La ciudad andaluza de Granada (España) será escenario a partir del 30 de marzo venidero del primer juicio contra una multinacional farmacéutica, Boheringer Ingelheim, por filtración de datos personales y de salud de los sistemas públicos sanitarios.

La demanda se inició hace cinco años a partir las confesiones de un ex trabajador de la multinacional alemana, llamado Rafael Fernández, que denunció el posible tráfico de datos confidenciales de enfermos de los sistemas sanitarios públicos extremeño y andaluz.

“Por vez primera en España el propietario de una de las multinacionales farmacéuticas más importantes del mundo comparecerá en el Juzgado de lo Social número 2 de Granada el próximo 30 de marzo”, escribió el periodista especializado en salud y abogado español Miguel Jara, quien patrocinó la demanda contra Boheringer Ingelheim en los tribunales andaluces.

Jara informó que han sido citados el máximo responsable de Boehringer, Christian Boehringer y el jefe de Servicio de Inspección Sanitaria en la Consejería de Sanidad de Extremadura, Laureano Marín Lencero.

La citación del máximo responsable de Boehringer Ingelheim para “confesión judicial”, la celebración de “los actos de conciliación y juicio en su caso” y la “aportación de todos los medios de prueba de que intente valerse” -tal y como consta en la citación- son por la demanda interpuesta en la vía social por “este valiente trabajador”, destacó Jara en referencia al denunciante Rafael Fernández.

La multinacional alemana deberá responder por la supuesta filtración de documentos y datos profesionales, personales y de salud, especialmente protegidos por la ley, que supondría una clara vulneración del derecho fundamental a la intimidad de numerosos pacientes y funcionarios públicos del sistema sanitario de al menos dos regiones de España, Extremadura y Andalucía.

“La comparecencia de los dos responsables es parte fundamental en el proceso que el trabajador mantiene abierto contra su empresa desde 2017 debido a la recepción continuada en su correo corporativo de imágenes, documentos, datos de pacientes y de unos 350 profesionales de la salud”.

“Un hecho que el trabajador puso inmediatamente en conocimiento de altos responsables de distintos departamentos de la farmacéutica al tratarse de datos especialmente sensibles enviados por directivos comerciales de su empresa”.

Jara explicó que “pese a la puesta en conocimiento de los hechos a todos estos responsables y también de otras Instituciones, el trabajador sólo recibió contestación del delegado de Protección de Datos del Sistema Sanitario Público de Andalucía, un simple ‘actuaremos en consecuencia’”, algo que no ocurrió hasta ahora.

Jara agregó que “no se descartan pues actuaciones penales por los daños ocasionados a las partes afectadas por la vulneración de datos personales y profesionales y, en concreto, al trabajador de la empresa, quien ha sufrido por esta circunstancia importantes problemas de salud desde 2017”.

Fernández trabajó en la citada empresa farmacéutica durante 30 años. “Todo comenzó cuando este empleado, que trabajaba como lobbista de la farmacéutica ante las administraciones sanitarias en Andalucía y Extremadura y se dedicaba a tratar de influir ante políticas que pudieran suponer barreras a los intereses de Boehringer, comenzó a recibir de su empresa documentación extraída ilícitamente”, explicó Jara.

En la demanda se asegura que se trataba de “documentos y comunicados internos de los servicios autonómicos de Salud de esas regiones, pantallazos de sistemas informáticos con datos de pacientes y de funcionarios públicos, con historias clínicas de pacientes, visados médicos de fármacos”.

Fernández “lo advirtió a las autoridades sanitarias y lo denunció en los tribunales de Justicia y ha seguido perseverando en todos los procesos”, completó Jara.