El ejemplo de la articulación público-privada durante la pandemia y a través de la política de medicamentos de PAMI, es un modelo positivo que los actores del sistema rescataron durante el reciente Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Salud Pública (AASAP).

Los debates sobre el acceso equitativo a los medicamentos pueden ser interminables e inconclusos y esta oportunidad no fue la excepción, aunque afloraron algunos ejes temáticos prioritarios, como si el actual modelo de PAMI proseguirá con el próximo gobierno y como la industria farmacéutica incrementa sus exportaciones y el ingreso de divisas en un contexto de restricciones.

Temas analizados durante el panel “Desafíos pendientes en las políticas de medicamentos para incrementar el acceso”, con la participación de la Jefa de Gabinete, Sonia Tarragona, Alejandra Fernández Scarano de PAMI y el ceo de los laboratorios nacionales, Eduardo Franciosi.

Alejandra Fernández Scarano, directora del centro de estudios CEPA y secretaria General de Administración de PAMI, afirmó que “son siempre debates bienvenidos que venimos dando”, y se presentó que “me toca la difícil tarea de administrar el PAMI, que es la obra social más grande de Latinoamérica y tenemos 5 millones de personas afiliadas y obviamente por la característica de nuestras personas afiliadas, que en general hay de todas las edades, pero mayoritariamente son personas mayores a 60 y 65 años”.

“En esas edades obviamente hay un uso más intensivo de medicamentos por lo cual en el PAMI, quizás la diferencia con otras obras sociales es que el peso de los medicamentos y el peso en el presupuesto que tienen los precios de los medicamentos es mucho más importante que en otras obras sociales”, agregó la funcionaria.

“La verdad es que nosotros asumimos la gestión del PAMI a fines del 2019 y tenía muy claro que había un problema en la sociedad argentina que era básicamente el acceso a los medicamentos en gran parte por las políticas económicas que se habían aplicado en el gobierno entre el 2016 y el 2019, esto había provocado alzas en los precios generalizados”, explicó.

“Cuando uno hablaba con las personas que iban a administrar su obra social nos contaban situaciones como que podían comprar menos medicamentos de los que necesitaban o les tomaban en menor cantidad de la dosis necesaria para justamente... porque no tenían este acceso”, ejemplificó.

“Entonces, el primer desafío que nosotros tuvimos en la obra social fue justamente volver a la gratuidad de los medicamentos”, reflexionó.

Pero, primero, “cuando llegamos el instituto estaba totalmente desfinanciado, tenía una deuda de 19.000 millones de pesos, una deuda que fue pagada en el primer año de gestión y una deuda que estaba básicamente en medicamentos, o sea, medicamentos oncológicos, medicamentos ambulatorios, más de la mitad en medicamentos oncológicos o de tratamientos especiales”.

“Bueno, el primer paso fue intentar sanear rápidamente y llegar a un acuerdo para poder regularizar la deuda para poder de esta forma llegar a un acuerdo con la industria farmacéutica para implementar el programa vivir mejor de acceso a los medicamentos gratuitos. Esto lo llegamos a hacer en marzo, una semana justo antes de la pandemia, recordó.

El PAMI tiene un convenio de medicamentos con la industria farmacéutica y la secretaria General de Administración explicó que “hay dos precios en la Argentina, está lo que se llama el precio de venta libre y el precio de venta PAMI, que es el precio que surge de un convenio que se firma entre el instituto y las tres cámaras”.

“Hasta el 2019 los precios de los medicamentos aumentaban por arriba de la inflación. En el 2020, nosotros obviamente un año muy especial por la pandemia, logramos que los medicamentos del precio PAMI, que son los que están en celeste, aumenten solamente un 12, 6% creo que era, mientras que la inflación fue un 36, 10% y los precios de los medicamentos libres ese año estuvieron un poquitito por arriba”.

En el 2021 también logramos que tanto “los precios de PAMI como los precios libres estén por debajo de la variación de precios a nivel general, básicamente medido por el IPC, y en el 2022 recorrimos el mismo camino, mientras la inflación llegó al 95%, los precios de los medicamentos de PAMI por convenio llegaron a un 75%”.

“Este esfuerzo que hicimos entre una sinergia entre el sector privado y el sector público, permite que accedan a medicamentos, hoy en la Argentina, 4, 2 millones de personas afiliadas al instituto de los 5 millones de personas que dijimos que tenemos afiliados”.

