Las tres cámaras de la industria farmacéutica expresaron su preocupación por el proyecto de Ley para la Gestión Integral de Envases que avanza en la Cámara de Diputados, con el argumento que introducirá un costo adicional a la comercialización de los medicamentos.

La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que podrá ser debatido ahora en el recinto.

“Observamos que el proyecto en debate cuenta con numerosos puntos críticos para el entramado industrial y comercial”, afirmaron las tres cámaras empresarias en una carta enviada a la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

“En efecto, pretender gravar la distribución mayorista de medicamentos y vacunas con una alícuota que puede llegar al 3% del valor de ventas, resulta a todas luces excesivo e innecesario, en circunstancias que la principal política del Gobierno Nacional es disminuir la inflación medida por el índice de precios al consumidor del INDEC y en un contexto en que la industria farmacéutica está haciendo un esfuerzo de colaboración con el Gobierno y la población, con el compromiso de mantener el precio de los medicamentos estabilizados hasta el 7 de enero de 2022”, afirmaron.

La industria farmacéutica, “como otros sectores industriales, está comprometida con el cuidado del medio ambiente, el consumo responsable, la reutilización y reciclado para una economía circular, así como con la progresividad y gradualidad de las transformaciones sobre productos concretos de uso descartable masivo”.

“Téngase en cuenta, además, que la incidencia de los impuestos sobre el precio de venta al público de los medicamentos llega al 37%, porcentaje superior al que existe en otros países de la región” y “con la imposición cuestionada se estarían generando sobrecostos improductivos e innecesarios en la cadena de comercialización de medicamentos”, advirtieron.

Las cámaras CILFA, CAEME y Cooperala concluyeron que los medicamentos, productos médicos, suplementos dietarios, vacunas, cosméticos y productos de higiene personal por “sus características particulares y sus normas específicas reguladas por la ANMAT en todo el proceso productivo y de comercialización, deben ser claramente excluidos de este nuevo régimen del propio texto de la ley”.