Desregulación de las Obras Sociales

En la Argentina en materia asistencial, desde hace varias décadas, el sistema de salud es una especie de trípode conformado por la salud pública, el sector privado (léase prepagas) y las obras sociales sindicales.

Complementan el sistema asistencial el PAMI, la mayor obra social de América Latina con más de cinco millones de afiliados, los hospitales de comunidad y las obras sociales de personal de dirección que pueden considerarse un poco y un poco como empresas comerciales o entidades agrupadas bajo el principio solidario.

Para bien o para mal, esta red histórica puede cambiar esta semana de un día para el otro con la Desregulación de las Obras Sociales que instrumentará el gobierno de Javier Milei mediante la reglamentación del ya célebre DNU 70-23 que pretende desregular la economía.

La nueva normativa facilitará a los afiliados la libre elección entre obras sociales y prepagas para la canalización de sus aportes, una medida que afectará a más de 13 millones de usuarios entre los que se cuentan quienes trabajan en el sector público, monotributistas y sindicalizados en el sector privado entre otros.

Será la Superintendencia de Servicios de Salud, la encargada de comandar el operativo que además prevé aportes de las empresas al fondo de redistribución de las obras sociales y que también auditará la circulación de las grandes masas de dinero que circularán entre las organizaciones a partir de esta medida, respondiendo así al objetivo de presidente de transparentar fondos y cajas que se han transformado, dicen, en agujeros negros de dinero.

En el sector público hay cajas aliadas a fideicomisos, algunas con objetivos muy nobles que incluyen salud, educación y viviendas pero que no siempre son transparentes porque no tienen ningún control, ni devuelven el dinero que no fue utilizado y que representan una parte importante del PBI.

La libre competencia ante los trabajadores, de empresas de medicina prepaga y obras sociales sindicales podría sumarse a la merma en los aportes que le haga el estado a los gremios, que si salen mal parados de toda esta competencia irán a la guerra con el gobierno, como ya lo han demostrado con el pasado paro general y movilización del 24 de enero y la huelga ferroviaria a realizarse este miércoles.

Si bien puede ser loable el objetivo de hacer más transparente el manejo de los fondos públicos, poner en el mismo plano a las empresas de medicina prepaga con las obras sociales sindicales para la libre competencia, equivale a equipar entidades con fines diferentes: El afán de lucro por una parte, que se diferencia de las entidades gremiales que buscan negociar mejores prestaciones bajo el paraguas de un principio solidario.

Existe también el riesgo de desfinanciar a las obras sociales mediante el “descreme” es decir que los afiliados más pudientes terminen canalizando sus aportes en las prepagas con el consiguiente empobrecimiento y seguramente, derrumbe del sistema solidario.

Todo esto sin que aún se conozca cual va a ser el impacto en los hospitales y en la salud pública en general, del pasaje de antiguos afiliados a las empresas del sector privado, cuyas cuotas- por la liberalización de precios- resultan impagables para una gran cantidad de gente:  (Ver nota “PREPAGAS EN LA MIRA”)  

Ciertamente para obtener una apreciación justa de lo que está por ocurrir o ya está ocurriendo en el sector de la salud, habrá que ver como se desenvuelven las variables políticas en los próximos días: el futuro legislativo del DNU, el envío de leyes al Congreso, la evolución de la relación Gobierno-CGT, reacciones en la Justicia y los anuncios que la semana próxima haga el Presidente de la Nación al inaugurar el periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.