“Elegimos incorporar la política de medicamentos gratis, nos dimos una gran discusión sobre qué medicamentos, y bueno, acá están los 170 principios activos, eran más de 3.000 presentaciones, y fueron seleccionados en base a la Organización Mundial de Salud y las 200 patologías más frecuentes que tenían las personas adultas mayores y para tratamientos crónicos”, remarcó.

Fernández Scarano calculó que en PAMI en los últimos 3 años, mensualmente se prescriben alrededor de 10 millones de recetas, en el 2000, alcanzó 4, 2 millones de personas y “un tema que fue muy discutido con la industria farmacéutica cuando nosotros les contamos que queríamos llevar adelante esta política, era que había cierta desconfianza si íbamos a poder controlar la cantidad de dispensas de medicamentos y no iba a crecer indefinidamente”.

“Y nosotros, en esto también tengo que decirlo, que además de implementar la política de medicamentos gratis, nos dimos un esfuerzo por generar sistemas de control, que obviamente siempre hay que mejorarlos y profundizarlos, para justamente que solamente accedan a los medicamentos gratuitos quienes los necesitaban”.

“Además, otra cuestión importante es que el ahorro que tienen las personas afiliadas al instituto por el acceso gratuito a los medicamentos, implica más o menos un 20% de lo que es la jubilación mínima y esto es mayor poder de compra para otras cuestiones. Aproximadamente hoy está en 12.500 pesos, esto obviamente va cambiando todos los meses porque las presiones se van actualizando todos los meses. El 68% de los medicamentos mensuales dispensados son gratuitos. Y nueve de cada 10 personas que están afiliadas al instituto reciben al menos un medicamento gratis, pero 4 de cada 10 reciben todos sus medicamentos gratis.

“La verdad que tenemos un gran desafío para adelante en lo que es el tema de financiación de la seguridad social. El mundo está envejeciendo rápidamente, la tasa de natalidad está descendiendo y nos quedan años muy difíciles en lo que va a ser la financiación de la seguridad social”, alertó la funcionaria.

“Me parece que son los caminos donde pensar nuevas fuentes de financiamiento, fuentes de financiamiento progresivas donde se traiga recursos de los sectores más concentrados en la economía, en un mundo cada vez más desigual, y se vuelquen a aquellos sectores que más lo necesitan y que además tienen el desafío de atender a las personas adultas mayores que prontamente van a ser la mayor cantidad de personas en el mundo”, concluyó durante su participación en el Congreso Internacional de la AASAP.

ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, MODELO PARA LA INDUSTRIA

Eduardo Franciosi, director Ejecutivo de la Cámara de laboratorios nacionales CILFA, “lo primero que quería decir, abriéndonos al debate, obviamente el punto focal de cualquier política de medicamentos está atravesado por la cooperación público-privada”, expuso al iniciar su intervención.

“Y en esto la industria lleva recorrido un largo camino por el sector público, ya sea con los principales institutos de financiación pública o privada, y también con el Ministerio de Salud, porque articulamos todas nuestras políticas industriales justamente enfocadas a esa articulación pública o privada que es fundamental y ha sido demostrado en la pandemia, lo importante que ha sido articular con el sector público las respuestas desde la industria a la garantía de que la población tuviera medicamentos en un periodo de la vida que atravesamos tan difícil, donde quedó demostrado esa articulación y las ventajas de contar con una industria farmacéutica de capitales nacionales para un país”, agregó Franciosi.

“Fue central tener esa articulación porque nos permitió, cuando las fronteras se cerraron del país, cosa que ahora hemos olvidado, poder garantizar la disponibilidad de medicamentos tanto a todo el sistema como en algunos casos también respaldando políticas de salud de países vecinos que cuando se dio toda la desintegración de las cadenas de suministro, se vieron en dificultades para conseguir medicamentos y así pudimos desde la industria nacional apoyar los esfuerzos de distintos organismos del sector público de Paraguay, de Uruguay y hasta de Brasil, articulando políticas en el marco regional para poder garantizar el suministro de medicamentos”, recordó el representante de CILFA.

“Eso como punto central. Y otro punto que quiero desinstalar rápidamente que ya en parte lo ha hecho Alejandra, es la visión equivocada de que los precios de los medicamentos están por encima de la inflación. Eso no es cierto, y lo avalan las estadísticas oficiales, no nuestras, las del INDEC, las del propio PAMI que han sido presentadas aquí anteriormente”.

Franciosi mencionó los ejes prioritarios de la industria farmacéutica argentina y mencionó “en primer lugar, fortalecer la producción de biosimilares y biotecnológicos va a ayudar a acompañar las políticas de salud y de mejor acceso de medicamentos en el país.

