El plan se constituye con el objetivo central de ser herramienta clave en el cumplimiento del carácter comunitario que promueve la Ley Nacional de Salud Mental. Durante el último encuentro de COFESA, las ministras y los ministros de Salud de todo el país acordaron avanzar de manera federal en su implementación.

Mediante Resolución 1997/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aprobó el Plan Nacional de Salud Mental 2023-2027, que fue elaborado de forma participativa, intersectorial, interdisciplinaria y desde una perspectiva federal, en cumplimiento del artículo 31 de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657.

El referido artículo indica que “El ministerio de Salud de la Nación es la Autoridad de Aplicación de la presente ley, a partir del área específica que designe o cree a tal efecto, la que debe establecer las bases para un Plan Nacional de Salud Mental acorde a los principios establecidos.”

Este plan se constituye con el objetivo central de ser herramienta clave en el cumplimiento del carácter comunitario que promueve la Ley Nacional de Salud Mental. Se basa en valores, preceptos y objetivos históricos del campo de la salud mental, que en nuestro país poseen fuerza de ley a instancias de la Ley Nacional 26.657 y su Decreto Reglamentario 603/2013.

La Dirección Nacional de Abordaje Integral de la Salud Mental y Consumos Problemáticos (DNAISMYCP) será el área ejecutora y responsable de su instrumentación y conducción.

Fruto de un trabajo de elaboración colectivo llevado adelante en 11 rondas consultivas realizadas desde noviembre de 2020 a marzo de 2021, este Plan Nacional se organiza en torno a 9 ejes de trabajo que se operacionalizan en objetivos específicos, con sus correspondientes indicadores y metas.

Los ejes son: Rectoría en Salud Mental; Salud Mental en el Primer Nivel de Atención; Ampliación e Integración intersectorial de la Red de Salud Mental; Salud Mental en el Hospital General; Profundización de la adecuación de los dispositivos monovalentes de internación en Salud Mental hasta la sustitución definitiva; Promoción y Prevención en Salud Mental y Consumos Problemáticos; Transformación de las prácticas; Vigilancia Epidemiológica e Investigación en Salud Mental; y Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias y Desastres.

El Plan Nacional de Salud Mental 2023-2027 fue presentado a las máximas autoridades sanitarias del país durante el último encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA), quienes acordaron avanzar de manera federal en su implementación.

Basando sus principios en el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental, el plan será llevado adelante, en articulación con las jurisdicciones, por la DNAISMYCP dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos de la Secretaría de Calidad en Salud.

Cabe destacar que las transformaciones que plantea la Ley Nacional de Salud Mental son profundas, impostergables, involucran a todos los sectores, actores e instituciones y deben sustentarse en prácticas inclusivas de base comunitaria. Uno de los objetivos centrales del plan es la creación y fortalecimiento de los cimientos para la transformación estructural del sistema de atención de la salud mental hacia el paradigma comunitario, oficiando de guía rectora para todos los actores y sectores involucrados en dicho proceso.

De igual manera lo es, en este sentido, desarrollar y difundir instrumentos técnicos para impulsar la externación sustentable y la inclusión social de las personas con padecimientos mentales.

El Plan Nacional de Salud Mental 2023-2027 se propone, entonces, reconocer las diversas situaciones y problemas del campo de la salud mental en clave crítica e histórica para el diseño de líneas de acción que posibiliten superar gradualmente las dificultades actuales y arribar a un sistema de abordaje integral, de carácter comunitario, accesible, equitativo y de calidad.

En este sentido, será clave también que el plan sea adoptado de forma federal, es decir que se implemente de manera conjunta en las 24 jurisdicciones, para lo cual se viene realizando ya un trabajo mancomunado de modo de garantizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el territorio argentino.