadas a la producción de vacunas contra la gripe estacional y la encefalitis japonesa y que hoy fabrican vacunas para el COVID-19.
También vale la pena señalar que algunas empresas, como Bayer y JCR Pharmaceutical, que antes no producían vacunas, han comenzado recientemente su producción en Europa y Japón. En este escenario, con la ayuda de una exención de los ADPIC y financiamiento adicional, el mismo aumento en la capacidad productiva podría repetirse en diferentes países del mundo.
Tercera falacia: Los países que tienen capacidad de fabricación de vacunas no utilizada deben procurar acuerdos de licencias voluntarias con los desarrolladores de vacunas para la producción local.
Dejar los derechos de las vacunas a unas pocas empresas farmacéuticas significa, entre otras cosas, concederles el poder de decidir si habilitarán la producción en las economías emergentes, o no. Y los propietarios de las patentes de vacunas han mostrado muy poco interés en expandir la fabricación a través de licencias o fabricación por contrato.
Los grandes laboratorios han otorgado licencias de producción a un pequeño número de empresas y han soslayado a compañías públicas y privadas de países en desarrollo, como Cuba, Indonesia, Senegal y Tailandia, que también son capaces de fabricar vacunas a gran escala.
Pfizer-BioNTech, por ejemplo, no ha celebrado ningún acuerdo de este tipo fuera de Europa y Estados Unidos. La única empresa que ha suscrito convenios con compañías del “Sur Global” es AstraZeneca, con contrapartes en Indonesia, India, Japón, Australia, Argentina y México. Los términos de todos estos acuerdos siguen siendo secretos, pero la mayoría de ellos se refieren a cantidades relativamente pequeñas, con algunas excepciones notables, como el Serum Institute de la India.
La discrecionalidad de estos grandes laboratorios se comprueba en varios casos. En Bangladesh, la farmacéutica Incepta ofreció sus líneas de producción a Moderna sin haber obtenido respuesta favorable hasta la fecha.
La canadiense Biolyse Pharma declaró que podría estar produciendo hasta 20 millones de dosis de la vacuna para exportar anualmente. La compañía busca (hasta el momento infructuosamente) una licencia obligatoria a través del Régimen de Acceso a Medicamentos de Canadá específicamente para la vacuna Johnson & Johnson / Janssen. En Dinamarca, el laboratorio Bavarian Nordic se ofreció hace un tiempo a producir vacunas en su fábrica de la ciudad de Kvistgaard.
El escenario al que conduce esta lógica es uno por el que miles de millones de personas pagan un precio altísimo por la falta de interés de estos propietarios de las vacunas en concluir acuerdos voluntarios de fabricación (o mejor dicho, por el interés en no hacerlo).
Cuarta falacia: Para que liberar las patentes si ya existen normas que permiten flexibilizar los derechos de propiedad intelectual de los ADPIC en caso de emergencia sanitaria.
De hecho, la “Declaración de Doha sobre los ADPIC y la salud pública” incluye flexibilizaciones relativas al acceso a ciertos medicamentos. Por ejemplo, el Art.31 de los ADPIC, según el cual las licencias obligatorias deben expedirse caso por caso, limita su empleo solo para abastecer a los mercados nacionales, en desmedro de la exportación hacia otros países, en este caso, los más necesitados y/o sin capacidad de producción. El Art. 31 bis, a su vez, dispone que cualquier producto fabricado y exportado bajo una licencia obligatoria debe ser identificado con envases y cantidades específicos, lo que puede dar lugar a demoras innecesarias en el contexto de COVID-19. Normas como esta evidentemente limitan significativamente el alcance de las mentadas flexibilizaciones, que no se ajustan por lo tanto a las circunstancias excepcionales que presenta la actual pandemia.
Quinta falacia: Ya hay mecanismos voluntarios de cooperación y transferencia de tecnología que hacen innecesario una suspensión global de las patentes
Detrás de este argumento, los hechos han demostrado en cambio que, lamentablemente, los derechos detentados por los grandes monopolios farmacéuticos han bloqueado todo intento de transferencia tecnológica, incluyendo la iniciativa C-TAP (el mandato del COVID Technology Access Pool, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud) para fomentar la contribución voluntaria de propiedad intelectual, conocimientos técnicos y datos para satisfacer la demanda mundial de herramientas y productos médicos relacionados con la COVID-19. Como consecuencia, 18 grandes fabricantes de genéricos que se postularon para escalar la producción en noviembre pasado[4], no han podido hacerlo.
Por último ¿qué alterativa nos deja el Mecanismo COVAX en el esperado camino hacia un acceso más equitativo a las vacunas para el COVID-19? A través de este instrumento la expectativa era que 92 países de ingresos medios y bajos tengan el mismo acceso que los países más ricos independientemente de su capacidad de pago. Pero, muy lejos de alcanzar este objetivo en los plazos estipulados para el 2021, se estima que el COVAX apenas podrá cumplirlo en un 20% en junio próximo.
María Belén Herrero, Investigadora de CONICET en el Área de Relaciones Internacionales, FLACSO Argentina. Especialista en Salud Internacional y Cooperación Internacional.
Santiago Lombardi Bouza, Médico y diplomático. Docente de la Maestría en Relaciones Internacionales, FLACSO Argentina, en temas vinculados a la diplomacia sanitaria.
Parte de la charla "Vacunas y Patentes" por María Belén Herrero: https://www.facebook.com/liberacioncorriente/videos/525776971769948
[2]https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True