“Como ustedes saben, contamos con una industria productora de medicamentos biotecnológicos incipiente pero en desarrollo, como lo pueden acreditar los casos de Biogenesis Bago,  Sinergium Biotec, Biosidus, Richmond, MaxScience. Es decir, tenemos una plataforma tecnológica destinada a producir determinadas moléculas de alto costo, que vemos como una oportunidad que esas, bajo ciertas políticas de cooperación público-privada, la industria pueda desarrollarse en ese sentido y digamos, disminuir el costo para el Estado de esos medicamentos”.

“Estas políticas industriales en los últimos tiempos, en los últimos 5 años, han significado un ahorro de costos en la Argentina de alrededor de 500 millones de dólares. Creemos que ahí hay una potenciación para trabajar en el desarrollo de esta industria”, vislumbró.

“Un segundo aspecto es desarrollar la industria de materias primas e insumos de medicamentos. Como les dije al principio, En el marco de la pandemia nos dimos cuenta de la importancia de contar con una industria de materias primas farmacéuticas. Nos encerraron las fronteras durante dos meses, tuvimos dificultades para obtener suministros esenciales para nuestra industria. Creemos que allí hay también otra manera de, otra forma de trabajo muy importante”, aseveró.

Nosotros tenemos una capacidad industrial instalada en el sector fármaco químico muy importante, más importante que la de Brasil. Y tenemos las herramientas como para definir juntamente con el Estado con el cual hemos estado trabajando una serie de moléculas que podrían ser producidas localmente en base a la demanda y identificación de esa demanda que el Ministerio de Salud establezca y poder desde la industria empezar a producir esos insumos esenciales”, elaboró como proyecto.

“Hemos visto la importancia que tiene no depender de las materias primas farmacéuticas producidas en China e India. Obviamente que esto es un desafío gigantesco, como ustedes comprenderán, tanto China e India son abastecedores a escala mundial de materias primas farmacéuticas, anualmente el comercio mundial de estas materias primas entre China e India representa un mercado cercano a los 36.000 millones de dólares, con lo cual competir desde nuestro lugar con una incipiente industria que mueve, digamos, un volumen económico de 350 millones de dólares, obviamente hay una diferencia de escala”, comentó Franciosi.

“Pero creo que tenemos la oportunidad de trabajar, porque bueno, en el marco de los conflictos geopolíticos que actualmente se están desarrollando entre Estados Unidos, China, la India, Rusia, Ucrania, etcétera, las políticas de soberanía sanitaria, digamos, a través de la producción industrial de esas materias primas farmacéuticas podría resultar esencial”, propuso como modelo.

Franciosi comparó que “el intercambio comercial de medicamentos en la Argentina es favorable a la balanza comercial del sector industrial farmacéutico argentino. Nosotros tenemos un superávit de 668 millones de dólares. Entonces, potenciar a través de acuerdos inteligentes, digamos, con otros mercados además de tener una capacidad industrial para abastecer el mercado local, a través de los años se ha desarrollado hacia el exterior”.

“Y en ese marco, la incidencia que tiene ese desarrollo, esos 1.100 millones de exportaciones anuales, se reparten, digamos, entre América Latina, sudeste asiático y norte de África. No es fácil exportar medicamentos, como ustedes saben, requiere de una articulación con el sector público y básicamente con la Cancillería y los gobiernos de los países receptores en términos de regulación sanitaria y de acreditación de todas las autorizaciones para poder importar esos productos”.

“Con lo cual, desarrollar el mercado externo es un desafío muy grande, pero que garantizaría obtener una balanza más equilibrada y evitar que el país erogue dólares que hoy no tiene”, vislumbró.

“Hoy el principal desafío es el que mencionaba Alejandra al final de su presentación. La escasez de dólares. La escasez de dólares cuando hablamos de acceso a medicamentos, si no hay dólares y si no hay autorizaciones para importar, las dificultades las tenemos a la puerta de casa. “Es decir, hoy el verdadero desafío de la industria es sobrellevar este momento económico tan difícil para todos los argentinos, de altísima inflación, escasez de dólares, escasez de divisas para poder importar los insumos necesarios para producir”, subrayó.

