Cualquier reforma del sistema de salud requiere como prioridad del consenso de sus actores para afrontar transformaciones que llevarán años y que deberán ser asumidas como política de Estado por los sucesivos gobiernos, sintetizó RubénTorres, rector de la Universidad Isalud.

Torres expuso sobre "Desafíos para el Sistema de Salud Argentino" durante un zoom organizado por la obra social OSMMED en cuyo transcurso y a partir de su experiencia, aportó sus coincidencias y disidencias con otros proyectos o propuestas de reformas del sistema de salud que andan resonando en los últimos tiempos.

Por ejemplo, Torres aseguró estar “noventa por ciento de acuerdo” con el proyecto de reforma del sistema de salud que recientemente presentó el Instituto Patria y que generó un revuelo mediático.

“Para encarar una reforma hay que sentar en la mesa a todos los actores y discutir que modelo queremos, porque la reforma requiere mucha legitimidad y la actual ‘grieta’ impide esa legitimidad”, aviso sobre las dificultades de abordaje en estos días de un tema sensible para el sector salud.

Al mismo tiempo, marcó al menos dos disidencias sustanciales: la primera es que hacer con el PAMI, la segunda la necesidad (o no) de una Ley Nacional de Salud. Finalmente, también sugirió reformar la Coparticipación Federal desde el abordaje de los sistemas de salud provinciales.

Sobre el futuro de PAMI, Torres explicó que “en el mundo no existen seguros de salud para la tercera edad” y que “la discusión en el PAMI es la corrupción o la ineficacia. Pero esas son las causas del modelo y PAMI seguirá siendo lo que es con el más incorruptible de los gestores”.

¿PAMI debe seguir siendo una obra social cautiva?, preguntó Torres, “y en situación pasiva hay que quedarse en el PAMI cumpla o no cumpla todo…. hay que discutir”, propuso.

En cuanto a la Ley Nacional de Salud que surgió del Instituto Patria, afirmó estar en desacuerdo “porque no necesitamos más leyes, sino hacer cumplir las que existen para el sector salud y que no se cumplen”.

En tal sentido mencionó que “PAMI y el IOMA debe hacer cumplir la ley y prescribir por el nombre genérico”.

Para las obras sociales ya existe una ley que “dice clarito que el 80 por ciento de la recaudación debe ser destinado a prestaciones médicas” y en cuanto al número de afiliados “debería ser una condición para crear y aprobar una nueva obra social”, en cumplimiento de la normativa vigente.

También propuso “discutir la Coparticipación Federal seriamente “incluyendo algún indicador de salud para que las provincias hagan lo que tienen que hacer”.

El actual sistema -reforzó Torres- escora porque “la población económicamente activa no alcanza para cubrir a los que abandonaron el mercado” y “no se puede sostener el sistema solo con el aporte de los trabajadores, por eso se necesita el aporte del Estado”.

Torres cuestionó las tecnologías que ingresan al mercado sin eficacia demostrada “en detrimento de tecnologías que tienen probada eficacia”.

Pero la creación de una agencia nacional de evaluación de tecnologías “no es la solución, tiene que venir acompañada de compras conjuntas del fondo solidario de medicamentos de alto costo y después redistribuir”.  La contracara es que el 60 por ciento de las obras sociales compran medicamentos de alto precio “por encima del precio promedio”.

“La agencia sola no sirve, sin una política de medicamentos por detrás y lo digo yo que fui el creador de la primera agencia cuando estuve al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)”, enfatizó.

“Tampoco se acabarán los juicios al otro día de la creación de la agencia y esto es así en cualquier lugar del mundo. Tiene que obtener prestigio con dictámenes absolutamente transparentes y con sustento técnico. Deberán pasar tres o cuatro años para ese proceso”, vislumbró.

Torres advirtió que con el actual sistema “las obras sociales provinciales no están en condiciones de afrontar el PMO, por eso tenemos que ir hacia un cambio, discutir la reforma”.

Para Torres hay tres aspectos básicos que deben ser abordados en cualquier proyecto de reforma: el aspecto político o sea el modelo de gestión y la prioridad de los valores. El aspecto económico, con el modelo de financiación, de donde saldrán los recursos y como serán transferidos y modelos de pago. Y, por último, el aspecto técnico con el modelo de atención, incluyendo “como, cuando y donde vamos a cubrir”.

En el debate sobre la reforma, “se hace mucho eje en el modelo económico, pero no en el político y mientras tanto hay una ausencia total del Estado rector”, agregó.

“Mientras tanto, tenemos un PMO sin ningún criterio de aplicación”, lamentó Torres.

Al mismo tiempo, “las políticas que alientan la competencia y el consumo fomentan la retirada moral” y “la moralidad del sistema de salud no está separada de la sociedad a la que sirve”, subrayó el rector de Isalud.

“Pero, los sistemas de salud privados existen porque el Estado abandonó su responsabilidad como garante de la salud y los ciudadanos fueron a buscar a quienes se lo dieron con mayor confianza”, comparó Torres.

“El estado debe garantizar una calidad similar para todos los argentinos, al margen que algunos elijan seguros privados”, reforzó.

En tal sentido, brindó como ejemplo que “creamos un Ministerio de Género, pero el cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte entre las mujeres en Argentina, por la demora en la atención debido a problemas laborales o familiares por no tener a quien dejar el cuidado de los hijos” para asistir a una consulta oportuna.

“El Estado debería estar presente para que las mujeres lleguen a la atención en un estadio mucho más temprano” porque “la posibilidad de sobrevida (del cáncer de mama) tomado a tiempo es del 90 por ciento”.

Torres durante su exposición expuso estadísticas indicativas que Argentina y México son los países en donde menos se redujo el cáncer de mama durante la última década, a diferencia de Colombia y Uruguay.

También la mortalidad infantil se redujo en Argentina durante la última década “pero a un ritmo más lento que en otros países de la región y mientras tanto nos preocupa el uso de tecnología innovadora”, lamentó.

Por último, dejó a modo de interrogante si los gastos de transporte y educación para la discapacidad “¿tienen que salir de la seguridad social?”.