La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ha publicado la Resolución 3934/24, que impone nuevas restricciones a las prepagas y obras sociales en cuanto a la prescripción de medicamentos y tratamientos. A partir de ahora, en los planes de salud cerrados, solo los médicos incluidos en la cartilla del prestador podrán realizar estas prescripciones. Esta medida busca controlar el uso de medicamentos costosos, a menudo recetados por profesionales ajenos a la institución de salud, lo que ha generado quejas por la carga financiera que representa.

La nueva norma aclara que en planes abiertos, los beneficiarios pueden elegir prestadores, mientras que en planes cerrados, deben ajustarse a la cartilla del prestador. Esto podría afectar el acceso de pacientes a ciertos tratamientos si no son prescritos por los médicos incluidos en la cartilla, aunque se reconoce que aún podrían surgir conflictos judiciales por otros motivos.

Además, la SSS enfatiza la importancia de que la prescripción sea realizada por médicos que consideren la historia clínica del paciente y que no tengan conflictos de interés con los proveedores de tecnología médica. La resolución también resalta que la falta de control en las prescripciones puede llevar a un desfinanciamiento del sistema, ya que las coberturas no adecuadamente previstas comprometen la viabilidad financiera de las entidades de salud.

En resumen y según los considerandos de la resolución del Poder Ejecutivo a través de la SSS se busca un equilibrio entre el acceso a tratamientos y la sostenibilidad financiera del sistema de salud, a través de una regulación más estricta sobre quién puede prescribir medicamentos y tratamientos en los planes de salud cerrados.

La Resolución 3934/24 de la Superintendencia de Servicios de Salud representa un intento por regular el acceso a tratamientos, buscando equilibrar la sostenibilidad financiera de las prepagas y obras sociales con el derecho de los pacientes a recibir atención adecuada. Sin embargo, esta normativa también plantea interrogantes sobre el acceso a medicamentos y tratamientos, lo que podría generar tensiones entre los beneficiarios y el sistema de salud en su conjunto. La implementación de estas medidas será efectiva para garantizar que se logre el objetivo de un sistema más ordenado y equitativo. Aunque esta última afirmación también podría convertirse en una buena pregunta.