“Hoy tenemos constantemente muchas dificultades para obtener los permisos de importación y para garantizar el ciclo productivo. Estamos al límite de nuestras capacidades de abastecimiento y suministro y este es el desafío de continuar operando bajo estas condiciones que creemos que con el correr de los meses podremos ir sobrellevando este problema, pero bueno, básicamente lo venimos solucionando a través de lo que dije al principio, la articulación público-privada que nos garantiza, gracias a la visión que tiene de acompañamiento del PAMI y del Ministerio de Salud, que nos permiten flexibilizar a veces ciertas restricciones que se nos imponen desde la Secretaría de Comercio y que dificultan la operatividad del sistema”, reflexionó.

“Es decir, para mejorar el acceso a los medicamentos desde una política industrial, tenemos todos los ejes que les he mencionado. Ampliar la capacidad productiva de medicamentos biosimilares, lo cual significa inversiones multimillonarias. Pero bueno, generalmente se hacen con capital privado o con financiamiento de organismos multilaterales o a través de fideicomisos privados, como les mencionaba”.

En segundo lugar, “la capacidad de aumentar la plataforma de producción de materias primas farmacéuticas es una garantía futura también de mejorar el acceso a medicamentos”.

La mejora de la balanza comercial y la generación de divisas es otra garantía de generar inversiones, empleo y producción para que haya más disponibilidad de medicamentos. Y, el aumento de las capacidades de la plataforma tecnológica de vacunas también es una garantía para generar en el país vacunas y evitar la exportación de divisas hacia otros destinos. Es decir, el cuadro general de todo este conjunto de medidas articulado con una política de cooperación público-privada, desde nuestra perspectiva, va a garantizar un mejor acceso a los medicamentos”.

“Quería cerrar con esto de los precios de los medicamentos por debajo de la inflación y recordar que en los últimos 16 meses el atraso en los precios de los medicamentos versus el índice de inflación ronda los 18 puntos”, abordó Franciosi.

“Es decir, no es cierto que los medicamentos están por arriba de la inflación. Y en el primer cuatrimestre de este año, mientras el índice de IPC fue de 31%, en los medicamentos valió un 25, 5%, es decir, casi 6 puntos por debajo de la inflación. Digo esto porque obviamente los sectores que más han aumentado por arriba de la inflación, claramente son alimentos, educación y servicios de transporte, no son los medicamentos”, completó.

LOS JUECES RECETAN MEDICAMENTOS QUE NO EXISTEN

Sonia Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, admitió que “todas las miradas que podemos darle a las cuestiones de acceso siempre nos quedan cortas, siempre hay cosas que no podemos abordar o que no podemos mencionar”.

“Durante las dificultades y la crisis que fue la pandemia de COVID-19, aprendimos muchas cosas Y sería muy poco inteligente de nuestra parte, tanto desde el sector público como desde el sector privado, no nutrirnos de esos aprendizajes para reconstruir y reconfigurar nuestros sistemas, tanto de producción como de acceso a medicamentos”, propuso la funcionaria.

Durante la pandemia, “como bien decía Eduardo, Argentina no tuvo que lamentar la falta de medicamentos e insumos, como sí le pasó a otros países, y eso se pudo hacer por el estrecho vínculo de nuestro país con el sector privado que se pusieron al hombro igual que nosotros lo que había que hacer”, elogió Tarragona.

“A otros países no les pasó lo mismo, muchos países se quedaron sin insumos, sin medicamentos, sin vacunas, a nosotros no y eso es algo, muy, muy importante, pero concentrándonos en el acceso propiamente a medicamentos hay me parece que algunas miradas que a veces mezclamos”, alertó.

“Hay algunos temas de acceso vinculados a la demanda, hay algunos temas de acceso vinculados a la oferta y hay otros temas de acceso vinculados a la gestión”, explicó.

“Si uno trabaja solo en el aspecto de demanda, de atender la demanda, la necesidad de atender a quienes lo necesitan, de alcanzar cada vez a más población que queda afuera, y eso no está acompañado por una política de desarrollo industrial que permita que los medicamentos estén en el país, estén disponibles y sean accesibles, nunca ocurrió”, afirmó.

“Entonces me parece que nosotros hemos logrado a partir de este aprendizaje, trabajar juntos con el sector privado, con el sector productivo, con el sector industrial, para avanzar en una mejor política de medicamentos. Pero tenemos algunos dilemas que resolver, que son los que ustedes ven ahí, la evidencia versus la urgencia. Todos queremos todo ya, pero queremos que sea bueno, barato, seguro y eficaz y posible”.

Tarragona advirtió que “en esos dilemas hay decisiones que tomar. La necesidad versus la posibilidad. Todos nosotros, muchas veces, hablamos de lo que necesitamos, pero no siempre es posible dar respuesta a todo lo que necesitamos y entramos en una discusión que siempre me gusta dar de quien define la necesidad”.

