La Legislatura porteña sancionó una ley que faculta a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a “iniciar negociaciones y celebrar los contratos necesarios -incluso en moneda extranjera- para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19”.

Por otra parte, la Legislatura también aprobó tres leyes destinadas a aliviar la carga fiscal sobre sectores cuyas actividades se ven restringidas como consecuencia de la emergencia sanitaria.

En este caso abarca a los rubros de gimnasios, natatorios, guías de turismo, salones de fiestas o convenciones, cines, teatros, centros culturales. Los beneficios están referidos a las tasas de ABL, Impuesto Inmobiliario y anticipos de Impuesto a los Ingresos Brutos.

En cuanto a la normativa que habilita la compra de vacunas COVID, se trató un proyecto del Poder Ejecutivo que fue analizado y trabajado en las comisiones de Salud y Presupuesto, cuyo articulado determina los actos y documentos preparatorios, cláusulas de confidencialidad, condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y reclamaciones pecuniarias; la jurisdicción de tribunales arbitrales y judiciales y demás cláusulas acordes al mercado internacional de las vacunas COVID.

Se estableció que la adquisición de vacunas debe estar basada en “previo informe fundado de la autoridad sanitaria local” (el Ministerio de Salud) y se habilita al Poder Ejecutivo para “omitir o modificar la exigencia de garantías, fianzas, y/o cauciones, conforme el procedimiento previsto por la ley 2.095 y modificatorias (de compras y contrataciones en el sector público de la Ciudad), en los términos y condiciones establecidos en la ley nacional 27.573 (de vacunas)”.

La documentación y contratos deben ser considerados por la Procuración General y el Ministerio de Hacienda y Finanzas. A su vez, se creó en el ámbito parlamentario la Comisión Especial de Adquisición de Vacunas, integrada por 5 legisladores.

El Poder Ejecutivo deberá informar cada 30 días a la Comisión sobre toda adquisición, entrega y distribución territorial de las vacunas “con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad” y los legisladores “adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de la información”.

“Señores legisladores: esta es una muy buena noticia”, enfatizó la diputada Ana María Bou Pérez (VJ), tras oficiar como miembro informante del proyecto y solicitar el apoyo de los demás bloques.

La ley se sancionó por unanimidad de 53 votos positivos y la abstención de 4 diputados de izquierda.