La Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O'Reilly, denunció “la falta de transparencia” de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al negarse a difundir los mensajes de texto intercambiados con el CEO de Pfizer, Albert Bourla, mientras negociaba con el laboratorio estadounidense la compra de millones de vacunas COVID.

La irlandesa Emily O'Reilly y su equipo de la Defensoría del Pueblo Europeo, han reclamado en vano que la alemana Ursula von der Leyen informe de los mensajes intercambiados con Bourla durante las negociaciones por la compra de 1.800 millones de dosis.

O'Reilly decidió denunciar que la negativa de Von der Leyen “vulnera las reglas europeas en materia de transparencia” después de que la presidenta comunitaria negó la información a un periodista que pidió acceso público a los mensajes de móvil mantenidos con Bourla.

La requisitoria periodística de los mensajes de móvil se originó en una publicación de abril de 2021 del diario The New York Times asegurando que Ursula von der Leyen y Albert Bourla habían intercambiado mensajes durante las negociaciones por la compra de vacunas cuyo contenido permanecía en secreto.

Los mensajes de texto entre la funcionaria europea y el CEO de Pfizer fueron intercambiados durante al menos un mes como parte de las negociaciones de un contrato para comprar 1.800 millones de dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, según The New York Times.

"Aunque no todos los mensajes de texto deben ser necesariamente registrados, aquellos que claramente tienen que ver con la legislación de la UE en materia de transparencia y cuya pertinencia es incontestable deben serlo. No es concebible afirmar lo contrario", ha expresado O'Reilly.

En una reciente respuesta parlamentaria a la eurodiputada liberal holandesa Sophie in't Veld, la vicepresidenta comunitaria responsable de Justicia, Vera Jourova, argumentó sobre la polémica de los mensajes que por su naturaleza "efímera" las comunicaciones instantáneas no contienen información clave para las políticas o decisiones del Ejecutivo comunitario.

“Este asunto es más importante que un simple intercambio de SMS", ha insistido la eurodiputada Sophie in't Veld (Renovar Europa), al considerar que "la Comisión Europea se ha vuelto menos transparente".

Sin embargo, la administración comunitaria de Bruselas insiste que los mensajes reclamados no se corresponden con el tipo de documento que quedaría sujeto a las obligaciones que impone la política de mantenimiento de registros de la Comisión Europea.

La Defensora del Pueblo Europeo, no obstante, replicó que cuando se trata del derecho de acceso público a documentos de la UE "es el contenido lo que importa y no el soporte o la forma", por lo que si los mensajes que intercambiaron Von der Leyen y Bourla afectan a políticas o decisiones europeas deben ser tratados como un documento sometido a este marco de transparencia.

O’ Reilly, además, insiste en que “el acceso a documentos en un derecho fundamental” y que de acuerdo a su investigación el Ejecutivo comunitario ni siquiera llegó a trasladar al gabinete de la presidenta la petición del periodismo respecto a los mensajes, al considerar que no era obligación conservarlos.

Por eso, la Defensora del Pueblo Europeo criticó que "no se hiciera ningún intento" para comprobar si los mensajes existían y emplazó al equipo de Von der Leyen a buscar de nuevo los mensajes controvertidos, identificar cuáles se enmarcan en los criterios de transparencia y hacerlos públicos.

La Comisión dijo que no tiene registro de estos mensajes porque en su interpretación los mensajes de texto no están destinados a ser almacenados y no están sujetos a las normas sobre transparencia de las instituciones europeas, que datan de 2001.

En respuesta a la indagatoria iniciada por la Defensoría del Pueblo, la Comisión Europea argumentó que estos mensajes son “por naturaleza documentos de corta duración, que en principio no contienen información importante relacionada con las políticas, actividades y decisiones de la Comisión”.

Para la Defensora del Pueblo, por el contrario, "está claro" que los mensajes de texto "entran en el marco de la legislación europea sobre el acceso del público a los documentos" y "el público puede tener acceso a ellos si se refieren al trabajo de la institución".

O´Reilly fustigó que “no se intentó identificar si los mensajes de texto en cuestión existían” y enfatizó que “esta forma de actuar no cumple con las expectativas de transparencia”.

A partir de este conflicto que se vislumbra como un escándalo en el corto plazo, O´Reilly aprovechó para solicitar a la administración europea que cambie sus prácticas de retención de documentos para tener en cuenta los "medios modernos de comunicación".

Más de la mitad de 4.200 millones de dosis de vacunas COVID compradas o reservadas por la UE fueron suministradas por el proveedor estadounidense-alemán Pfizer-BioNTech.

Los aspectos clave de los contratos con laboratorios, incluidos los precios, son confidenciales, lo que ha sido criticado por eurodiputados y ONGs.