“¿Cómo sabemos qué es lo que necesitamos? ¿Quién tiene la capacidad de definir la necesidad? ¿La gente? ¿La que pide lo que necesita?, se preguntó Tarragona.

“A veces la necesidad no está acompañada de una necesidad sanitaria técnicamente definida, A veces se demandan cosas que no se necesitan. A veces ofrecemos cosas que no atienden necesidades. Entonces, la discusión de qué es la necesidad también es un tema que nos debemos. Resultados y costos. Si los beneficios por las cosas que pagamos valen lo que pagamos. A veces pagamos cosas muy caras y los beneficios que conseguimos no son apropiados para ese costo, y eso también es una discusión que nos tenemos que dar”, propuso Tarragona.

Desde una mirada crítica “a veces depositamos resolver esas cosas en agentes externos que no tenemos y que mágicamente lo van a resolver como la agencia de evaluación de tecnología. Pareciera que hoy sólo vamos a resolver nuestros problemas con una agencia de evaluación de tecnología sanitaria que es importante, que es necesaria, que la tenemos que hacer, pero que no va a resolver gran parte de los temas que tenemos que resolver”.

“Aunque no nos guste, aunque no lo queramos ver, los recursos son escasos, las necesidades son infinitas. Entonces tenemos que poder tener un criterio para priorizar. Y por supuesto en todo este lío lo primero que tenemos que poner es a la gente. Toda nuestra mirada tiene que estar destinada a atender las necesidades de nuestra población para que cada vez más personas tengan acceso a medicamentos seguros y eficaces.

Tarragona lamentó que la judicialización “se instalado tan fuertemente en Argentina y en el mundo”, y que el acceso al medicamento “viene por vía judicial”.

“O sea, cuando no hay o me dicen no a lo que necesito, el recurso de amparo es lo que me resuelve el problema. ¿Para quiénes? ¿Para quienes tienen posibilidad de contratar a un abogado y hacer un recurso de amparo?, que no es la mayoría de nuestra población”, lamentó.

“Hay profesionales de la salud que prescriben sin evidencia, sin respaldo, sin tener especialidad. Y los jueces adoptan y asumen que cualquier prescripción hecha en cualquier condición por cualquier profesional de la salud es inapelable. Eso es un problema.

“Y también tenemos personas que encontraron en internet que hay un medicamento que está, vaya a saber en qué lugar del mundo, que le parece que puede funcionar y emplea todos los mecanismos que nosotros le ofrecemos desde nuestras normas para conseguirlo”.

Por ejemplo, “hoy tenemos un caso, que ya lo deben haber escuchado, un caso de un amparo donde un juez obliga a entregar un medicamento a un chiquito, a un paciente pediátrico, que es un medicamento que no existe para comercialización, no tiene registro en ningún país del mundo, se está recién experimentando en adultos y tenemos una medida cautelar”.

“Un medicamento que no existe y mucho menos para un niño. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente necesitamos? Bueno, lo que les decía recién, igualdad no es lo mismo que equidad, no necesitamos todos lo mismo, cada ciudadano y cada ciudad en este país necesita lo que necesita, que es distinto a lo que necesitan otros. Y los sistemas tenemos que tener y desarrollar las capacidades para poder dar respuesta a cada uno de los grupos”, subrayó.

La Agencia de Evaluación de Tecnología “nos da herramientas que permiten tener una mirada más objetiva a la hora de tomar decisiones, pero claramente no son la decisión”, porque “la decisión es siempre política, de política sanitaria, de política sectorial, pero siempre hay una decisión ilustrada, con datos, mejor o peor, pero siempre la decisión es de política”, afirmó.

Pero, al mismo tiempo “tenemos muchos casos de estos que se mediatizan y que dificultan mucho más las definiciones que hay que tomar, porque nos han hecho creer que el Estado se enfrenta a las personas porque el Estado es muy malo y no le quiere pagar a la gente lo que la gente necesita, y cómo el Estado es tan insensible que no le paga a una persona un medicamento que vale millones de dólares, y no nos ponemos a pensar de por qué tenemos que pagar dos millones de dólares por un medicamento”.

“¿Por qué no nos sentamos personas y estados y le preguntamos a quienes nos cobran esos precios? ¿Por qué nos cobran esos precios? Nadie discute el precio, estamos discutiendo quién lo paga. Y esa no es la discusión, no es como juntamos la plata para pagar lo que no se puede pagar, discutamos lo que tenemos que pagar”, propuso.

