El gobierno canadiense, que en la OMC sostiene que no son necesarias las flexibilidades de patentes para producir las vacunas COVID, bloquea al laboratorio Biolyse Pharma de su país el desarrollo de una versión genérica de la vacuna de Janssen/J&J, que el gobierno boliviano adquirió hace meses.

“El gobierno canadiense ha creado nuevas barreras para Biolyse Pharma al añadir trámites injustificables” y “después de casi seis meses de esfuerzo, Biolyse Pharma no ha sido capaz incluso de iniciar el proceso”, de una versión genérica de la vacuna de Janssen, que se ha negado a compartir voluntariamente la licencia, denunció un reciente informe de la organización intergubernamental South Centre.

“Hay contradicciones obvias en la posición de Canadá sobre la exención de los ADPIC. Por un lado, Canadá ha argumentado en la OMC que los mecanismos existentes están funcionando según lo previsto, mientras que el otro, el gobierno ha bloqueado el intento legítimo de Biolyse Pharma de utilizar el Sistema de Acceso a los Medicamentos (CAMR en sus siglas en inglés) para fabricar y exportar vacunas COVID-19”, agrega el documento.

El gobierno de Canadá “temía que las empresas propietarias de patentes lo castigaran de haber elegido apoyar la exención de TRIPS o permitir que Biolyse Pharma utilice las licencias obligatorias”, reseña el ensayo elaborado por Hammad Zaheer Abbas, investigador del Centre for Health Law Research (ACHLR) de Australia y de la Faculty of Business and Law, Queensland University of Technology (QUT), Brisbane.

El autor sostiene que se trata de “un verdadero fracaso de liderazgo y previsión por parte del gobierno” del Premier Justín Trudeau, para quien “su única consideración fue para ser reelegido asegurándose de que los propios ciudadanos de Canadá estén bien provistos de vacunas COVID-19”.

El documento de investigación de South Centre también insta a Canadá “a revertir su posición en la OMC al anunciar públicamente su apoyo a la exención de los ADPIC”.

“Canadá es fuerte y el apoyo a la propuesta puede marcar una gran diferencia en términos de allanar el camino a la distribución de vacunas COVID-19”, vislumbró el autor.

Desde marzo de 2021, Biolyse Pharma está paralizado por el primer paso en el Régimen de Acceso a Medicamentos (CAMR) de Canadá, donde un requisito preliminar es que la vacuna COVID-19 debe agregarse al Anexo 1 de la ley federal canadiense de la Ley de Patentes antes de solicitar una licencia obligatoria orientada a la exportación.

“El caso Bolivia-Biolyse es importante como caso de prueba para el sistema CAMR. La viabilidad de este régimen de licencias obligatorias orientado a la exportación es fundamental para los países de ingresos bajos y medianos del Sur Global que carecen de la capacidad nacional para fabricar vacunas COVID-19. El caso Bolivia-Biolyse también es importante, ya que Canadá ha argumentado en la Organización Mundial del Comercio (OMC) que la exención de los ADPIC no es necesaria porque los mecanismos existentes funcionan según lo previsto”, menciona el ensayo de South Centre.

Hammad Zaheer Abbas evalúa en el ensayo el enfoque nacionalista de Canadá de adquirir vacunas contra el COVID-19 por encima de sus necesidades a través de acuerdos de precompra celebrados en secreto con corporaciones farmacéuticas, bajo asesoramiento de un grupo de trabajo vinculado a la industria.

La segunda parte del ensayo examina la posición vacilante y no comprometida de Canadá respecto a la propuesta de exención de los derechos de propiedad intelectual bajo el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

La confusa posición de Canadá de “no bloquear” la exención de los derechos de propiedad intelectual y al mismo tiempo no apoyarla, “carece de claridad jurídica”, afirma el autor.

En la Parte III se analiza el caso Bolivia-Biolyse, que pone de manifiesto las contradicciones entre las declaraciones y las acciones del gobierno canadiense.

El acuerdo Bolivia-Biolyse, firmado el 11 de mayo, permite que Bolivia pueda comprar los primeros 15 millones de dosis de la vacuna producida por la empresa con sede en Ontario. Más países han expresado interés en firmar un acuerdo similar al que Bolivia ha firmado con Biolyse.

Biolyse prometió vender la vacuna genérica a un costo aproximado de fabricación, de 3 y 4 dólares por dosis. La compañía canadiense fabrica medicamentos oncológicos, incluido el paclitaxel, y está creando capacidad para producir biosimilares y anticuerpos monoclonales.

Biolyse notificó formalmente a J&J sobre sus intenciones en marzo pasadp. "Biolyse está ansioso por trabajar junto a J&J para fabricar la vacuna a nivel nacional y distribuirla a nivel mundial", dijo en un comunicado en ese momento.

"Por otro lado, si J&J no está dispuesto, Biolyse puede usar el CAMR para solicitar al Comisionado canadiense de Patentes la autorización para fabricar y exportar la vacuna a un país en desarrollo que no pueda fabricar lo suficiente por sí solo", agregó.

J&J rechazó la solicitud de transferencia de licencia de la compañía y Biolyse está ahora en el proceso de buscar una licencia obligatoria.

Luis Gil Abinader, investigador principal de la ONG Knowledge Ecology International (KEI), ha estado asesorando a Biolyse en el proceso de licencias obligatorias.

Abinader cree que la amenaza de una licencia obligatoria podría incentivar a Janssen/J&J a centrarse en la mesa de negociaciones para compartir voluntariamente conocimientos sobre la producción de la vacuna.

Si no hay transferencia de tecnología, Biolyse está preparado para seguir el "largo camino" para aplicar ingeniería inversa a la vacuna, lo que hizo con Tamiflu de Roche durante la pandemia de gripe aviar.

Informe completo
https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2021/09/RP136_Canadas-Political-Choices-Restrain-Vaccine-Equity-The-Bolivia-Biolyse-Case_EN-1.pdf