La gestión durante la pandemia de COVID-19 por el CEPI, el COVAX, y la creación recientemente de la WHO Fundación y del FIF en el Banco Mundial, indican que los países industrializados prefieren y están tratando de imponer una gestión de la salud global regida por consorcios público-privados diseñados por esos países.

El diagnóstico corresponde a un estudio del colombiano Germán Velázquez, Asesor Especial de Política y Salud en South Centre, recientemente publicado por la organización intergubernamental con el título “De dónde viene y a dónde va el financiamiento para la salud mundial”.

“La verdadera preparación a pandemias futuras requiere evidentemente reforzar el sector público de la salud incluida la OMS, y contar con un financiamiento que ahora se dispersa en una multitud de entidades y mecanismos que fragmentan en lugar de dar mayor coherencia al sistema de salud global”, lamenta Velásquez.

“En la práctica, paradójicamente, los dineros para la salud van en gran parte a otras instituciones y no a la OMS o incluso se crean nuevas instituciones o mecanismos donde se canalizan los nuevos fondos (GAVI, Fondo Mundial, Act-A, CEPI, COVAX etc.) Estas instituciones o mecanismos son, en la mayoría de los casos, partenariados público-privados donde está presente la industria farmacéutica”, analiza Velásquez en el documento de investigación de South Centre.

El autor advierte que al mismo tiempo que avanzan esos consorcios público-privados, “la OMS –a la que se le ha permitido simbólicamente aumentar su presupuesto público– actuará como observadora sin derecho a voto y dará asistencia técnica a consorcios público-privados que toman las decisiones”.

Velásquez recuerda que hasta 1998 “la Organización Mundial de la Salud (OMS) se mantuvo relativamente ajena a la influencia del sector privado”.

Hasta entonces, los Estados miembros insistían en que el presupuesto público regular debía representar al menos el 50% del presupuesto de la Organización y que todos los programas normativos debían financiarse íntegramente con el presupuesto regular procedente de las contribuciones de los Estados miembros, apunta el autor.

Velásquez apunta que “la Ayuda Oficial para el Desarrollo es importante pero sólo representa el 1% de lo que invierten los países en desarrollo en salud”.

“La totalidad de estos fondos, por otra parte, no va directamente a los países en desarrollo, sino que circulan por consorcios público-privados y otras entidades como el Fondo Global, CEPI, COVAX, la Fundación OMS, y el FIF del Banco Mundial”, enumera.

Aproximadamente la mitad de la ayuda se destina a la compra de medicamentos y vacunas producidos en un pequeño grupo de países incluidos en la lista de los 15 países donantes, de la OMS.

“La narrativa dice que la OMS coordina y gobierna, pero en la práctica la OMS da recomendaciones técnicas y observa la toma de decisiones”, menciona Velásquez.

El papel de la “Fundación de la OMS”, que nunca fue aprobada por los órganos de gobierno de la OMS, es ambiguo y los mecanismos para evitar el conflicto de intereses no están suficientemente claros”.

En virtud del panorama que ha dejado la pandemia -aunque se estructuraba desde antes-, el análisis de South Centre interroga si “¿Será el G8 y en su extensión el G20 que tomarán las decisiones e impondrán su visión de cómo se gestionará la salud mundial?”.

“La pregunta que podríamos hacernos, es ¿cómo vamos a preservar el interés público, en defensa de los bienes públicos comunes y la protección de los derechos humanos en las actividades de prevención preparación y respuesta a las pandemias presentes y futuras?”, vislumbra Velásquez.

El discurso internacional reciente, la Asamblea Mundial de la Salud del 2022, los informes del G7, G20, hablan de reforzar el papel de la OMS, como una lección de COVID-19, recuerda el autor.

“En ese sentido se puede entender la decisión de la Asamblea Mundial de la Salud de aumentar el presupuesto regular público de la OMS progresivamente hasta llegar en el 2028-2029 al 50% de contribuciones públicas.

El aumento total de las contribuciones del presupuesto regular público de la organización representará un aumento de 1.2 mil millones de dólares, lo que se podría comparar con cierto desconcierto con los miles de millones que están yendo o que aspiran a manejar las entidades y mecanismos mencionados en este documento”, advierte Velásquez.

“Hemos visto cómo la solidaridad internacional fracasó en asegurar el acceso a las vacunas, diagnósticos y tratamientos” y “la crisis de la COVID-19 ha hecho reflexionar a la comunidad internacional sobre la necesidad de un tratado internacional de carácter vinculante para las pandemias”, completa desde una mirada más esperanzadora, el documento de investigación de South Centre.

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