“Que un producto se apruebe por la agencia regulatoria de ninguna manera quiere decir que lo tenemos que financiar. ¿Por qué? Porque la agencia regulatoria hace una evaluación absoluta de los productos”, advirtió Tarragona.

“La agencia regulatoria en Argentina y en el mundo lo que dice es que el nuevo producto es seguro y eficaz. No dice que es mejor, no dice que lo tenemos que pagar, no dice que es mejor que la terapia que ya existe, solo dice que no nos hace daño y que sirve para lo que dice servir. Entonces no le hagamos decir a la ANMAT lo que ANMAT no dice”, pidió Tarragona.

“Cuando uno introduce nuevas tecnologías en los mercados, hay varias preguntas que se tiene que hacer. Primero,  si puede funcionar,  si es seguro y es eficaz”.

“Si la respuesta es positiva, nos preguntamos si funciona mejor que lo que ya tenemos porque si hay algo que está funcionando bien y aparece otra cosa que no funciona mejor no hay ninguna razón para reemplazar esa terapia, ese tratamiento con una cosa nueva. Lo tercero es si lo que nos cobran por eso nuevo vale el beneficio que proporciona y aún cuando las respuestas sean positivas, hay otras dos cosas que tenemos que tener en cuenta que es, primero el contexto, si están las condiciones dadas para que eso ocurra”.

“Entonces, solo que sirva, que sea costo efectivo, no es suficiente para que avancemos en la implementación. Y finalmente, si todo eso es positivo, si lo podemos pagar, porque no hay ninguna duda que a mí me encantaría tener un Mercedes Benz. No lo puedo pagar. Y no voy a discutir si es costo efectivo o no. Seguramente lo es. Pero no lo puedo pagar. Y los sistemas de salud, tenemos restricciones. Y elegir es renunciar a otra cosa”, comparó.

Entonces, ¿cómo hacemos para ir cerrando esas brechas entre lo que tenemos, lo que necesitamos, lo que queremos y lo que podemos? Y ahí hay una serie de acciones que venimos implementando y a veces pareciera una excusa, pero para quienes no, les tocó transitar desde adentro lo que fue la gestión de la pandemia, fueron dos años y medio muy difíciles que nos restaron energía y músculo para dedicarnos a algunas cosas que hubiéramos querido dedicarnos y nos quedó poco tiempo”.

“Pero sí muchas cosas se pudieron avanzar” como “trabajar, por un lado, con el sector privado, con los acuerdos públicos-privados para fortalecer, mejorar y profundizar los vínculos con el sistema productivo, avanzar en la producción pública estratégica, la producción pública estratégica es fundamental, la producción pública debe venir a atender las necesidades que no atiende el sector privado y no competir con el sector privado”, mencionó Tarragona.

“El sector privado siempre tiene ventajas por sobre el sector público a la hora de incorporar tecnología, de tener recursos, de invertir rápido. Yo siempre digo, cuánto nos cuesta a los que trabajamos en el Estado comprar una computadora, cambiar la computadora, años. ¿Cuánto le cuesta a la industria comprar una máquina de última generación? Poquito tiempo”.

Entonces, “si nosotros ponemos la energía en competir con la industria privada, no nos va a ir tan bien. Pero tenemos muchas cosas que atender. Enfermedades poco frecuentes, enfermedades que tienen pocos pacientes, enfermedades desatendidas”.

Tarragona propuso como modelo “el fortalecimiento de espacios de diálogo, la incorporación permanente de la sociedad civil en las mesas de discusión, en el Ministerio tenemos muchas mesas de discusión y de abordaje de política de medicamentos donde la sociedad civil es parte”.

“Es más difícil, pero no porque la sociedad civil sea más difícil, sino que alcanzar consensos y acuerdos es más difícil cuando son más los actores que están sentados, pero son procesos mucho más fortalecidos y más legítimos cuando todos tenemos la oportunidad de decir lo que queremos. Y avanzar en las cosas que ya sabemos, seguir fortaleciendo los programas que tenemos y que son conocidos”, propuso.

“¿Cuál es nuestro verdadero desafío? En función de lo que necesitamos, lo que queremos y lo que podemos. Es eso, es ir cerrando las brechas y llegar más cerca de lo que necesitamos a lo que podemos. En nuestro país no nos sobra nada para atender la salud del pueblo, esta meta la tenemos que conquistar entre todos para no perder por separado”, finalizó Tarragona.