El jueves 20 de febrero, casi a medianoche, los representantes de los laboratorios nacionales fueron convocados de urgencia por el ministerio de Economía Axel Kicillof, para recibir un mensaje conminatorio: debían retroaer los precios de los medicamentos sí o sí, con la advertencia de que la propia presidenta, Cristina Fernández, exigía una resolución inmediata.

De esa manera, agotado el margen de negociación, la industria debió aceptar el acuerdo propuesto por el ministro Kicillof y el secretario de Comercio, Augusto Costa, que implica retroaer los precios al 31 de diciembre, con un incremento de 4 por ciento, en sintonía con la inflación oficial de 3,7 por ciento de enero.

También se le impuso a la industria que los incrementos no deberán superar el 25 por ciento a contarse desde la última actualización aprobada por el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, a fines de noviembre.

El acuerdo en consecuencia tiene poco de “un acuerdo” conseguido a partir del consenso, desde la visión de los industriales.

Por el contrario, el ministro Kicillof lo anunció como un paso en firme hacia una construcción positiva que acerca a los industriales con el gobierno y traza una línea de construcción de consensos hacia el futuro.

Kicillof habló de “una mesa de diálogo” con las cámaras y prometió que la industria no perderá rentabilidad. También mencionó el acuerdo PAMI como una de las “patas” de esa mesa.    

En realidad, la nueva escala de precios fue una imposición, “la última oferta” que escucharon del ministro, en el marco de una ríspida negociación, que comenzó a comienzos de enero, cuando los precios de los medicamentos fueron actualizados, antes de que el secretario Costa recibiera a la industria.

Actualización de precios que lanzaron los laboratorios extranjeros, aún antes que el gobierno “blanqueara” la devaluación, con la excusa de la escalada del dólar. 

El acuerdo instala un nuevo escenario menos conflictivo. Sin embargo, no hay precisiones sobre como proseguirá la política de precios para el sector.

En ese sentido, las cámaras empresarias admiten que tenían más precisiones en tiempos de Moreno, cuando había un acuerdo segmentado acordado a comienzos de año. Que se respetaba.

“A diferencia de la política de precios que adoptaron con las petroleras, prometiendo aumentos escalonados, nosotros no sabemos como viene el futuro, no recibimos ninguna señal”, explicó un vocero de la industria nacional.

“En definitiva nos obligaron a aceptar un acuerdo que se parece a un cheque en blanco”, se lamentó.

Kicillof precisó que “el pacto” alcanza a la industria farmacéutica, que se abre una mesa de diálogo para estudiar “la cadena de todo el sector y garantizar la sustentabilidad del segmento comercial”.

El ministro indicó que el acuerdo de precios incluye a las 12 mil farmacias distribuidas en todo el país y explicó que se inicia el 1 de marzo porque es el tiempo mínimo necesario para distribuir las nuevas listas. 

Pero, la agencia DYN advirtió al término de la conferencia del ministro que “la falta de precisiones frente a la imposibilidad de realizar preguntas dejó interrogantes sobre cómo se hará la adecuación de precios de 4 por ciento ‘promedio por laboratorio’, ya que en este caso una empresa podría elegir elevar los productos más demandados por la población o aquellos de mayor costo que le significa un mayor volumen de facturación”.

Tampoco se precisó cuál será el tratamiento que tendrán los laboratorios con las obras sociales, advirtió DYN.

Coincidentemente, esta semana aparecieron carteles con la leyenda “Maditos laboratorios-bajen los precios”, firmados por la Juventud Sindical Peronista, que responde al diputado nacional y sindicalista Facundo Moyano.

Una forma de arrojar más nafta al fuego, donde incinerar la imagen de la industria farmacéutica. Duro de remontar.