Novartis afronta en Japón una demanda criminal por sus publicidades engañosas y Sanofi deberá indemnizar en Barcelona a las mujeres que les ocultó los efectos secundarios de su medicamento Agreal.

   La multinacional Novartis afronta un panorama complicado en Japón donde el Ministerio de Sanidad presentó una demanda criminal contra la multinacional porque engañó a los consumidores sobre las propiedades de su producto antihipertensivo Diovan (valsartan) que se comercializa también en Argentina.

   La decisión se produce después de que el pasado septiembre un comité de expertos del Ministerio de Sanidad japonés dictaminó que la subsidiaria de la farmacéutica suiza utilizó informes que contenían datos manipulados para promocionar su  vasodilatador.

   Según los expertos del Ministerio, Novartis habría incurrido en un delito de publicidad fraudulenta al usar los datos manipulados.

   El informe utilizado por la farmacéutica para promocionar en Japón Diovan (un medicamento que se comercializa en 100 países) fue elaborado por dos universidades japonesas y aseguraba que era efectivo para prevenir el infarto cerebral.

   Un ex empleado de Novartis participó en el análisis clínico encargado a las universidades japonesas, tras recibir la aprobación de su supervisor y, además, la compañía suiza apoyó este estudio con cerca de 570 millones de yenes (4 millones de euros), informó la agencia Kyodo de Tokio.

   Los estudios de las Universidad de la Prefectura de Kioto y la Escuela de Medicina de Jikei de Tokio fueron citados más de 700 veces en anuncios publicados en revistas médicas y panfletos desde el 2006.

   Las leyes japonesas sobre la promoción de medicamentos son muy estrictas y la pena por anunciar un producto de forma fraudulenta en Japón puede llegar hasta los dos años de prisión y a multas de hasta 2 millones de yenes (14.000 euros) para el responsable.

   Novartis comercializa este vasodilatador en Japón desde el 2000, lo que ha reportado a la compañía un beneficio de 100.000 millones de yenes (700 millones de euros) en 2005 y alcanzó los 140.000 millones de yenes en 2009 (986 millones de euros), según Kyodo.

   A su vez la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Sanofi-Aventis a pagar una indemnización de 120.209 euros a 14 mujeres afectadas  por los efectos secundarios del medicamento Agreal, utilizado contra los síntomas de la menopausia y retirado del mercado en España en 2005.

   Las mujeres beneficiadas por el fallo recibirán indemnizaciones de entre 1.200 y 30.000 euros.

   Algunas de las demandantes consideran que los importes son bajos y se plantean recurrir ante el Tribunal Supremo, según ha informado su abogado, Joaquim Juncosa.

   El juicio – uno de los tantos que se abrieron contra Sanofi- se inició por la demanda de 35 mujeres, que denunciaron que el fármaco les había provocado problemas psiquiátricos, como depresión y ansiedad, y neurológicos, entre ellos temblores o rigidez.

   El tribunal de primera instancia determinó que el medicamento presentaba un defecto de seguridad al no advertir en el prospecto sobre los posibles efectos adversos y condenó a la empresa en 18 de los casos.

   Agreal está fuera del mercado y Sanofi anticipó que recurrirá esta sentencia.

   A su vez, The Guardian de Londres publicó recientemente documentos confidenciales que revelan que las multinacionales farmacéuticas han iniciado una costosa campaña con asesoría internacional en Sudáfrica, para demorar los cambios propuestos en la Ley de Propiedad Intelectual para beneficiar la introducción de genéricos.

   La campaña cuenta con el asesoramiento de la empresa Public Affairs Engagement de Washington y sobre el terreno es desarrollada por “Innovadores de la Industria Farmacéutica Asociados de Sudáfrica (IPASA)”, cuyos voceros consideraron “legítimo que las empresas farmacéuticas defiendan sus puntos de vista de esta manera”.