La judicialización de los medicamentos de alto precio provoca que miles de millones de pesos de los fondos públicos se destinen a poco más de un centenar de tratamientos con drogas de costo astronómico, que en su mayoría no están registradas en el país para evitar el pago de impuestos y se ofrecen por fuera del sistema tutelado por la ANMAT.

El coloquio “Reflexiones sobre la judicialización de los medicamentos de alto costo” organizado por FEMEBA volvió a debatir la cuestión de esas prestaciones de costos exorbitantes como el medicamento Zolgensma, de 2.500.000 dólares, que hacen tambalear los sistemas públicos y privados de salud.

Natalia Messina, directora de Medicamentos Especiales y Alto Precio del Ministerio de Salud, detalló que durante este año se presentaron 142 solicitudes de cobertura de medicamentos de alto precio por vía de la judicialización.

El ministerio de Salud desembolsó alrededor de tres mil millones de pesos para responder a 120 demandas, mientras que el presupuesto del Programa Remediar que llega a 8 mil centros de salud de todo el país es de 7 mil millones, a un promedio de 15,20 pesos por persona.

La abogada Messina y denunció que “los laboratorios no registran su medicamento de alto precio en la Argentina para no pagar impuestos y utilizan mecanismos por afuera del sistema porque no están aprobados por la ANMAT”.

“Los juicios comienzan cuando todavía los medicamentos no han llegado a la argentina y apelaban a uso compasivo”, aseveró la funcionaria.

“No queremos negar el medicamento a quien lo necesita, después vamos a discutir el precio”, afirmó Messina, pero también aseveró que “los medicamento deberían costar menos porque no lo podemos pagar”.

Los medicamentos de alto precio fueron incluidos en la agenda del Ministerio de Salud por el ex ministro Ginés González García desde agosto del año pasado, recordó la funcionaria.

Esa prioridad en la agenda ha prosperado en algunas decisiones administrativas para afrontar la judicialización. “Centralizamos los amparos para responder desde el área jurídica con una respuesta coordenada desde un abordaje médico-legal”, explicó Messina.

También se estructuró un registro de amparos para realizar “un seguimiento más exhaustivo de los casos”, detalló.

Messina expuso que el Programa Nacional de Seguimiento de Tecnologías Tuteladas indica que el 34,08 por ciento de los amparos se originaron en la provincia de Buenos Aires, 14,18 por ciento en la CABA, 12,06 por ciento en Córdoba y 6,38 por ciento en Santa Fe.

La cuestión –reflexionó Messina- “es cómo distribuir de manera justa los recursos sin desfinanciar el sistema” y por eso “hemos analizado todos los modelos que hay en el mundo”.

Messina destacó “el desarrollo de informes de respuesta rápida” que produce su dirección, en virtud de la incorporación de “médicos especializados en medicamentos de alto precio y que siempre están respondiendo a las demandas”.

Marisa Aisenberg, coordinadora del debate e integrante de la Comisión de Bioética de la Fundación FEMEBA, expuso que a través de las demandas judiciales se accede “a medicamentos que no están recomendados o de compraba eficacia”.

“La Judicialización se ha convertido en un nuevo modelo de negocios de la industria farmacéutica”, denunció Aisenberg.

“Cuando un medicamento no está contemplado por las obras sociales y prepagas el mecanismo es la judicialización”, admitió, pero “la judicialización no es de áreas geográficas de bajos ingresos sino en la CABA”, completó.

 Gustavo Caramelo, profesor de derecho y juez comercial en lo civil reconoció que “es molesto escuchar que los jueces viven en una zona de confort”, en respuesta a un comentario precedente.

“Ojalá tuviéramos una estructura del siglo XXI, pero tenemos una del siglo XIX con la que tenemos que resolver problemas del siglo XXI”, lamentó Caramelo.

El juez pidió “fuentes objetivas para tomar decisiones” sobre los amparos por los tratamientos de alto precio, porque “las asociaciones de pacientes no son fuentes imparciales, se cruzan los laboratorios en el medio y necesitamos una modulación fina”.

“Necesitamos información de calidad, de organismos académicos imparciales, que no sea de las partes que están en conflicto”, propuso Caramelo.

Caramelo fue taxativo cuando afirmó que “no se puede invocar una limitación presupuestaria para no responder a una demanda de derechos humanos”, como es la solicitud de un medicamento que, supuestamente, puede salvar una vida.

En tal sentido recordó como antecedente un fallo de la Corte Suprema de la Nación contra el Hospital Británico, “por no haber presentado suficiente información sobre su estado financiero” que avalara su argumento de que podría quebrar si cubría un tratamiento de alto costo.

“Hay actitudes recalcitrantes de algunas prestadoras de cómo se paran ante la justicia y ante la demanda de sus afiliados”, subrayó el juez.

Sin embargo, aclaró que “no es cuestión de encajarle a un prestador cualquier tratamiento cuando existen tratamientos de menor costo”.

“No hacemos política sanitaria y no podemos resolver el sistema de salud, sino que resolvemos casos concretos”, completó Caramelo.

Néstor Hugo Marín, vicepresidente de la confederación de obras sociales provinciales COSSPRA y presidente de la obra social de Neuquén, aseveró que “cuando llegamos había muchísima judicialización y los jueces eran los que orientaban la política sanitaria”.

La obra social neuquina incrementó “el nivel técnico de respuesta para que no apareciera que la obra social quería bajar el costo de las demandas”.

 Así también, avanzó en “romper los compartimientos estancos entre la justicia y los prestadores de salud para que cada uno comenzara a entender la lógica del otro”, aunque aclaró que “no es fácil convocar a los jueces a este tipo de reuniones”.

“Sacamos a los camaristas de su zona de confort y los llevamos a congreso nacional de obra sociales provinciales realizado en Santa Fe en 2018 para que vieran otra realidad y evaluaran antes de dictaminar”, explicó.

“A partir de 2018 comenzaron sentencias a favor de la obra social neuquina algo que nunca había ocurrido hasta entonces”, porque “la justicia hoy entiende de costo/beneficio, la forma de financiar la salud y los intereses entre prescriptores y la industria en la que el pobre afiliado es un convidado de piedra”, completó.

Luciana Escati Peñaloza, directora Ejecutiva de FADEPOF, la federación que agrupa a 84 organizaciones de pacientes de enfermedades poco frecuentes, admitió “el precio obsceno de algunas nuevas tecnologías, pero la discusión real debería ser sobre la eficacia de ese medicamento y no por su impacto presupuestario”.

“Lo que más sufre el paciente es el silencio eterno porque nadie le da respuesta y se patea para adelante” sus reclamos de tratamientos de alto costo por parte de los prestadores, lamentó.

Entonces, “llegar a la justicia es la única posibilidad de establecer un diálogo con la otra parte” y aseveró que “nadie quiere recibir una medicación que no necesita y lo único que aspira es a curarse”.

La representante de FADEPOF afirmó que existe “un déficit de calidad en las prestaciones ´que la pandemia puso en evidencia, pero que venía de antes”.

Juan Carlos Tealdi, presidente del Comité de Bioética de la Fundación FEMEBA, agregó que “los prescriptores no pueden desconocer el precio de un medicamento que están recetando”.

“Algunos medicamentos mejoran la calidad de los pacientes a 300 mil dólares el tratamiento, pero no le salva la vida”, completó.

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